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El intervencionismo provocó la crisis inmobiliaria en España y supone una advertencia para América

Los socialistas americanos prometen viviendas asequibles mediante controles de alquiler e intervención estatal. Los datos demuestran que estas políticas producen el efecto contrario.

Los socialistas presentan la crisis de la vivienda en España como prueba de que deben imponer controles de alquiler más estrictos, impuestos más elevados a los propietarios, restricciones más severas a los inversores y una mayor intervención en el mercado del alquiler. Los datos demuestran lo contrario. La excesiva intervención, regulación y fiscalidad en España han creado una combinación destructiva de demanda desbordante, construcción crónicamente insuficiente, hostilidad hacia la oferta privada de alquiler y una creciente incertidumbre jurídica para los propietarios.

La intervención socialista en materia de vivienda en España ha dado exactamente el resultado contrario al prometido. Los alquileres han subido más del 50 % desde que Pedro Sánchez llegó al gobierno y comenzó a imponer políticas intervencionistas; unas 300 000 viviendas han desaparecido del mercado del alquiler a largo plazo, y la promesa del gobierno de proporcionar 270 000 viviendas públicas se ha convertido en un espejismo. Esto supone una condena a una política que castiga a los propietarios, perjudica la inversión, aumenta la incertidumbre jurídica y luego se sorprende cuando la escasez se vuelve permanente.

El resultado no es una vivienda asequible. Es una menor oferta de viviendas en alquiler, precios más altos para las que quedan y una brecha cada vez mayor entre la demanda y la oferta de vivienda.
América debería tomarse en serio estas cuestiones. Si los Estados Unidos responde a su escasez de vivienda acelerando la demanda de inmigrantes al tiempo que desalienta la construcción, la inversión y los derechos de propiedad, corre el riesgo de reproducir el fracaso de España a una escala mucho mayor.

La crisis de la vivienda en España está totalmente determinada por la oferta. Entre 2021 y 2025, España sumó aproximadamente 1,2 millones de hogares, pero solo se construyeron 474 000 viviendas, incluidas las de protección oficial. Eso implica un déficit acumulado de al menos 734 000 viviendas en tan solo cuatro años.

Sin embargo, el problema se ha agravado. Según CaixaBank Research, España concedió licencias para 162.200 viviendas en 2025, con una creación neta de hogares de 226.000. El país siguió registrando un déficit de más de 64.000 viviendas en un año, y se prevé que las entregas se mantengan por debajo de las 100.000 unidades en 2026, según el mismo informe.

El Banco de España ha estimado que el déficit nacional acumulado ronda las 750 000 viviendas. Lo que resulta aún más preocupante es que el déficit podría superar el millón de viviendas en 2028 si se mantienen las políticas actuales. No se trata simplemente de un problema de media nacional.

Más de la mitad de la diferencia entre las viviendas construidas y los nuevos hogares se concentra en seis provincias: Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia y Málaga, siendo las ciudades más grandes las que presentan la mayor diferencia.

La demanda de vivienda no desaparece por el mero hecho de que los gobiernos publiquen un decreto o una ley con un título supuestamente social.

Las restricciones al uso del suelo, la lentitud en la concesión de licencias, los elevados costes de construcción y las limitaciones normativas han dificultado la construcción. El Banco de España ha identificado la escasez de suelo, los retrasos en los proyectos de desarrollo urbano y las limitaciones en la gestión urbanística como algunos de los factores que frenan la construcción. Por mucha retórica que se utilice contra los propietarios, eso no cambia esa realidad.

En lugar de centrarse en ampliar la oferta, la política de vivienda del gobierno socialista se ha centrado cada vez más en atacar a los propietarios y a los inversores. La Ley de Vivienda de 2023 estableció el marco para declarar zonas de alquiler «en situación de tensión» e imponer restricciones a los alquileres en las áreas designadas. Estas zonas pueden declararse cuando los costes de la vivienda superan el 30 % de la renta media de los hogares o cuando los precios de la vivienda han subido al menos tres puntos porcentuales más que la inflación en los últimos cinco años. La oferta de alquileres a largo plazo se redujo entre un 40 % y un 50 % debido a estas leyes, según Idealista.

