América padece una adicción mortal a la guerra. Desde 1950, los presidentes de ambos partidos políticos han enviado tropas americanas a conflictos por todo el mundo, han matado a innumerables personas, han sacrificado las vidas y la integridad física de los militares americanos, tanto hombres como mujeres, y han malgastado billones de dólares. Sin embargo, estas guerras han fracasado sistemáticamente a la hora de alcanzar los objetivos proclamados cuando comenzó la matanza.
Los enemigos son sustituidos por nuevos enemigos, los dictadores dan paso a nuevos dictadores y las victorias supuestamente decisivas se convierten en ocupaciones interminables. Los beneficiarios son el complejo militar-industrial, las agencias de inteligencia y los políticos que confunden el ejercicio del poder con el logro de la paz.
El pueblo americano merece una respuesta a una pregunta sencilla: ¿qué hemos ganado con esta guerra perpetua? La respuesta es NADA en materia de seguridad nacional, y mucho en vidas perdidas, deuda pública, libertad mermada y un gobierno constitucional destrozado.
El patrón es conocido. El gobierno dice a la ciudadanía que un adversario extranjero amenaza nuestra existencia, que la diplomacia ha fracasado y que la acción militar será limitada, necesaria y exitosa. Entonces caen las bombas, aumentan las víctimas y la misión cambia. Lo que comenzó como una operación con un alcance muy concreto se convierte en una guerra más amplia, un cambio de régimen, una contrainsurgencia o un compromiso indefinido para demostrar el dominio americano. A continuación, se intensifican las actividades de espionaje interno y el endeudamiento federal, todo ello acompañado del falso mensaje de difundir la democracia y la libertad.
A los americanos se les dijo que Vietnam era esencial para contener el comunismo, que Irak poseía armas de destrucción masiva, que Afganistán era una campaña necesaria contra el terrorismo y que Irán podía «arrasar» Los Ángeles. En cada caso, la distancia entre las garantías oficiales y la realidad final puso de manifiesto los peligros de confiar en las afirmaciones del gobierno sin exigir pruebas. Ahora sabemos que esas excusas eran absurdas.
Y el orden constitucional se ha eludido sistemáticamente.
La Constitución otorga al Congreso la facultad de declarar la guerra. Los padres fundadores privaron deliberadamente al presidente de la autoridad unilateral para sumir a la nación en una guerra, ya que eran conscientes del peligro que entrañaba concentrar en manos de una sola persona el poder de iniciar hostilidades.
Sin embargo, desde 1950, los presidentes americanos han enviado repetidamente a las fuerzas armadas americanas a conflictos importantes sin declaraciones formales de guerra. Corea, Vietnam, Kosovo, Irak, Afganistán, Libia, Ucrania, Irán y muchas otras operaciones militares se han llevado a cabo al amparo de diversas teorías presidenciales sobre la autoridad, resoluciones vagas del Congreso y alegaciones de poder ejecutivo inherente.
Algunas operaciones han recibido autorización del Congreso para emplear la fuerza militar. Pero una autorización vaga para emplear la fuerza militar no es un cheque en blanco para una guerra perpetua. Tampoco debería la autoridad del presidente para responder a un ataque convertirse en una licencia para iniciar hostilidades dondequiera que el presidente decida.
¿Cuándo termina la guerra? ¿Quién decide que se han alcanzado sus objetivos? ¿Qué acontecimiento obliga al presidente a traer de vuelta a las tropas?
Con demasiada frecuencia, no hay una respuesta satisfactoria.
El Congreso ha renunciado a gran parte de su responsabilidad constitucional, prefiriendo criticar una guerra cuando esta pierde popularidad en lugar de asumir la responsabilidad de prohibirla. Los presidentes disfrutan de la apariencia de ejercer un poder decisivo, al tiempo que reparten los costes de sus decisiones entre generaciones de contribuyentes.
Los servicios de inteligencia agravan el problema. La CIA ha llevado a cabo operaciones encubiertas, ha fomentado golpes de Estado, ha participado en intervenciones en el extranjero y ha asesinado y torturado de formas que escapan al escrutinio público. Sus capacidades clandestinas pueden convertirse en instrumentos de la política exterior presidencial que operan más allá de la rendición de cuentas habitual que se espera de una república constitucional.
El autor Tom Woods ha señalado: «Votes a quien votes, siempre te sale John McCain». La cuestión no tiene que ver con la personalidad del difunto senador. Se trata de la política exterior bipartidista y del compromiso duradero y triunfante del establishment del «Estado profundo» con la intervención, la primacía militar y el dominio americano del mundo, independientemente de quién sea el presidente.
El complejo militar-industrial se beneficia. Las agencias de inteligencia amplían su influencia. Los contratistas de defensa obtienen lucrativos contratos públicos. Los políticos se erigen en guardianes de la seguridad nacional. Mientras tanto, los americanos de a pie pagan la factura a través de los impuestos, la inflación, la deuda creciente y los costes de oportunidad que supone destinar dinero a la destrucción en lugar de a actividades productivas en el país; y nuestras libertades civiles se ven restringidas.
Una república que no sea capaz de distinguir entre la defensa nacional y la dominación mundial acabará sacrificando tanto sus recursos como sus principios.
El discurso pronunciado por el secretario de Estado Marco Rubio el 7 de octubre de 2026 en Grecia es un claro ejemplo de ello. Ofreció una vergonzosa muestra de ambición. Abogó por la búsqueda sin complejos del dominio americano y advirtió de que Occidente —un eufemismo para referirse a los EEUU— debe luchar para mantener su posición «a la cabeza del mundo». Se trataba de una visión profundamente errónea y totalmente ignorante, según la cual, de alguna manera, la libertad, la seguridad y la prosperidad americana dependen del dominio militar americano sobre todo el planeta.
Rusia y China tienen intereses legítimos en materia de seguridad, esferas de influencia regionales y fuerzas armadas casi tan poderosas como las de América. Reconocer este hecho no implica respaldar a sus gobiernos, aprobar sus acciones ni alinearse militarmente con sus adversarios. Implica reconocer que otras grandes potencias se opondrán a lo que perciban como una intromisión militar hostil cerca de sus fronteras.
Si esperamos que Rusia y China respeten los intereses legítimos americanos en materia de seguridad, debemos respetar los suyos. La reciprocidad no es apaciguamiento; es la base para una coexistencia pacífica y próspera.
A diferencia de lo que sostiene Rubio, el orden internacional emergente se entiende mejor como tripolar, y no como unipolar, con los Estados Unidos, China y Rusia ejerciendo distintos grados de influencia militar, económica y geopolítica. Su poder no es igual, y sus intereses a menudo entran en conflicto. Pero pretender que Washington pueda dictar indefinidamente las condiciones de los asuntos mundiales es una receta para la confrontación perpetua, no para la estabilidad.
¿Es América una república constitucional o un imperio militar en decadencia?
Una república defiende a su pueblo y sus territorios frente a amenazas reales. Un imperio busca moldear el comportamiento de otras naciones mediante la fuerza, la coacción, la colonización y la amenaza constante de intervención. Lo primero exige vigilancia; lo segundo, violencia sin fin.
El enemigo más peligroso para la seguridad american no es una potencia extranjera. Es la incapacidad de nuestro propio gobierno para reconocer que el poder de declarar la guerra no es una licencia ilimitada para gobernar el mundo.
Un pueblo cuyo país no es capaz de decir «no» a las guerras perpetuas acabará descubriendo que son las guerras las que han dicho «no» a sus libertades individuales.
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