Nota del editor: este artículo es un extracto del capítulo 16 de Cronyism: Liberty versus Power in Early America: «Resurrecting the American System: The Growth of Imperialism». En esta sección, el autor Patrick Newman analiza cómo la política jacksoniana hacia los indígenas allanó el camino para la expansión imperial hacia el oeste a mediados del siglo XIX.
El traslado de los indígenas
Los jacksonianos lograron eliminar el «Sistema Americano» de Clay, salvo por el punto imperialista que fortalecía al imperio mediante la adquisición agresiva de territorios y el comercio internacional. Al igual que la corrupción de los republicanos jeffersonianos por la Compra de Luisiana, la tierra acabó con la coalición reformista. Aunque Jackson atacó a los indígenas de la frontera, tanto él como Van Buren llevaron a cabo una política exterior pacífica en la década de 1830. Sin embargo, la creciente tentación de la anexión de Texas y el tema relacionado con la esclavitud en el Oeste separaron a ambos hombres. Peor aún, el atractivo de los codiciados puertos occidentales de California empujó a Polk a maniobrar clandestinamente para llevar al país a una guerra de conquista. A mediados de la década de 1840, el partido se alió rápidamente con los especuladores de deuda y tierras, los comerciantes internacionalistas, los banqueros en busca de privilegios y otros grupos a los que antes había criticado. La autoridad ejecutiva facilitó principalmente ese engrandecimiento —una clara señal de que el poder corrompió a los jacksonianos, llevándolos a utilizar la presidencia para perseguir la construcción coercitiva de un imperio—.
Los historiadores demonizan cada vez más a Jackson por llevar a cabo una «limpieza étnica», y consideran que su programa de expulsión de los indígenas fue una de las leyes más trascendentales de la época1. Ignoran las reflexiones de Robert Remini y Sean Wilentz, quienes enfatizan que la verdad es mucho más compleja2. En primer lugar, Jackson se preocupaba genuinamente por el bienestar de los indígenas, aunque lo hiciera de una manera muy defectuosa: con condescendencia, impaciencia y coacción. Para el presidente, los «salvajes» podían obtener un estatus de segunda clase en la sociedad civilizada o mantener pacíficamente su estilo de vida trasladándose al oeste. Jackson era, de hecho, un caso algo singular, ya que muy pocos demócratas y whigs se preocupaban por la difícil situación de los indígenas, y los que lo hacían solían provenir de estados sin población indígena. En segundo lugar, la mayoría de los americanos no consideraba que las relaciones con los indígenas fueran muy importantes, y daban mucha más importancia a la banca, los aranceles, las mejoras internas, los precios de la tierra, la política exterior e incluso la esclavitud. Los americanos habían mantenido relaciones duras con los indígenas desde la época colonial y lo veían como una realidad ineludible.
Para los americanos en 1829, el problema fundamental seguía siendo el mismo: los cazadores indígenas reclamaban la propiedad de tierras más allá de las que cultivaban, especialmente en el suroeste y en Florida. Esto entraba en conflicto directo con la gran afluencia de colonos que se dirigían hacia el oeste. Como explica Robert Whaples: «Las reclamaciones de los indígenas sobre vastas extensiones de tierras boscosas no tenían sentido para todos [los] americanos de origen europeo, quienes las veían sin ser aprovechadas3». Jackson compartía estas preocupaciones e insistía en que los indígenas debían asimilarse a la sociedad —y permanecer subordinados por no ser blancos— o reubicarse en el oeste, donde podrían continuar con su vida nómada.
En consecuencia, el mensaje de Jackson al Congreso de diciembre de 1829 proponía un nuevo programa «voluntario»: los indígenas podían aceptar las ofertas del gobierno para comprar sus tierras (a un precio dictado por los funcionarios de EEUU) y trasladarse a una zona al oeste del río Misisipi (la actual Oklahoma) u «urbanizarse» y obedecer las leyes estatales. Jackson sabía que los colonos seguirían invadiendo las tierras que los indígenas reclamaban, especialmente tras el reciente descubrimiento de oro por parte de los habitantes de Georgia. «Me parece una visión utópica», escribió Jackson, haciéndose eco de Adams, «suponer que […] se puedan reconocer derechos sobre extensiones de territorio en las que [los indígenas] ni han habitado ni han realizado mejoras, simplemente porque las han visto desde las montañas o han pasado por ellas durante la caza4».