La maniobra política es evidente. Cuando el alquiler resulta inasequible, el gobierno promete limitarlo. Pero el precio de una vivienda de alquiler no es una cifra arbitraria fruto de la codicia de los propietarios. Refleja la escasez de viviendas disponibles, los impuestos, los costes de financiación, el mantenimiento, la renovación, los seguros, la vacante prevista, los riesgos legales y el valor del capital invertido en la propiedad.

Un límite máximo solo restringe el precio anunciado de algunas viviendas existentes a corto plazo, pero no crea ni un solo piso adicional. Reduce el incentivo para poner viviendas en el mercado del alquiler a largo plazo, invertir en mantenimiento o financiar nuevas promociones de alquiler.

Esa es la paradoja del control de alquileres. No controla el alquiler. Hace que la vivienda sea más escasa y más cara para la mayoría. Un inquilino puede beneficiarse si ya vive en una vivienda regulada. Sin embargo, la disponibilidad de viviendas en el mercado regulado desaparece, y todos los demás posibles inquilinos —incluidos los jóvenes trabajadores, los estudiantes y las nuevas familias— se enfrentan a precios desorbitados y a una oferta más reducida de viviendas disponibles.

Los datos disponibles en España ya reflejan esta respuesta de la oferta. El mercado del alquiler a largo plazo se ha reducido drásticamente. Las estimaciones del Observatorio del Alquiler indican que la oferta de viviendas en alquiler a largo plazo se redujo de unas 813 850 viviendas en 2023 a 660 993 en el segundo trimestre de 2026. Esto supone un descenso del 18,8 %, es decir, aproximadamente 153 000 viviendas.

Otros estudios apuntan a un deterioro aún mayor, con la desaparición de más de 300 000 viviendas del mercado convencional de alquiler a largo plazo. Las leyes socialistas han destruido la oferta de alquiler justo cuando la demanda está aumentando.

Los propietarios que se enfrentan a controles de alquiler más estrictos, a unos requisitos normativos cada vez más exigentes, al riesgo de que se retrasen los desahucios y a la incertidumbre sobre la normativa futura tienen un incentivo racional para vender, dejar las viviendas desocupadas, alquilarlas de forma estacional o buscar formas de arrendamiento más flexibles. Cuanto más restringen los gobiernos el alquiler a largo plazo, más atractivas resultan, en comparación, las alternativas.

Según los datos, las ofertas de alquiler a largo plazo en España se redujeron en torno a un 20 % en tres años, mientras que las de alquiler vacacional se duplicaron con creces. Justo después de que se aprobara la Ley de Vivienda socialista, las ofertas descendieron un 15 % entre los primeros trimestres de 2023 y 2024. Esto es lo que ocurre cuando se penaliza la oferta de vivienda.

La izquierda intenta presentar la crisis de la vivienda como un conflicto entre inquilinos e inversores financieros. La realidad es totalmente diferente.

En España, alrededor del 92 % de las viviendas de alquiler primario a precio de mercado pertenecen a propietarios particulares, y no a grandes fondos institucionales ni a propietarios acaudalados con múltiples inmuebles. La mayoría son jubilados que complementan su pensión y hogares que han ahorrado durante años para comprar una vivienda de inversión.

Cuando los gobiernos imponen límites máximos, amplían la duración de los contratos obligatorios, trasladan los costes a los propietarios, retrasan la ejecución de los contratos o dificultan legal y políticamente los desahucios, no están actuando contra los «especuladores». Lo que hacen es aumentar el riesgo que supone alquilar una vivienda para la gente corriente.

Las consecuencias son especialmente negativas para aquellos a quienes los socialistas pretenden defender: las personas con menor poder de negociación. Un inquilino bien remunerado y con un historial laboral estable aún puede conseguir una de las pocas viviendas disponibles. Sin embargo, para un joven, un inmigrante, un trabajador autónomo, una familia monoparental, un estudiante o un hogar con bajos ingresos, resultará casi imposible alquilar una vivienda.

