La larga batalla en torno a Julian Assange ha llegado por fin a su fin. Fundador del grupo divisivo Wikileaks Julian ganó popularidad en 2010 cuando ayudó a la ex soldado de los EEUU Chelsea Manning a descubrir y difundir pruebas de que los Estados Unidos y Australia cometieron crímenes de guerra en Irak y Afganistán. Julian también sería acusado de agresión sexual por Suecia en 2010, una acusación que sería impugnada y posteriormente retirada. En 2012, tras esta acusación, Assange huyó de Suecia y pidió asilo en Ecuador. Las autoridades ecuatorianas entregaron a Assange al Reino Unido en 2019, donde permanecía encarcelado desde entonces. A lo largo de 2019 y 2020 Estados Unidos acusaría a Assange de múltiples cargos que iban desde conspiración para cometer intrusión informática, violación de la Ley de Espionaje y conspiración con hackers. Estos cargos sumarían finalmente 18 antes de ser reducidos en un acuerdo de culpabilidad. En junio de 2024 Assange acordó un acuerdo de culpabilidad que implicaría que se declara culpable de un cargo relacionado con la violación de la Espionaje con la sentencia de 62 meses, tiempo cumplido.
Aunque la acusación es significativa, lo que Assange ayudó a sacar a la luz es igual de importante. En 2010 Wikileaks sacó a la luz imágenes que mostraban a los Estados Unidos matando a 18 civiles iraquíes en 2007. En 2010 Wikileaks publicó una gran cantidad de documentos relacionados con la guerra de Irak y Afganistán. Estos documentos contenían información condenatoria que exponía cifras más precisas de víctimas civiles, incidentes de fuego amigo e incluso pruebas que sugerían que contratistas del Departamento de Defensa contrataban a prostitutas infantiles locales. Assange también tenía en su poder y facilitaría parte de la publicación de una serie de cables diplomáticos que mostraron que los diplomáticos americanos ayudaron a desencadenar aspectos de la primavera árabe. Wikileaks también ha publicado documentos relacionados con Siria, Arabia Saudí, Guantánamo y las elecciones presidenciales de 2016. La mayoría de estos documentos se consideraban clasificados y probablemente no habrían visto la luz si no fuera por las acciones de Wikileaks.
Por sus acciones, Assange ha sufrido una brutal persecución. Su denuncia de la CIA en varios documentos enfureció enormemente al entonces director de la CIA, Mike Pompeo. La CIA de Pompeo supuestamente había elaborado planes para secuestrar a Assange de la embajada ecuatoriana, con informes que incluían también un posible asesinato. Después de ser liberado por las autoridades en el Reino Unido, pasó por lo que es esencialmente tortura en una prisión de alta seguridad. En 2019, un experto independiente de la ONU informó de que Assange mostraba claros signos de haber sufrido extensas torturas tanto física como psicológica mientras estuvo allí. Después de muchas amenazas de extradición a los Estados Unidos y apelaciones fallidas, el equipo de Assange vio una victoria con los Estados Unidos permitiendo que Assange fuera liberado bajo condiciones de un acuerdo de culpabilidad.
Aunque su liberación es ciertamente merecida, el acuerdo puede sentar un peligroso precedente para el procesamiento de periodistas en virtud de la Ley de Espionaje. La Ley de Espionaje se creó en 1917 para impedir que los enemigos de América inhibieran el esfuerzo bélico tras la entrada de este país en la Primera Guerra Mundial. Lamentablemente, la Corte Suprema dictaminó en 1919 que no violaba la Primera Enmienda. La vaguedad de la ley y su ámbito de aplicación empezarían a cuestionarse seriamente en 1971 en el caso New York Times contra los Estado Unidos, cuando este país acusó a unos periodistas por publicar unos documentos clasificados que acabaron etiquetándose como los «Papeles del Pentágono». El caso sería desestimado por el mal manejo de las pruebas y las actividades irregulares de la fiscalía. A lo largo de los años 80 y 90 los cargos relacionados con la Ley de Espionaje se dieron casi exclusivamente a los sospechosos de ser espías u otros actores de gobiernos enemigos. Todas las acusaciones bajo las administraciones de Obama, Trump y Biden acusaban a individuos que compartían documentos clasificados a los que tenían acceso debido a su empleo anterior o actual en el gobierno de EE.UU. o en el Departamento de Defensa.
Los cargos contra Assange suponen un grave cambio, ya que Assange era un periodista que fue acusado con éxito en el siglo XXI. En lugar de compartir documentos clasificados como empleado del Departamento de Defensa o del Departamento de Estado, Assange fue acusado por intentar reunir y difundir documentos que ya habían sido obtenidos por Chelsea Manning y otros actores. Lo peor es el hecho de que Assange no es ciudadano de los Estados Unidos y no cometió sus acciones mientras estaba en suelo de los EEUU, afirmando así que todo el mundo puede estar sujeto a la ley americana. Las posibles ramificaciones pueden restringir de manera crucial la actividad periodística en el futuro. A Assange se le impuso esencialmente una condena de cinco años por llevar a cabo actividades periodísticas normativas. Aprovechó buenos contactos, difundió documentos divulgados y facilitó la exposición al público de información crítica, la mayor parte de la cual seguramente seguiría sin divulgarse a día de hoy. Esperemos y recemos para que la vaga e inconstitucional Ley de Espionaje sea, como mínimo, revisada en profundidad en un futuro próximo.
