Los agricultores de las principales provincias productoras de trigo y arroz de la India han acudido a la región de la capital para expresar su descontento con las recientes reformas agrícolas. Esto se produce cuando el gobierno de la India socava los privilegios de larga data de los agricultores en una importante transición hacia la agricultura de libre mercado.
Durante semanas los agricultores han acampado a lo largo de las principales carreteras cerca de Nueva Delhi para protestar por la desregulación de los mercados agrícolas. Los manifestantes han bloqueado el tráfico, se han enfrentado a la policía y han traído camiones llenos de alimentos y suministros, lo que indica que no planean ir a ninguna parte hasta que se deroguen las reformas.
La reforma que ha generado más indignación, la Ley de Comercio de Productos Agrícolas, otorga a los agricultores la libertad de vender directamente a comerciantes y minoristas privados, permitiéndoles evitar los intermediarios patrocinados por el gobierno. También elimina los impuestos sobre la venta de productos. El Ministerio de Agricultura y Bienestar de los Agricultores de la India dijo en un comunicado de prensa que la política «promoverá el comercio sin barreras entre los estados y dentro de los estados y el comercio fuera de los locales físicos de los mercados notificados en virtud de las leyes estatales de comercialización de productos agrícolas».
Se trata de un cambio de ritmo significativo con respecto a la legislación anterior, que ordenaba que los agricultores vendieran sus productos en los comités de mercado de productos agrícolas (APMC) operados por el Estado. En consecuencia, los APMC han mantenido monopsonies regionales que compran los productos de una parte de los agricultores de la India a precios mínimos de apoyo (MSP) establecidos por el gobierno o por encima de ellos. No es sorprendente que el acceso exclusivo al mercado haya llevado a los APMC a imponer toda una serie de costos burocráticos, entre los que figuran las tasas de mercado, los cargos a los usuarios, los gravámenes y las comisiones a los agentes.
Otra reforma desregula la oferta de ciertos productos alimenticios (excepto en caso de crisis) a fin de evitar el despilfarro y atraer la inversión privada en el almacenamiento y la distribución de alimentos. Se trata de una enmienda a la Ley de productos básicos esenciales, que desincentivó las inversiones en almacenamiento de alimentos al establecer límites a las existencias de muchos productos alimenticios considerados esenciales por el Gobierno.
La eliminación de estas importantes barreras de entrada fue aprobada por el Parlamento de la India con la esperanza de modernizar la economía y generar crecimiento en un sector agrícola en gran parte estancado. El Primer Ministro Narendra Modi ha defendido incondicionalmente las reformas, alegando que el aumento de la inversión privada incrementará los ingresos agrícolas. Afirmó que «ya se están eliminando todos los muros y obstáculos» al referirse a las nuevas oportunidades de mercado disponibles para los agricultores.
A pesar de las garantías de una mayor prosperidad, a los agricultores de las provincias de Punjab y Haryana les preocupa que la desregulación los deje a merced de las corporaciones en un mercado libre sin restricciones. Les preocupa especialmente que el aumento de la competencia restablezca los precios de mercado de sus productos, lo que dará lugar a la eliminación efectiva de los MSP, que el Gobierno de la India ha insistido en que mantengan.
Como era de esperar, los que se interponen en el camino de la liberalización son los que más ganan con la intervención del gobierno. Los cultivadores de arroz y trigo del Punjab y Haryana son los principales beneficiarios del sistema agrícola estatal de la India. Ashok Gulati, destacado economista agrícola indio, señaló que los agricultores del Punjab son los que más se benefician de los APMC porque el arroz y el trigo figuran entre los únicos cultivos que se adquieren en gran medida a precios subvencionados. También señaló que «cada uno de sus [de los] 1 millón de hogares agrícolas [del Punjab] recibe 1.600 dólares al año en fertilizantes subvencionados y electricidad gratuita para bombear las aguas subterráneas».
Estos arreglos han generado ineficiencia a expensas de los consumidores y de los agricultores menos privilegiados. La gran mayoría de los cereales que se venden en los APMC se adquieren en nombre de la Corporación Alimentaria de la India (FCI), operada por el gobierno, a precios superiores a los de los MSP, lo que ha dado lugar a reservas masivas de excedentes de cereales pagadas por los contribuyentes indios. Las APMC también ejercen un poder de monopolio al aumentar las comisiones sin mejorar los servicios, al tiempo que obligan a muchos agricultores a realizar sus negocios a través de capas de intermediarios costosos debido a la deficiente infraestructura del mercado. Los cultivos que no están sujetos al sistema de los APMC también tienen tasas de crecimiento significativamente más altas que el arroz y el trigo.
Las reformas socavan un sistema de costos dispersos y beneficios concentrados al abrir la puerta al libre mercado. Krishnamurthy Subramanian, el principal asesor económico de la India, subrayó que «la mayoría silenciosa es la que se beneficia de las reformas, mientras que la minoría ruidosa suele ser la que se beneficia de la continuación del statu quo». La creciente presión de la minoría ruidosa ha llevado al gobierno a entablar conversaciones con representantes de cuarenta sindicatos de agricultores, amenazando con revertir la tan necesaria liberalización. Las dos partes aún no han llegado a un acuerdo.
