La orden ejecutiva del presidente Biden para promover el transgenerismo en los campus universitarios eviscera las protecciones procesales de larga data para los estudiantes acusados. Esto no acabará bien.
Aunque la mayoría de los defensores del libre mercado están obsesionados con la deuda nacional, también deberían fijarse en la deuda municipal, sobre la que los contribuyentes no tienen nada que decir. Tal vez el impago sea la respuesta.
Las leyes federales con acrónimos suelen ser malas noticias. (Piensa en la Ley USA PATRIOT.) La Ley RESTRICT es otra propuesta orwelliana en la que el gobierno federal asume que la ignorancia es la fuerza.
Para evitar accidentes ferroviarios como el de East Palestine, hay que reducir la regulación gubernamental y permitir que funcione el sistema de responsabilidad civil.
El juez Oliver Wendell Holmes afirmó que los impuestos eran el precio que la gente pagaba por una sociedad civilizada. El problema es que los propios impuestos son antisociales.
Los adeptos del dogma izquierdista impulsan cada vez más la idea de que se debe permitir a los profesores distraer, confundir o influir en sus alumnos hablando de sus creencias personales, ideas y actividades y elecciones privadas en el aula.
La novísima ley agraria del Congreso se lleva por delante los bolsillos de consumidores y contribuyentes. Así ha sido durante un siglo, y no hay perspectivas de cambio, al menos por ahora.
Cuando el Boeing 737 MAX tuvo dos accidentes, los sospechosos habituales pidieron más regulación. Resulta que los accidentes se debieron más a un fallo de la regulación que a otra cosa.
Mientras los legisladores progresistas culpan de la actual crisis bancaria a cuestiones regulatorias, las políticas de dinero fácil de la Reserva Federal han sido el verdadero problema.
El presidente Biden impulsa un impuesto sobre el patrimonio como medida de «equidad». No sólo es inconstitucional, sino que además es malo para la economía.
