En los últimos años, varios estudios económicos han llegado a la conclusión de que los aumentos pequeños o moderados del salario mínimo no provocan necesariamente un descenso perceptible del empleo. Los activistas sociales han aprovechado estas conclusiones para argumentar que no hay pérdidas de puestos de trabajo y que es posible aumentar los salarios obligatorios en casi cualquier cantidad sin efectos negativos. El resultado ha sido una carrera para aumentar el salario mínimo a 15 dólares en varios estados y ciudades y ahora a nivel nacional.

El juicio de destitución del ex presidente Donald Trump en el Senado confirma el adagio del historiador Henry Adams de hace un siglo de que la política «siempre ha sido la organización sistemática de los odios». El proceso de juicio político fue una farsa que debería fortificar el desprecio de los estadounidenses por Washington.

El presidente Biden afirmó durante su entrevista en la Super Bowl que «toda la economía demuestra» que si el gobierno impone un salario mínimo de $15 «toda la economía sube». Por su parte, el premio Nobel Paul Krugman lleva años afirmando que «simplemente no hay pruebas de que aumentar el salario mínimo cueste puestos de trabajo, al menos cuando el punto de partida es tan bajo como en la América moderna».

No hace falta decir que la Constitución llamó a la existencia de un gobierno con pocos y limitados poderes. Ese era el propósito de la enumeración de los poderes del gobierno federal. Si la Constitución estuviera creando un gobierno de poderes ilimitados u omnipotentes, no tendría sentido enumerar unos pocos poderes limitados. En ese caso, la Constitución habría creado un gobierno con poderes generales e ilimitados para hacer lo que fuera en interés de la nación.

La izquierda descubrió hace tiempo cómo hacer que la gente de a pie se interese por la política económica. La estrategia tiene dos vertientes. La primera parte es enmarcar el problema como un problema moral. La segunda parte es convertir la lucha por la política económica en una lucha por algo mucho más grande que la economía: es una lucha entre visiones de lo que significa ser una buena persona. La izquierda sabe cómo convertir la guerra por la economía en una guerra por la cultura.

El problema del «desarrollo» sigue siendo un tema que llama la atención de los académicos y también se está convirtiendo cada vez más en la preocupación de cualquier persona. Esto se observa especialmente cuando las políticas gubernamentales, como las realizadas en relación con la propagación del covid-19, presentan casos claros que afectan directamente a la vida y el bienestar de los ciudadanos.

Rush Limbaugh ha muerto a los setenta años.

Se esté o no de acuerdo con él, Limbaugh fue durante mucho tiempo inevitable para quienes tenían algún interés en los comentarios políticos, especialmente durante la década de los noventa. Limbaugh tuvo una carrera muy larga, pero su pico en términos de talento y relevancia fue probablemente durante los años de Clinton.

La purga de voces conservadoras y libertarias en las redes sociales fue, como dijo Ron Paul, «chocante y escalofriante, en particular para quienes valoramos la libre expresión y el libre intercambio de ideas». Personas del lado conservador del pasillo, pero también otros, han pedido soluciones como la regulación de las leyes antimonopolio de los medios sociales, incluso hasta la descarada nacionalización de las grandes empresas tecnológicas. Se hacen comparaciones con los llamados barones ladrones de finales del siglo XIX y principios del XX.

China no se ha librado de fuertes críticas sobre su modo de crecimiento desde que entró en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001. Encabezando el coro del descontento, el Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó que «el alto nivel de ahorro está en el centro de los desequilibrios externos e internos de China».