Tal vez el asunto más apremiante hoy en día para los defensores de la libertad sea la perspectiva de que la izquierda complete la institución de un estado totalitario. No hay otra manera de leer el enfoque múltiple y las maniobras políticas que los operadores políticos están tomando para gobernar bajo «Biden». Pongo aquí «Biden» entre comillas porque el actual presidente de los Estados Unidos no es una persona singular llamada Joe Biden. Es un comité ejecutivo central formado por gobernantes y asesores del partido, además de aparatos corporativos-estatales. No nos equivoquemos, la toma de poder que está llevando a cabo la izquierda supone la amenaza más grave para la libertad en la historia reciente, independientemente de sus efectos en el Partido Republicano.
Las señales no pueden ser más claras. Además de la serie de órdenes ejecutivas, claramente compuestas por miembros del comité ejecutivo y destinadas a congraciarse y ampliar la base del Partido Demócrata o a extender el poder federal, los demócratas han iniciado un creciente cuerpo de leyes que, de ser aprobadas, asegurarían un gobierno unipartidista para el futuro previsible.
Entre ellas se encuentra especialmente la H.R. 1, o Ley para el Pueblo, aprobada por la Cámara. En caso de que se apruebe en el Senado (con la erradicación del filibusterismo), la H.R.-1 favorecería enormemente a los candidatos demócratas en las elecciones federales. A pesar de la expansión de la base demócrata a través de varios medios, incluyendo la anulación de las leyes de identificación de votantes existentes en muchos estados y el mandato de que todos los estados permitan el voto por correo sin identificación, centralizaría aún más la supervisión federal de las elecciones y, según el Instituto para la libertad de expresión, «ampliaría el universo del discurso político regulado en línea (por los americanos) más allá de la publicidad pagada para incluir, aparentemente, las comunicaciones en los sitios web de los grupos o individuos y los mensajes de correo electrónico».
Las maniobras legislativas incluyen la «Ley judicial de 2021», que simplemente ampliaría la Corte Suprema a doce miembros más el presidente del tribunal. Esta medida, que equivaldría a añadir cuatro jueces aprobados por los demócratas, supondría esencialmente una toma de posesión legislativa de la Corte Suprema, ya que el Tribunal Supremo controlado por los Demócratas «legislaría cada vez más desde el banquillo» y ampliaría igualmente el poder de los poderes legislativo y ejecutivo controlados por los demócratas más allá de los perímetros oficiales. Las probabilidades de que se apruebe, tal y como está, son escasas, pero la propuesta es indicativa de un intento de toma de poder que no se ha visto desde FDR.
Pero el signo más conspicuo de la inminente consolidación del gobierno totalitario es la fusión efectiva de los funcionarios corporativos y estatales, con corporaciones y otras organizaciones que actúan como apéndices del gobierno y hacen cumplir los deseos corporativos-estatales. Los indicios de esta fusión son tan numerosos y variados que cualquier recuento exhaustivo de los mismos requeriría el tratamiento de un libro.
Pero tomemos, por ejemplo, los llamamientos de la congresista Maxine Watters (D-CA) para que los «manifestantes» «se vuelvan más conflictivos» si el veredicto de Derrick Chauvin es inaceptable. Dados los disturbios generalizados desde la muerte de George Floyd, el lenguaje de Watters es un llamamiento a la insurrección nacional. Sin embargo, este lenguaje cuenta con la aprobación del complejo corporativo-gobierno-medios de comunicación, a pesar de la insistencia de la izquierda en que Trump había hecho precisamente eso antes de la violación del Capitolio. Los libertarios deberían tomar nota del doble rasero, no como un signo de la continua disminución del Partido Republicano, sino de un doble lenguaje característico de los regímenes totalitarios.