Los controles de alquiler no favorecen a los inquilinos. Van en su contra. Las personas que más necesitan movilidad y acceso a la vivienda se ven obligadas a competir por una oferta cada vez más escasa.

Las políticas socialistas también han socavado la seguridad jurídica. La oferta de vivienda requiere capital a largo plazo. Un promotor puede necesitar años para adquirir terrenos, obtener permisos, financiar un proyecto, construir viviendas y venderlas o alquilarlas. Un propietario privado que alquila un inmueble también está tomando una decisión económica a largo plazo basada en la expectativa de que los contratos sean exigibles y de que se pueda recuperar el inmueble si no se cumplen las obligaciones legales.

Cuando el Estado debilita la seguridad jurídica, aumenta el costo de la vivienda.

La orientación política socialista de España ha ido incorporando cada vez más una intervención ampliada en los contratos de alquiler, limitaciones al aumento de los alquileres, mayores obstáculos al desahucio y restricciones adicionales a las transacciones inmobiliarias y a los compradores institucionales. Estas medidas pueden resultar populares desde el punto de vista político, ya que parecen proteger a los inquilinos a corto plazo. Sin embargo, imponen un coste a los propietarios e inversores que agrava la situación.

Si un hogar necesita protección frente al desahucio o un alojamiento de emergencia, el Estado debería financiar esa protección con cargo al presupuesto público. Lo que no debería hacer es tratar a un propietario particular como si fuera un departamento de servicios sociales no remunerado.

El mismo principio se aplica a los ocupantes ilegales y a la «ocupación», es decir, la ocupación ilegal de una propiedad. Cualquier sociedad puede y debe establecer garantías proporcionadas para las personas vulnerables, pero no puede normalizar la idea de que un propietario privado pueda enfrentarse a una incertidumbre eterna, a costes y a retrasos en las vías judiciales cuando alguien ocupa una propiedad sin permiso. Cuanto más incierta y costosa se vuelva la recuperación de la propiedad, mayor será la prima de riesgo implícita en las decisiones sobre el alquiler. Algunos propietarios exigirán alquileres más altos. Otros, simplemente, se negarán a alquilar.

El problema de la vivienda en América difiere del de España en cuanto a su magnitud y estructura institucional, pero el mecanismo económico es el mismo. En muchas áreas metropolitanas de EEUU, la demanda ha superado a la oferta durante años porque la normativa urbanística restrictiva, la lentitud en la concesión de licencias, la infraestructura inadecuada, la escasez de terrenos edificables, los costes de construcción y la oposición local han impedido que se construyan suficientes viviendas.

La conclusión errónea que se extrae del aumento de los alquileres es que la propiedad privada, la inversión y los precios de mercado son el problema. En realidad, son señales de una escasez de oferta provocada por la intervención y la regulación.

Si los Estados Unidos sigue el modelo socialista español —aumentando la población mediante incentivos a la inmigración sin la construcción necesaria, imponiendo límites a los alquileres en lugar de construir nuevas viviendas, mostrando hostilidad hacia los inversores, aplicando impuestos más elevados a los propietarios y debilitando la seguridad jurídica—, no conseguirá que la vivienda sea más accesible. Lo que conseguirá es crear un mercado de alquiler más reducido y más caro.

La solución no consiste en defender unas viviendas inasequibles, sino en construir suficientes viviendas para que la asequibilidad no dependa del racionamiento. Eso implica agilizar los trámites de aprobación, contar con una normativa predecible, disponer de más suelo urbanizable allí donde la demanda es mayor, reducir las barreras a la construcción, mejorar las infraestructuras y ofrecer ayudas públicas específicas a los hogares verdaderamente vulnerables.

La experiencia de España demuestra que el socialismo siempre perjudica a quienes pretende defender. El socialismo no genera viviendas asequibles; las empeora. El resultado no es una mayor justicia en materia de vivienda, sino menos viviendas y más escasez.

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