Los demócratas presentaron obedientemente un proyecto de ley de reubicación en el Senado en febrero de 1830. El senador whig Theodore Frelinghuysen, de Nueva Jersey —un hombre religioso que se preocupaba genuinamente por el bienestar y los derechos de los indígenas, aunque solo fuera de otros estados, ya que Nueva Jersey había reubicado previamente a sus indígenas— criticó el proyecto de ley por imponer la reubicación a un pueblo reacio y atacó al poder ejecutivo por interferir en el proceso legislativo. Los demócratas John Forsyth, de Georgia, y Robert Adams, de Misisipi, respondieron acusando a los norteños de hipocresía por negar a los sureños lo que ellos mismos habían llevado a cabo anteriormente en su propia región. Los whigs intentaron sacar provecho político de la situación: en particular, Clay, quien se oponía a los indígenas, se opuso oportunistamente al traslado en las elecciones de 1832. Tras un acalorado debate partidista, el Senado aprobó el proyecto de ley por un voto partidista (28 a 19) y la Cámara de Representantes lo hizo por un estrecho margen de 102 a 97, gracias a las exhortaciones personales de Jackson a los congresistas —una clara influencia del poder ejecutivo—. En ambas votaciones, Nueva Inglaterra se opuso y el Sur se mostró a favor, mientras que las regiones del Atlántico Medio y el Medio Oeste se dividieron. Aunque la aprobación del proyecto de ley fue controvertida, el tema del traslado se fue apagando con el tiempo y «la mayoría de los americanos aceptó lo que había sucedido5».
La Ley de Reubicación de los Indígenas otorgó autoridad ejecutiva para reubicar a los indígenas y transferir sus reclamaciones de tierras del este a una reserva en el oeste, con una asignación de 500 000 dólares para todos los gastos necesarios. Esta cifra absurdamente baja pone de relieve la verdad eterna de que los políticos siempre intentarán ocultar el gasto de la legislación propuesta: ¡el contribuyente nunca debe saber el costo total! Mucho más preocupante era que una empresa gubernamental tan gigantesca, intrínsecamente lastrada por la ineficiencia y la corrupción, solo pudiera conducir a un resultado: una redistribución clientelista de los recursos de los indígenas hacia personas con conexiones políticas. Como explica Robert Remini,
El noble deseo del presidente de ofrecer a los indígenas la libre elección entre quedarse o marcharse, sin ningún tipo de coacción, fue ignorado por funcionarios estatales y federales ávidos de tierras, quienes recurrieron al fraude y al engaño para enriquecerse a sí mismos y a sus amigos a costa de las tribus nativas.6
Un ejemplo flagrante de especulación corrupta ocurrió con los choctaws de Misisipi. Gracias a los sobornos, unos jefes indígenas corruptos firmaron el Tratado de Dancing Rabbit Creek en septiembre de 1830, cediendo diez millones de acres que su pueblo reclamaba. Aquí entraron en escena los jóvenes Robert J. Walker y William Gwin, quienes organizaron un consorcio de especulación inmobiliaria para acaparar un millón de acres que saldrían a la venta en octubre de 1833. Gracias al trabajo del registrador de la oficina local de tierras, Samuel Gwin (hermano de William), el grupo se hizo con setecientos mil acres y revendió la mayor parte. Walker se quedó con cincuenta mil acres para él y otros, y los representantes estatales de los colonos eligieron generosamente al aspirante a político para el Senado de los EEUU. Como era de esperarse, se convirtió en presidente del Comité del Senado sobre Tierras Públicas. Para agravar aún más el castigo, Gwin, con la ayuda de W. W. Corcoran, de Corcoran & Riggs, prestó servicios legales a los indígenas desposeídos a cambio de una cuantiosa tarifa de 56 000 dólares. La participación de Walker en la especulación con tierras indígenas mancilló su imagen ante los ojos de Jackson, quien de hecho aconsejó a Polk que no lo nombrara tesorero después de que este asumiera la presidencia7.
Otras tribus indígenas se resistieron al programa del gobierno, pero el resultado final se produjo de todos modos. De todas las tribus indígenas del suroeste, los cherokees eran, con diferencia, los más civilizados: cultivaban la tierra, vestían ropa occidental, adoptaron un lenguaje escrito y una constitución, desarrollaron escuelas y fundaron un periódico. Cabe destacar que algunos agricultores también utilizaban esclavos. Los cherokees incluso recurrieron a vías legales ante las cortes, pero la Corte Suprema no pudo salvarlos de Georgia. Más concretamente, Jackson y sus partidarios utilizaron la información de que disponían para demostrar que los cherokees seguían utilizando la tierra de manera ineficiente y no se habían modernizado lo suficiente a juicio del presidente. Cuando una delegación defendió su caso en 1835, el presidente les dijo sin rodeos que «una gran parte de su pueblo ha adquirido poca o ninguna propiedad sobre la tierra misma... ¿Cómo, en estas circunstancias, pueden vivir en el país que ahora ocupan?8» Los cherokees finalmente «aceptaron» irse, y el Senado ratificó el tratado en 1836. El Congreso les dio a los cherokees dos años para desalojar el territorio. Cuando su líder, John Ross, ordenó tontamente a su pueblo que se quedara donde estaba y esperara un milagro, el resultado solo podía significar problemas: en 1838, el gobierno de Van Buren los expulsó por la fuerza. El mal clima y la ineficiencia del gobierno provocaron numerosas muertes, un desastre absoluto.
