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Francia desencadena la tormenta perfecta en Europa

Se está gestando una tormenta perfecta en Europa, en gran parte provocada por ella misma. Las recientes protestas callejeras en Francia —contra el alto costo de vida y las malas condiciones escolares— son la expresión más clara hasta ahora de un país, y de un continente, en crisis. Lo que algunos europeos aún creen que son choques externos o fracasos políticos aislados son, de hecho, problemas profundos, aunque previsibles, inherentes al modelo intervencionista estatista que ha debilitado progresivamente el crecimiento económico, ha reducido la libertad individual, ha aumentado el poder del Estado y ha desequilibrado la relación entre gobernantes y gobernados.

Desde 1914, y en particular en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, el aumento constante de los impuestos ha financiado un gasto social y unas burocracias estatales en constante expansión. Pero los límites políticos, sociales y económicos de este modelo son cada vez más evidentes: los impuestos no pueden simplemente aumentarse indefinidamente. Con una población que envejece y la llegada de inmigrantes con bajo nivel educativo, no es posible mantener altas tasas de participación en la fuerza laboral. El viejo enfoque de «impuestos y gasto», que amplía continuamente los «derechos sociales» mediante mayores impuestos y deuda, está llegando ahora a sus límites.

Francia a la cabeza... del declive europeo

Históricamente, Francia se ha situado en el epicentro de grandes agitaciones políticas en Europa, desde las revoluciones de 1789, 1830 y 1848 hasta la Comuna de París de 1871 y, más recientemente, mayo de 1968. Los recientes acontecimientos en Francia marcan, una vez más, el inicio de una fase crítica de malestar económico y político a nivel paneuropeo.

La causa fundamental de la crisis en Francia es similar a la de muchos otros países europeos, pero más grave. El estancamiento económico a largo plazo ha hecho que los franceses se enfrenten a un costo de vida cada vez más alto. Para los jóvenes, especialmente aquellos de origen inmigrante y con pocas calificaciones, los problemas son más agudos. Se enfrentan a malas condiciones educativas durante sus estudios y a un alto desempleo juvenil al terminar la carrera. Sus perspectivas, ya de por sí limitadas, pronto se verán aún más afectadas por la rápida adopción de la IA.

La brecha social entre esta cruda realidad y los «bobos» («burgueses bohemios») urbanos, de mayor edad y con mayor poder adquisitivo, es cada vez más palpable. Estos últimos conforman la cada vez más reducida base de apoyo del presidente Macron, pero viven en un mundo muy alejado tanto de los suburbios parisinos con alta presencia de inmigrantes, como Seine-Saint-Denis, como de la «Francia periférica», modesta y en ocasiones con dificultades, donde el aumento de los costos del combustible y la electricidad merma directamente los ingresos disponibles.

Todo esto constituye un terreno fértil para el malestar social y los levantamientos populares, en un país con una larga tradición en este sentido. La cruda realidad que poco a poco se hace evidente en toda la sociedad francesa es que el «modèle républicain» del inflado Estado francés está fallando. Su promesa de «Liberté, Égalité, Fraternité» encierra tensiones que se vuelven cada vez más difíciles de conciliar a medida que el Estado se expande: los intentos coercitivos por imponer una igualdad material cada vez mayor inevitablemente se dan a costa de la libertad individual. La inevitable y prevista decadencia social derivada de un sistema tan ineficiente se está volviendo cada vez más visible, como bromean con sarcasmo los franceses al decir que la única parte de la administración pública que parece no fallar nunca es el recaudador de impuestos.

El mito del contrato social

Los europeos deberían reconsiderar la idea del «contrato social» que se les ha enseñado a dar por sentada. A diferencia de un contrato real, la relación entre el individuo y el Estado no se basa en un consentimiento explícito: el Estado puede imponer nuevas obligaciones, impuestos y regulaciones sin el acuerdo del individuo. En ese sentido contractual literal, el «contrato social» no es un contrato en absoluto, sino una metáfora política que ha ayudado a legitimar la expansión del poder estatal. Como escribió Murray Rothbard en Ética de la libertad (1982):

...la «sociedad libre» no «otorgó» ningún monopolio de la coacción al Estado; nunca ha existido ninguna forma de «contrato social» voluntario. En todos los casos históricos, el Estado se ha apoderado, mediante el uso de la violencia agresiva y la conquista, de dicho monopolio de la violencia en la sociedad.

Si se acepta implícitamente la tesis del «contrato social», así como la idea de que la redistribución política debe «corregir» la distribución natural de los ingresos y la riqueza que surge del intercambio voluntario, entonces un gasto público que supera la mitad del PIB se convierte en una normalidad perversa. Por el contrario, esos niveles escandalosos de gasto público deberían considerarse como las consecuencias de las graves violaciones de los derechos de propiedad de la sociedad por parte del Estado.

Los fracasos del Estado: invirtiendo la causalidad

A pesar de ese nivel de gasto público, la misión weberiana fundamental del Estado —garantizar la seguridad pública y proteger la propiedad privada— está fallando, con todos los costos que esto implica para la población. Este es uno de los efectos de la tragedia democrática de los bienes comunes, de la que pocos europeos se dan cuenta de que se aplica a su propia sociedad en declive.

Sin embargo, la mayoría de los europeos, independientemente de su orientación política, siguen recurriendo al Estado para que resuelva problemas que, en primer lugar, la intervención estatal ayudó a crear. La causalidad está claramente invertida: se espera que la institución responsable de haber creado los problemas en primer lugar proporcione las soluciones. Esta inversión de causa y efecto se pone de manifiesto cuando los líderes europeos atribuyen cada vez más las dificultades de Europa a fuerzas externas, desviando así la atención de sus propias responsabilidades por el fracaso de su política exterior. Esta búsqueda de chivos expiatorios es políticamente eficaz precisamente porque a los ciudadanos comunes les resulta difícil evaluar de manera independiente las afirmaciones geopolíticas.

La oligarquía vs. el pueblo

Los líderes políticos europeos tienen una gran responsabilidad política y moral por las políticas que, a lo largo de varias décadas, han generado una compleja crisis energética y del costo de vida. Estas consecuencias no pueden atribuirse simplemente a actores externos, sino a la oligarquía gobernante occidental. Sin embargo, las mayorías europeas también comparten la responsabilidad porque aún no comprenden los límites de la democracia.

La explicación política más profunda de la crisis actual es que los intereses de la minoría gobernante de Europa se han ido alejando cada vez más de los de las mayorías gobernadas. Esta divergencia se ha vuelto particularmente pronunciada durante la última década: la transición «verde» forzada y su impacto en la industria europea; la interrupción impuesta desde arriba de la vida económica durante la pandemia de COVID-19; y una política exterior cada vez más obsesiva, orientada a preservar la hegemonía occidental en un mundo multipolar que emerge rápidamente.

Los actuales disturbios en Francia y en otras partes de Europa son, por lo tanto, probablemente los primeros indicios evidentes de un ajuste de cuentas económico, social y político mucho más profundo. Se está gestando una «tormenta perfecta» sobre Europa; no se trata simplemente de una crisis política, sino de una crisis de todo el modelo económico estatista, de la relación entre gobernantes y gobernados y, en última instancia, de los propios valores occidentales. Es probable que los meses y años que se avecinan sean dramáticos, y es probable que la situación en Europa se oscurezca aún más antes de que mejore.

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