Incluso aquellos que siguen vagamente los mercados de criptomonedas (como estoy seguro de que hacen muchos lectores de Mises Wire) es probable que hayan visto las recientes noticias en este frente de la India. El gobierno indio está proponiendo una legislación para «prohibir» las criptodivisas. Dada la actual segmentación del gobierno indio, se espera que esta ley sea aprobada. En este artículo, consideraré algunas de las principales preocupaciones que pueden llevar a los reguladores a considerar, y lamentablemente a aplicar, en algunos casos, prohibiciones sobre las criptodivisas y las actividades adyacentes.
Engañame una vez...
Antes de entrar en la evaluación de esta ordenanza, vale la pena considerar esta ley y el contexto que la rodea con más detalle. Las autoridades indias han estado reflexionando sobre las restricciones a las criptomonedas desde hace algún tiempo. Como algunos lectores recordarán, el Banco de la Reserva de la India (RBI), la autoridad monetaria de la India, impuso un nivel sustancial de restricciones a las criptodivisas en abril de 2018. Estas restricciones prohibían a todas las entidades reguladas por el RBI relacionarse con negocios que tratasen con criptodivisas o liquidar pagos en criptodivisas.
En esencia, esto obligó a los intercambios de criptomonedas nacionales a realizar cambios considerables en su modelo de negocio, a abandonar el país por completo o a cerrar sus negocios. Comprensiblemente molestos, los intercambios de criptodivisas indios presentaron una serie de peticiones ante el Tribunal Supremo de la India, que, en beneficio de estos negocios, levantó esta prohibición de abril de 2018. Sin embargo, el tribunal supremo dejó abierta la posibilidad de que el Parlamento indio imponga una legislación formal que regule, o incluso prohíba, las criptodivisas. Eso es precisamente lo que el gobierno está buscando hacer, con la propuesta de ley que sugiere la penalización de cualquier persona que mine, comercie o incluso tenga criptodivisas.
Una mirada más cercana
Dada la historia de corrupción generalizada en todos los niveles del gobierno indio que ha persistido desde su apogeo socialista, no es de extrañar que muchos responsables políticos hayan citado los casos supuestamente comunes del uso de criptomonedas para el blanqueo de dinero y la facilitación de transacciones ilícitas. A primera vista, esto parece una propuesta razonable; después de todo, (muchas) criptodivisas ofrecen cierto grado de anonimato a la vez que permiten realizar transacciones fiables sin un tercero de confianza. De hecho, una estimación sugiere que más de 75.000 millones de dólares de transacciones ilegales tienen que ver con el bitcoin.
La realidad, sin embargo, requiere un escrutinio más cercano. Un informe reciente de Chainalysis descubrió que sólo el 2,1% de todo el volumen de transacciones de criptodivisas estaba vinculado a la actividad delictiva en 2019. En realidad, una mayoría sustancial de las transacciones ilícitas y el blanqueo de dinero utilizan dinero en efectivo físico, y no está claro si los costes de aplicación asociados a una prohibición de la criptodivisa harán más para frenar estas actividades que otras medidas. Además, es poco probable que una prohibición de este tipo tenga un impacto significativo en las actividades ilegales y la evasión de impuestos; es dudoso, en el mejor de los casos, que los delincuentes estén utilizando las principales bolsas indias que dan servicio a la mayoría de los inversores en criptodivisas (respetuosos con la ley).
La exigencia de una prueba de identidad por parte de los intercambios para cumplir (de forma preventiva) con las normativas KYC (conozca a su cliente) y AML (contra el blanqueo de dinero) probablemente disuade a los posibles delincuentes de utilizar estos intercambios, ya que este sistema facilita la vinculación de las direcciones de criptodivisas con los individuos, eliminando el supuesto anonimato de las criptodivisas que las hace tan atractivas para quienes están fuera de la ley. Más que identificar los canales financieros que los delincuentes utilizan para violar la ley, una prohibición de las criptomonedas serviría principalmente para eliminar el acceso a los mercados financieros por parte de los inversores minoristas y pisar la floreciente economía dedicada a las criptodivisas en el país.
Muchos críticos de las criptomonedas también expresan su preocupación por la protección de los inversores en criptomonedas. La extrema volatilidad y la escasa liquidez de algunos mercados de criptodivisas son, sin duda, razones para que todos los posibles inversores actúen con cautela. Sin embargo, no está claro que estas razones sean suficientes para introducir una intervención gubernamental, especialmente de carácter restrictivo. Todavía no he encontrado pruebas de que las (principales) criptomonedas sean especialmente arriesgadas. De hecho, una aplicación coherente de los principios que subyacen a una prohibición de las criptodivisas derivada de la preocupación por la protección de los inversores implicaría mucho más que retirar las criptodivisas del mercado indio. Considere la increíble volatilidad de muchos mercados de opciones de acciones y futuros de materias primas. ¿Son estos motivos para una prohibición general de estos derivados? ¿Y qué pasa con las ilíquidas y volátiles acciones de «centavo»? Esto es especialmente cierto en el caso de las principales criptodivisas, como el bitcoin y el ethereum, que cotizan en las principales bolsas que están llenas de liquidez.
Tal vez lo más preocupante para los reguladores sea la idea de que las criptomonedas suponen algún tipo de amenaza para su monopolio en el mercado del dinero y, en consecuencia, constituyen un riesgo significativo para la estabilidad macroeconómica en general. Ante todo, hay pocas pruebas que sugieran que el bitcoin se esté utilizando ampliamente como medio de intercambio (o incluso como depósito de valor), y menos aún a la escala necesaria para causar trastornos macroeconómicos. De hecho, regulaciones retrógradas como la propuesta de prohibición en cuestión pueden fomentar la incertidumbre respecto a los riesgos políticos que podrían, hasta cierto punto, hacer que el capital huyera de los mercados. Si la India quiere avanzar por la vía rápida hacia el desarrollo, le convendría ofrecer a los inversores y a sus ciudadanos claridad y libertad, en lugar de declaraciones radicales con escasos precedentes internacionales.
Aunque el gobierno indio sigue comprometiéndose a explorar los beneficios potenciales de la tecnología blockchain, me perturba su falta de voluntad para admitir que pretende hacer lo que el sector privado está mucho mejor equipado para hacer y bloquear la exploración en un espacio clave para la innovación basada en blockchain, la criptomonedas. No hay ninguna razón para pensar que, incluso según los estándares del gobierno, el sector privado no pueda aportar soluciones que el sector público pueda aprovechar para sus propios fines. Sería una tontería sugerir que conozco el potencial exacto de las criptodivisas, pero sería aún más tonto si dijera que el gobierno indio lo conoce.
