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Cómo las calles propiedad del gobierno impiden la aplicación efectiva de la ley

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Etiquetas El Estado PolicialPropiedad Privada

09/12/2020

»Tu derecho a mover los brazos termina donde empieza la nariz de otra persona». Mientras que esta cita ampliamente atribuida suena ostensiblemente libertaria en términos de respeto a la autopropiedad, en realidad es bastante engañosa. Uno no tiene que soportar que un lunático mueva sus brazos cerca de su cara, siendo forzado a tolerarlo mientras no haya contacto físico. Más bien, los propietarios pueden establecer reglas sobre la conducta de aquellos que deciden entrar en su propiedad, incluyendo la prohibición de balancear los brazos cerca de la cara de otras personas. Los individuos pueden entonces decidir qué reglas están dispuestos a tolerar cuando entran en la propiedad de otra persona, y la competencia entre los propietarios les permite determinar qué conjunto de reglas prefieren los diversos consumidores.

Este no es el caso de la llamada propiedad pública —es decir, las zonas de tierra controladas por el Estado, como calles, carreteras, parques, edificios gubernamentales— aunque ese Estado estuviera perfectamente limitado por una constitución escrita. En The Structure of Liberty, Randy Barnett articula bien este problema:

Una sociedad que incluye extensas propiedades públicas se enfrenta a lo que podría llamarse un dilema de vulnerabilidad. Dado que los gobiernos disfrutan de privilegios que se niegan a sus ciudadanos y están sujetos a pocas de las limitaciones económicas de las instituciones privadas, sus ciudadanos son siempre vulnerables a la tiranía gubernamental. Por lo tanto, la libertad sólo puede preservarse negando a los organismos de policía del gobierno el derecho a regular la propiedad pública con la misma discreción que se concede a los propietarios de la propiedad privada. Sin embargo, las medidas para proteger a la sociedad del gobierno también sirven para hacer a los ciudadanos más vulnerables a las personas con inclinación criminal al proporcionarles una mayor oportunidad de un refugio seguro en las calles y aceras públicas y en los parques públicos. (p. 220)

Barnett señala además que no se puede prohibir el acceso a los espacios públicos controlados por el Estado; hay libre acceso para todos, incluso para los delincuentes condenados, siempre y cuando hayan cumplido sus sentencias. Cualquiera debe ser tolerado hasta el punto de violar el código penal. Algunos libertarios pueden pensar que esto está bien, ya que limita la autoridad de la policía para intervenir. Sin embargo, como explica Barnett, esto lleva a un compromiso: podemos estar más libres de la aplicación arbitraria de la policía, pero también somos más vulnerables a la victimización. Esas limitaciones constitucionales no sólo son restricciones para la policía, sino también para todos los demás: las normas que se aplicarían si la propiedad pública fuera de dominio privado no pueden ser aplicadas por agentes privados.

En este sentido, en la propiedad pública se socializan las reglas de conducta. En la propiedad pública deben tolerarse las desagradables actividades de los testigos que, de otro modo, podrían estar prohibidas en la propiedad privada (dependiendo del propósito previsto de esa propiedad), como la solicitud, la manipulación o la protesta. La policía está obligada por ley a hacer cumplir las normas contra esas actividades, ya que están protegidas por la Constitución o las leyes que las prohíben han sido anuladas por vaguedad por la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Las manifestaciones de este problema se ilustran visceralmente en las actuales protestas/disturbios, en su mayoría pacíficos. Aunque la Corte Suprema de los Estados Unidos ha opinado que los gobiernos locales pueden imponer constitucionalmente algunas restricciones, como la exigencia de un permiso si se cumplen ciertas condiciones, los manifestantes deben tener libertad para reunirse, sostener sus carteles y cantar. Sin embargo, no son libres de participar en los actos asociados a los disturbios, como el vandalismo, el saqueo y los incendios provocados, entre otros delitos.

Como tal, la protesta en la propiedad pública es análoga al supuesto derecho de alguien a mover los brazos siempre que no golpee a alguien en la cara — debe ser tolerada hasta el punto de que se convierta en un motín. Esto presenta un problema para la policía: se les prohíbe interferir con las masas de personas que aparentemente se reúnen pacíficamente, pero una vez que esas masas se reúnen son difíciles de contener después de que deciden que quieren golpear la nariz de otra persona con un motín.

Los propietarios de tiendas y pequeños negocios adyacentes a las calles de propiedad estatal donde se permite que se reúnan las turbas simplemente no tienen suerte en cuanto a la prevención de tales asambleas o a recibir una compensación del estado por no haber evitado tales consecuencias previsibles (aunque la falta de compensación puede cambiar si los juicios en Seattle, entre otras ciudades, tienen éxito). Si se permitiera a las turbas violentas reunirse en una propiedad privada con el resultado igualmente previsible de la destrucción de la propiedad de los vecinos, ¿no consideraríamos que el propietario que lo permitió es al menos parcialmente responsable? ¿No sería también razonable que los propietarios de propiedades vecinas solicitaran una orden judicial si este comportamiento continuaba noche tras noche? Un propietario de una propiedad privada no está obligado por la Primera Enmienda de la Constitución de los EEUU: pueden excluir a los manifestantes sin importar lo pacíficos que sean.

A la luz de estas consideraciones, el hecho de que los disturbios puedan continuar mes tras mes sería probablemente imposible de no ser por la institución de la «propiedad pública». Si las calles donde se reúnen las turbas fueran de propiedad privada, se impediría en primer lugar que se reunieran las asambleas que probablemente provocarían daños a la propiedad o incluso inconvenientes para la gente común. Los manifestantes que bloquean las calles, así como las colisiones entre vehículos y manifestantes que resultan de ellas, se convertirían en una cosa del pasado. Los dueños de las propiedades podrían cortar de raíz los disturbios impidiendo que las masas de personas que intentan amotinarse se reúnan en primer lugar. Habría poca necesidad de masas de policías antidisturbios, flanqueados por vehículos blindados de zonas de guerra, mirando fijamente a las multitudes de manifestantes, esperando que crucen la línea para que el spray de pimienta, las balas de goma y las porras puedan ser legalmente desatadas sobre ellos.

Este es otro ejemplo de por qué la privatización de las calles es de interés por razones de reforma de la policía solamente. (De hecho, los propios disturbios son en parte responsables de la militarización de la policía). El fracaso de la policía gubernamental para asegurar las calles no sólo nos deja más vulnerables a la victimización criminal, sino que el gobierno es peor que inútil cuando criminaliza la defensa privada de la propiedad. «Recuperar las calles» debería significar privatizarlas y permitir a los propietarios defender su propiedad. Esta sería la forma más segura de terminar con los disturbios.

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Contact Tate Fegley

Tate Fegley is a Postdoctoral Associate at the Center for Governance and Markets at the University of Pittsburgh. Research Fellow at the Independent Institute.

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