En 1920, Ludwig von Mises planteó en un ensayo una idea fundamental que transformaría el debate económico del siglo XX: una economía que carece de propiedad privada de los medios de producción no puede tener precios de mercado para los bienes de capital y, por lo tanto, carece de un criterio racional para decidir cómo asignarlos. Muchas décadas más tarde, el gobierno de Hugo Chávez inició un experimento en Venezuela —un país que posee una de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo— que adoptó el enfoque opuesto.
Este experimento fue posteriormente profundizado por su sucesor, Maduro, y se mantuvo a través de una dictadura autocrática y coercitiva. El colapso resultante no puede explicarse únicamente como producto de la «mala gestión» o la corrupción —ambos síntomas del sistema político venezolano—, sino más bien como una consecuencia previsible —ampliamente anticipada por la teoría económica— de un sistema que buscaba sustituir los precios por decisiones impuestas y la cooperación voluntaria por la obediencia.
El proyecto socialista también contaba con un punto de referencia externo. Tras el fallido golpe de Estado de febrero de 1992, Chávez fue detenido y posteriormente encarcelado. En 1994, salió de prisión y, poco después, el exconvicto recibió una invitación para viajar a Cuba, donde fue recibido en La Habana por el dictador cubano Fidel Castro, cuya relación con Chávez tuvo una influencia significativa en la orientación política de este último.
En el año 2000, el «Acuerdo de Cooperación Integral» entre ambos países permitió suministrar petróleo venezolano en condiciones preferenciales a una dictadura cubana establecida en una isla empobrecida que aún sufría las consecuencias del «Período Especial» tras la disolución de la Unión Soviética. De esta manera, la economía venezolana pasó a servir de sustento a un modelo que ya había fracasado en otras partes del mundo.
Este modelo reflejaba no solo una orientación política particular, sino también una concepción específica de cómo funciona la economía. Para la tradición libertaria-liberal, el precio no es meramente un instrumento administrativo, sino una expresión de conocimiento condensado. Hayek explicó que el sistema de precios permite coordinar información dispersa, tácita y local que ninguna autoridad central puede recopilar por sí sola. Desde esta perspectiva, cuando el régimen impuso precios a los alimentos y los medicamentos por decreto, no protegió a los consumidores, sino que distorsionó las señales que guiaban a los productores e importadores en sus decisiones sobre cuánto producir, cuánto importar y cuánto invertir. Mises ya había desarrollado magistralmente este problema en sus tratados económicos: cuando se establece un precio máximo por debajo del nivel necesario para equilibrar el mercado, el bien no se vuelve más barato de manera sostenible; por el contrario, su oferta tiende a disminuir y surgen escaseces, un fenómeno que se manifestó de manera tangible en la vida cotidiana de los ciudadanos venezolanos.
La respuesta de las autoridades ante la escasez que ellas mismas habían generado fue perseguir a los comerciantes. Con la entrada en vigor de la Ley de Costos y Precios Justos de 2011, Venezuela amplió los controles de precios que se habían aplicado a ciertos productos esenciales desde 2003 a una gama mucho más amplia de bienes y servicios. En este contexto, se puede argumentar que el aparato punitivo de la ley contribuyó a criminalizar a los comerciantes, propietarios de negocios y emprendedores que intentaban reponer sus inventarios, mientras que el discurso oficial tildaba de «acaparadores» y «guerreros económicos» precisamente a los agentes que podían ayudar a aliviar la escasez. El episodio reproduce la falacia que Bastiat ilustró mediante la distinción entre lo que se ve y lo que no se ve: el funcionario muestra lo que se distribuye en las filas, pero omite lo que dejó de producirse como consecuencia de su intervención. En Venezuela, lo que quedó oculto fue la oferta perdida de todo un país.
El gobierno de Hugo Chávez presentó la medida bajo el pretexto falaz de proteger a la población, frenar la inflación y combatir lo que consideraba abusos del mercado. Las regulaciones también exigían a las empresas multinacionales informar sus costos de producción, importación, distribución y comercialización para que el Estado pudiera fijar los precios. Chávez incluso la describió como un mecanismo de protección contra «el capitalismo», mientras que numerosos observadores de la época consideraban que la ley estaba llevando al país hacia una economía cada vez más centralizada y planificada.
Anteriormente, en 2003, el gobierno había establecido un sistema de control de divisas cuya administración se puso en manos de una comisión oficial y que más tarde llegó a funcionar con múltiples tipos de cambio. Desde una perspectiva austriaca y de libre mercado, este sistema constituía un mecanismo institucional propicio para la creación de privilegios: al determinar políticamente el precio de las divisas extranjeras, otorgaba a la burocracia la autoridad para asignar un recurso escaso al margen de las señales del mercado. El acceso a dólares a tipos de cambio preferenciales se convirtió en una fuente de rentas económicas cuya distribución, en cierta medida, puede interpretarse como vinculada a la lealtad política.
La sobrevaloración del bolívar fomentó el reemplazo progresivo de la moneda nacional por monedas extranjeras consideradas de mayor calidad y mayor estabilidad, mientras que la economía venezolana atravesó un proceso de dolarización de facto, caracterizado por su naturaleza informal y por las restricciones cambiarias. Los índices internacionales de libertad económica y libertad humana reflejan el deterioro institucional del país: Venezuela aparece recurrentemente en las posiciones más bajas de diversas clasificaciones, particularmente en áreas relacionadas con la protección de los derechos de propiedad, la inseguridad jurídica, la estabilidad monetaria y las restricciones comerciales.