El ejemplo más conspicuo de una fusión corporativo-estatal es la extensión del poder gubernamental a las corporaciones y otras organizaciones con las medidas de respuesta a la crisis del covid, que ahora han superado los confinamientos y el enmascaramiento para incluir la emisión de pasaportes de vacunas que las corporaciones y otras organizaciones pueden aplicar o ya están aplicando. La mejor esperanza para resistir estas medidas totalitarias es la negativa por parte de los gobiernos estatales y locales a permitir tales implementaciones corporativas de los dictados gubernamentales.
El viejo argumento de que «se trata de empresas privadas» no se sostiene, porque es evidente que estas entidades corporativas han sido inscritas como aparatos estatales. La Operación Warp Speed fue puesta en marcha por el gobierno federal y ha reclutado a organizaciones privadas —en primer lugar a las grandes farmacéuticas— para ejecutarla. El Estado ha permitido que Big Pharma se beneficie enormemente al instituir un régimen de estado de emergencia que en Estados Unidos hace que las vacunas no aprobadas por la FDA sean legales. Por otro lado, las grandes farmacéuticas —junto con la Organización Mundial de la Salud, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas— legitima el régimen de estado de emergencia, lo que a su vez aumenta el poder del Estado.
La inscripción de las corporaciones en el plan de vacunación de la población y la exigencia de dichas vacunas para la participación social no debe considerarse en términos de las prerrogativas de las organizaciones privadas, sino como parte de las incursiones del Estado en la industria privada. Lo que estamos presenciando, y a lo que deberíamos resistirnos, es una fusión en un complejo corporativo-gubernamental, en el que el gobierno puede eludir el poder legislativo e imponer mandatos impopulares mediante la colusión con corporaciones y otras organizaciones para hacer «política».
Tal vez el elemento más atroz de este dominio corporativo-estatal sobre la población sea la participación de las grandes empresas digitales y de los principales medios de comunicación. Los grandes conglomerados digitales eliminan los medios de comunicación y las voces que desafían la narrativa oficial covid, incluyendo la información sobre los bloqueos, el enmascaramiento y las vacunas, aunque la narrativa oficial no sólo ha cambiado a voluntad, sino que también se ha demostrado que es errónea en los hechos, así como socialmente devastadora. Las grandes empresas digitales y los medios de comunicación sirven al Estado y a las grandes empresas farmacéuticas eliminando las opiniones contrarias sobre los cierres, las máscaras y las vacunas, e impulsando una propaganda que induce al miedo sobre el virus y sus variantes en constante proliferación.
Como he escrito en Archipiélago Google, el Gran Digital debe ser considerado como un agente de un estado autoritario de izquierdas, como una «gubernamentalidad» o aparato estatal que funciona en nombre y como parte del propio estado. «Gubernamentalidad» es un término que debería ser bien conocido en los próximos días y semanas. He adoptado el término de Michel Foucault y lo he modificado para referirme a las corporaciones y otros actores no estatales que asumen activamente funciones estatales. Estos actores lo harán en masa con pasaportes de vacunas, lo que aumentará enormemente el poder del Estado bajo una alianza entre el Estado y las corporaciones.
Del mismo modo, otras grandes empresas desempeñan funciones sancionadas por el Estado haciéndose eco de las ideologías, políticas y políticas aprobadas por el Estado y aplicándolas: adoctrinando a los empleados, emitiendo anuncios de woke, vigilando las opiniones de los trabajadores, despidiendo a los disidentes y, pronto, exigiendo pasaportes de vacunas a empleados y clientes.
La tendencia general, por tanto, es hacia la monopolización corporativa-estatal de todos los aspectos de la vida, con un control cada vez mayor por parte de los mandantes aprobados sobre la información y la opinión, la producción económica y la esfera política. A medida que la consolidación se acelera, el amplio estado global requerirá la eliminación de los actores económicos y políticos no conformes, descontentos y «poco fiables». En Estados Unidos, con la eliminación de la oposición política, la tendencia es hacia el gobierno unipartidista, y con él, la fusión del partido y el Estado en un órgano singular.