Los seminolas de Florida se negaron a cumplir los tratados que habían firmado, y cuando el gobierno de los EEUU envió soldados para desalojarlos, estalló un encarnizado conflicto de guerrilla: la Segunda Guerra Seminole. El presupuesto del Departamento de Guerra se disparó un 111 por ciento entre 1835 y 1836. Para cuando Jackson dejó la presidencia, el gobierno había gastado 10 millones de dólares en el conflicto y cada mes posterior requería otros 460 000 dólares. La guerra no terminó hasta 1842 bajo el mando del general Zachary Taylor. Los whigs no se mostraron más generosos con los indígenas que los demócratas, y esta actitud continuó en las décadas siguientes.
En total, la administración de Jackson firmó aproximadamente setenta tratados con los indígenas y obtuvo cien millones de acres a cambio de 68 millones de dólares y treinta y dos millones de acres al oeste del río Misisipi. Esos cien millones de acres representaban más del doble de lo que los indígenas habían cedido en los ocho años anteriores. Si el público hubiera sabido del astronómico costo de 68 millones de dólares, en lugar de los 500 000 dólares declarados, el Congreso seguramente no habría podido aprobar la ley original. A pesar de las intenciones de Jackson, todo el proceso empeoró las relaciones entre los indígenas y los colonos, dio lugar a una especulación predatoria de tierras y provocó costosas guerras. Lo que había ocurrido dentro de los Estados Unidos no auguraba nada bueno para los países vecinos a los que los jacksonianos miraban con codicia. 9
- 1
Daniel Howe, What Hath God Wrought (Lo que Dios ha obrado) (Nueva York: Oxford University Press, 2007), pág. 423.
- 2
Robert Remini, Andrew Jackson and His Indian Wars (Nueva York: Penguin Books, 2001), pp. 277–81; Sean Wilentz, The Rise of American Democracy (Nueva York: W.W. Norton & Co., 2005), pp. 324–26.
- 3
Robert Whaples, «¿Fueron las políticas de Andrew Jackson «buenas para la economía»?», The Independent Review (primavera de 2014): 547.
- 4
Richard Ellis, La Unión en peligro (Nueva York: Oxford University Press, 1987), p. 27.
- 5
Remini, Jackson y sus guerras contra los indios, pág. 238. Véase también Ellis, Unión en riesgo, págs. 27-28; Walter Nugent, Hábitos del imperio (Nueva York: Vintage Books 2009), págs. 225, 339; Remini, Jackson y sus guerras contra los indios, págs. 222-238, 262; Wilentz, El auge de la democracia americana, págs. 326, 867.
- 6
Remini, Jackson y sus guerras contra los indios, pág. 237. Véase también Ellis, Unión en riesgo, pág. 28; Nugent, Hábitos del imperio, págs. 225, 339; Remini, Jackson y sus guerras contra los indios, págs. 222-238; Wilentz, El auge de la democracia americana, pág. 326.
- 7
Henry Cohen, Negocios y política en América desde la era de Jackson hasta la Guerra Civil (Westport, CT: Greenwood Publishing Corporation, 1971), págs. 26–27, 31, 119; H. Jordan, «Un político de la expansión», Mississippi Valley Historical Review (diciembre de 1932): 363–65; Glenn Price, Orígenes de la guerra con México (Austin: University of Texas Press, 1967), pág. 84; Remini, Jackson y sus guerras con los indios, pág. 249; James Shenton, Robert John Walker (Nueva York: Columbia University Press, 1961), págs. 13–16, 25, 33, 63, 67, 71.
- 8
Remini, Jackson y sus guerras contra los indígenas, p. 266.
- 9
Estadísticas históricas de los Estados Unidos, vol. 5, ed. Richard Sutch y Susan Carter (Nueva York: Cambridge University Press, 2006), p. 91; Jeffrey Rogers Hummel, «Martin Van Buren», en Reassessing the Presidency, ed. John V. Denson (Auburn, AL: Mises Institute, 2001), p. 194; Remini, Jackson y sus guerras contra los indígenas, pp. 238, 250–77; Whaples, «Las políticas de Andrew Jackson», p. 547; David Wishart, «Evidencia de producción excedente en la nación cherokee antes del traslado», Journal of Economic History (marzo de 1995): 137.