El gobierno incurrió en gastos que superaron sus ingresos y financió el déficit resultante mediante la expansión monetaria. La teoría austriaca no solo describe este fenómeno, sino que también analiza sus consecuencias distributivas. El efecto Cantillon —formulado por Richard Cantillon en el siglo XVIII y desarrollado posteriormente por la tradición austriaca, en particular por Murray Rothbard— sostiene que la inyección de dinero nuevo beneficia inicialmente a quienes lo reciben antes de que los precios se hayan ajustado por completo, mientras que perjudica a quienes tienen acceso a él en etapas posteriores.
En el caso de Venezuela, los primeros en beneficiarse fueron el Estado y su círculo de allegados, mientras que quienes sufrieron las consecuencias en último lugar fueron los trabajadores, los maestros y los jubilados, cuyos ingresos perdieron poder adquisitivo antes de que pudieran gastarlos en el mercado.
Para comprender la magnitud de este fenómeno, es esencial analizar el período comprendido entre 2016 y 2021, cuando Venezuela vivió uno de los episodios más prolongados de hiperinflación de la historia moderna, según el umbral convencional de Cagan. Describirlo simplemente como una «crisis monetaria» es quedarse corto: fue, en esencia, un impuesto regresivo impuesto por el monopolista que controla la emisión monetaria, un impuesto que pulverizó los ahorros y destruyó uno de los principales mecanismos mediante los cuales los hogares preservan su poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Un gobierno que sacrifica el poder adquisitivo de su moneda para financiar su propio control del poder no administra la economía; la erosiona, la desmantela y, en última instancia, se aprovecha de ella.
La prosperidad de una sociedad se sustenta en su estructura de capital: una red heterogénea de bienes intermedios, conocimiento, intercambios y relaciones contractuales que hacen que el trabajo sea productivo, como argumentó Lachmann. La expropiación sistemática de empresas, tierras e instalaciones industriales, junto con la expansión del control estatal sobre cientos de empresas productivas, no transfirió riqueza a la población; por el contrario, destruyó el capital y socavó los cimientos de la producción. Una empresa no es simplemente un conjunto de activos físicos: encarna conocimiento tácito, capacidades organizativas y certeza jurídica, elementos que se deterioran de manera desastrosa cuando el Estado se arroga el poder de confiscar y controlar mediante decreto político.
La Escuela Austriaca nunca separó la economía de la política: al no poder adquirir los conocimientos necesarios para dirigir la economía, los planificadores centrales tienen incentivos estructurales para suprimir la información y la disidencia que desafían su visión ideológica. En Venezuela, la dictadura persiguió a los opositores y promovió leyes dirigidas contra el llamado pensamiento fascista y neoliberal, restringiendo las manifestaciones pacíficas y las actividades de las organizaciones y partidos políticos asociados con estas corrientes. Misiones internacionales independientes documentaron la subordinación judicial, la persecución política y graves violaciones a los derechos humanos.
En 2024, las autoridades electorales declararon un ganador sin publicar las hojas de recuento oficiales, a pesar de que la oposición presentó las suyas propias, lo que socavó las normas internacionales de integridad electoral. Un sistema incapaz de garantizar su legitimidad a través de ideas o resultados recurre a la coacción: la represión no es una desviación accidental, sino un mecanismo fundamental para su supervivencia.
Según estimaciones de diversas fuentes, aproximadamente 7,8 millones de venezolanos han abandonado su país en uno de los mayores éxodos de la historia reciente, una cifra que equivale más o menos a una cuarta parte de la población de Venezuela a mediados de la década de 2010. Un Estado no pierde por casualidad una cuarta parte de sus habitantes: el orden político e institucional que lo rige puede convertirse en una fuerza de expulsión. La magnitud de esta crisis migratoria también se refleja en los cientos de miles de venezolanos que arriesgaron sus vidas al atravesar peligrosas rutas migratorias, como el Tapón del Darién, donde los cruces de migrantes se intensificaron a partir de 2021 y alcanzaron su punto máximo en 2023.
Los indicadores sociales y económicos revelan la magnitud del desastre de Venezuela. Al socavar la propiedad privada y distorsionar los precios, el régimen destruyó la riqueza y debilitó los mecanismos mediante los cuales una sociedad coordina sus decisiones económicas. Mises explicó la imposibilidad de un cálculo económico racional sin mercados, mientras que Hayek destacó los límites del conocimiento de los planificadores centrales. Venezuela demostró ambas tesis con brutal claridad: escasez bajo controles de precios, privilegios bajo controles de cambio, empobrecimiento a través de la emisión monetaria y destrucción de capital mediante expropiaciones. La concentración de poder completó este proceso al erosionar las libertades individuales. Las leyes de la acción humana operan incluso cuando la ideología las ignora, y quienes las desafían no las derogan: el pueblo paga el precio. Por último, es importante recordar que quienes destruyeron estas condiciones no deben ser recordados como reformistas fracasados, sino más bien como los arquitectos de un autoritarismo socialista que empobreció a Venezuela y sacrificó las libertades fundamentales.