AB 257: otro antieconómico despilfarro de California
No satisfechos con dejar sin trabajo a miles de personas con su infame legislación AB 5, los legisladores de California van ahora a por los negocios de comida rápida.
No satisfechos con dejar sin trabajo a miles de personas con su infame legislación AB 5, los legisladores de California van ahora a por los negocios de comida rápida.
La reciente redada en la casa de Donald Trump en Florida es un acontecimiento más en el interminable intento de los Demócratas y de los «Never Trumpers» de que Trump sea arrestado, condenado y encarcelado. Nuestras clases políticas están desatando algo que no puede ser contenido.
Gregory Salmieri, defendiendo un Estado mínimo, afirma que una anarquía de libre mercado se caracterizaría por «la guerra y la realpolitik». Eso se parece más a lo que tenemos hoy en día bajo el dominio del Estado.
El gobierno del Reino Unido utiliza medios coercitivos para promover sus dudosos objetivos de «diversidad e inclusión». Al final, la libertad retrocede mientras el poder del Estado aumenta.
Mientras surgen estudios antiarmas a diestra y siniestra, merece la pena recordar que el derecho a la autodefensa no consiste simplemente en estar a salvo. Se trata de tener la opción de defenderse.
Vladimir Putin (al igual que el presidente George W. Bush) ha llevado a su país a una guerra destructiva, y sin embargo los dirigentes políticos rusos gozan de un amplio apoyo público.
El negocio de la violencia legal consiste en defender a las personas y a sus bienes de ataques violentos, de la molestia o de la apropiación de sus bienes sin su consentimiento.
Gran parte de lo que podríamos llamar capitalismo de monopolio (o capitalismo de amiguetes) puede vincularse a las leyes de propiedad intelectual.
Una visión libertaria de la ley significa, por definición, que no puede haber inmunidad frente a las consecuencias legales. Cualquier otra cosa pervierte el significado mismo de la ley.
Muchos de los edictos gubernamentales son pseudoleyes, normas que molestan sobre todo porque el gobierno se ha arrogado la autoridad única y monopólica de imponérnoslas.