El discurso de Javier Milei en Davos marca una ruptura decisiva con una mentalidad política dominante: la creencia de que mantener y ampliar el poder político justifica el compromiso moral y que la autoridad política debe juzgarse principalmente por su eficacia y no por su legitimidad. Esta lógica de «la fuerza hace el derecho» fue formulada de manera quizás más coherente como filosofía política por el pensador de la Edad Moderna Niccolò Maquiavelo en su influyente obra Il Principe. Es este llamamiento maquiavélico al poder sin importar el costo moral lo que Milei rechaza fundamentalmente.
En el núcleo del argumento del presidente argentino se encuentra una afirmación sencilla pero radical: la eficiencia y la justicia no son adversarias, sino dimensiones complementarias que solo pueden coexistir dentro del capitalismo. Esto va en contra de la tendencia moderna de tratar los mercados como un mal necesario estrictamente confinado, meras máquinas que necesitan una optimización tecnocrática, mientras que la intervención del gobierno se presenta como un bien necesario para lograr la «justicia». Esta visión dualista del mundo pasa por alto la naturaleza dinámica del orden económico. Los mercados funcionan, no porque estén deliberadamente diseñados por una autoridad central, sino porque los individuos son libres de actuar, experimentar, fracasar, aprender y adaptarse. Sin embargo, este proceso requiere algo que no está de moda en la política contemporánea: normas morales y jurídicas estables basadas en los derechos individuales.
Los derechos de propiedad ilustran claramente este punto. En los debates políticos dominantes, la propiedad se trata a menudo como algo negociable, susceptible de ser gravada, regulada o redistribuida siempre que se invocan «objetivos superiores». Milei invierte esta premisa. Los derechos de propiedad no son una concesión del Estado, sino un derecho prepolítico del individuo. La propiedad privada es la condición previa necesaria para toda actividad económica: comercio, ahorro, inversión y planificación a largo plazo. Si los actores no pueden confiar en que conservarán los frutos de su trabajo, dejan de producir, innovar y asumir riesgos. La formación de capital se ralentiza, el emprendimiento se evapora y la prosperidad declina. Lejos de impartir justicia, la erosión continua de los derechos de propiedad genera estancamiento y pobreza.
No se trata de moralizar, sino de una realidad empírica. Cuando los gobiernos penalizan el éxito y socializan el fracaso, los incentivos se debilitan de manera predecible: los emprendedores se vuelven cautelosos, el capital se desplaza a otros lugares y la innovación se estanca. Estos resultados se pueden observar repetidamente en todo el mundo occidental, y particularmente en América Latina. La propia Argentina ofrece un claro ejemplo. Durante años, los sucesivos gobiernos recurrieron a controles de capital, impuestos a las exportaciones, intervenciones en los precios y financiación monetaria de los déficits fiscales. El resultado no fue la justicia social, sino una inflación crónica, la fuga de capitales y el colapso de la inversión. En 2023, la inflación anual superaba el 200 % mensual, los ahorros se habían erosionado y la actividad productiva se había desplazado cada vez más hacia la economía informal. Estos resultados no fueron consecuencia de un fallo del mercado, sino de una interferencia política sistemática en los precios, los beneficios y la propiedad. Cuando se confiscan los rendimientos y se politizan las pérdidas, los actores racionales se retiran. El estancamiento económico en tales condiciones no es sorprendente; es la consecuencia previsible de unos incentivos distorsionados.
La crítica de Milei también se dirige a la ingeniería económica a corto plazo: controles de precios para combatir la inflación, subsidios para «aliviar» la escasez y regulaciones para frenar el llamado poder de mercado. Estas medidas pueden calmar temporalmente la ansiedad del público, pero socavan el sistema de precios que coordina la actividad económica a largo plazo. Los precios máximos no hacen que los bienes sean más abundantes, sino que generan escasez, acaparamiento y mercados negros. En el caso de la Venezuela de Maduro, los amplios controles de los precios de los alimentos se han relacionado desde hace tiempo con la desinversión y la escasez crónica de productos básicos. Los controles introducidos en la década de 2000 tenían por objeto hacer asequibles los productos básicos, pero redujeron la producción, vaciaron las estanterías y fomentaron el contrabando. Paralelamente, la inflación y la escasez persistentes siguen erosionando las condiciones de vida básicas.
Basándose en la obra de Jesús Huerta de Soto, Milei ofrece una perspectiva contraria a través del concepto de eficiencia dinámica. Desde este punto de vista, el progreso no se planifica de forma centralizada, sino que surge de la experimentación descentralizada y el descubrimiento empresarial. La desregulación no significa caos, sino eliminar barreras artificiales para que la cooperación voluntaria pueda funcionar. Al eliminar estas restricciones, se permite que resurjan la oferta, la innovación y la coordinación. Aunque la noción neoclásica de mercados perfectamente competitivos no se mantenga en términos estáticos, los mercados funcionan con una eficiencia notable de forma dinámica mediante el ajuste continuo y el reordenamiento espontáneo de la oferta y la demanda.
Por lo tanto, la conexión entre los mercados y las normas morales no es incidental. Los mercados dependen de la confianza, los contratos exigibles, el respeto a la propiedad y el principio de no agresión. Cuando se respetan estos principios, la riqueza se crea a través del intercambio voluntario entre muchos. Cuando se violan, los mercados se ven coaccionados y distorsionados, sirviendo a los intereses de unos pocos. La autoridad justificada por ese «éxito» se convierte en autoridad sin restricciones.
Por lo tanto, la política debe operar dentro de los límites morales para poder funcionar. Un régimen que ignora la propiedad, el intercambio y la cooperación voluntaria no puede mantener la prosperidad, independientemente de sus intenciones. Las peticiones de reforma que evitan estos fundamentos equivalen a retoques administrativos en lugar de una renovación genuina.
La lógica de Maquiavelo ha fracasado empíricamente. Los sistemas basados en la manipulación, la discreción y el control centralizado se derrumban bajo sus propias contradicciones. La libertad, por el contrario, no es utópica; es la condición institucional que hace posible la cooperación pacífica. Los órdenes basados en normas que se fundamentan en derechos predecibles, el intercambio voluntario y la toma de decisiones descentralizada crean las condiciones para que las sociedades sean económicamente productivas y moralmente justas. La libertad no promete la perfección en un mundo imperfecto, pero sigue siendo el único marco que nos permite construir un futuro más perfecto.
