Estas elecciones intermedias en EEUU marcaron el inicio de un rechazo generalizado al Partido Republicano, y las encuestas a la salida de las urnas demostraron la intensa indignación de los votantes hacia temas como la asequibilidad, la política exterior y la corrupción política en general. Si bien muchos de estos temas reflejan un daño autoinfligido por parte de la administración, es notable que la indignación de los votantes fuera tan profunda que logró cambiar no solo escaños federales, sino gobiernos estatales completos que no estaban directamente relacionados con temas como la guerra con Irán. Además, la lista de temas que impulsó a los demócratas son las mismas frustraciones que unieron a diversas coaliciones electorales que llevaron a Donald Trump a la Casa Blanca en 2016 y 2024.
Como ha señalado Connor O’Keefe, la década de 2020 ya puede definirse como «una década de locura en la política americana», alimentada por una «patata caliente de la inflación», impulsada por las desastrosas respuestas del gobierno ante la pandemia de COVID. Esto se ha agravado aún más por los incentivos inherentes a Washington, donde ninguna composición partidista del Congreso genera la voluntad política necesaria para abordar problemas sistémicos como el gasto deficitario. La política nacional se destaca por enriquecer a los consultores políticos, pero, más allá de la política exterior y el uso del Departamento de Justicia como arma, el modo predeterminado de gobierno federal encaja con el meme de que «nunca pasa nada». Por supuesto, dadas las deficiencias ideológicas del miembro promedio del Congreso, es probable que este sea un escenario preferido, uno que podría ajustarse rápidamente si los demócratas cumplen sus promesas de campaña de abolir el obstruccionismo en el Senado.
Por supuesto, debilitar los controles existentes sobre la actuación del Senado casi con toda seguridad provocará un aumento de las presiones económicas actuales. La agenda demócrata consiste explícitamente en aumentar tanto los impuestos como el gasto, en marcado contraste con el deseo republicano de reducir los impuestos y aumentar el gasto. Mientras tanto, los niveles de deuda federal se disparan, la confianza en el dólar americano y en la deuda de EEUU disminuye, y el financiamiento del déficit se convierte en un agujero negro cada vez mayor en el balance federal.
Sin embargo, este no es un problema exclusivamente americano. Francia lleva ya varias semanas sumida en disturbios provocados por una huelga general contra el aumento de la inflación y los recortes de gastos propuestos. Si bien los disturbios son una orgullosa tradición francesa, Alemania se encuentra en medio de su propia forma de rebelión política, ya que el partido Alternativa para Alemania sigue ganando elecciones a pesar de que toda la clase política del país se ha unido contra ellos. La inflación —sumada a las políticas migratorias de su gobierno de izquierda— ha provocado, de manera similar, amplias protestas en España. Mientras tanto, el Reino Unido va por su séptimo primer ministro en 10 años, a medida que sus partidos políticos tradicionales son devorados por nuevos líderes populistas en ascenso.
Uno de los pocos mandatarios de un Estado occidental que goza de apoyo popular es Mark Carney, quien se ha beneficiado personalmente de una dinámica de «unión en torno a la bandera» dada la Guerra Fría del presidente Trump con Canadá. Su país, sin embargo, está enfrentando a su vez presiones económicas similares relacionadas con la inflación.
En medio de todas estas presiones políticas hay dos constantes: en primer lugar, la amplia aceptación occidental de una política de inmigración abierta ha dado lugar a una dinámica política cada vez más definida por la raza, tanto en forma de minimización de las tendencias generales de delincuencia, como de subsidios económicos directos a determinados grupos demográficos y de discriminación abierta contra las poblaciones nativas. Sin embargo, lo que exacerba aún más estas tensiones es el descenso del crecimiento económico y las dolorosas presiones inflacionarias que afectan de manera desproporcionada a los residentes más jóvenes en comparación con las generaciones mayores, quienes ya cuentan con activos, ya sean bienes raíces o inversiones financieras.
Si bien las presiones migratorias son consecuencia de decisiones políticas deliberadas (y a menudo multipartidistas), agravadas además por las condiciones desestabilizadoras en sus países de origen (incluidos los conflictos militares liderados por Occidente en el Medio Oriente), las presiones económicas pueden vincularse directamente tanto a la respuesta global a la crisis financiera de 2008 como a la pandemia de COVID. Tras la Gran Recesión, el pensamiento grupal de los bancos centrales dio lugar a tasas de interés históricamente bajas. Una de las muchas consecuencias de este régimen de políticas radicales fue la aparición de una burbuja de deuda pública, ya que los gobiernos nacionales podían financiar su deuda a costos históricamente bajos. Esta estrategia se utilizó y se intensificó durante la pandemia de COVID-19, cuando los bancos centrales volvieron a la expansión cuantitativa (QE) para respaldar las políticas de estímulo fiscal masivas impulsadas por los gobiernos occidentales.
Dada la estructura de incentivos de la democracia popular, lo que podría haber sido una era de reformas estructurales para evitar que se repitiera lo ocurrido en 2008 se convirtió, en cambio, en una época de despilfarro gubernamental. En 2024, el gasto gubernamental per cápita de los EEUU aumentó más del 20 por ciento en dólares ajustados a la inflación desde 2008. En Alemania, esa cifra superó el 50 por ciento, y en Francia, el 45 por ciento, ambas ajustadas a la inflación. Además, Europa se ha visto afectada por un estancamiento económico, y el PIB per cápita de la UE cayó al 50 por ciento del de EEUU en 2023, frente al 76,5 por ciento registrado en 2008.
El resultado son gobiernos saturados de deuda y crecientes presiones inflacionarias, sin medios políticos viables para controlar el gasto. Si bien los países europeos enfrentan restricciones adicionales que no se perciben en Washington —como las normas fiscales de la UE, que impulsan el actual debate político francés sobre los recortes de gasto—, es seguro que los movimientos populistas, particularmente entre la izquierda europea, utilizarán como arma el sufrimiento a corto plazo que tendrían que soportar los grupos que anteriormente recibían subsidios del Estado. Además, el debate sobre qué se debe recortar sin duda intensificará aún más las tensiones sociales relacionadas con la inmigración, dados los subsidios directos y los servicios públicos de los que gozan estos grupos privilegiados.
Hasta que Occidente no se enfrente de manera radical y seria a la estructura fallida de sus gobiernos nacionales modernos —respaldados por banqueros centrales complacientes—, debemos seguir esperando que la década de 2020 no solo sea una década de locura para la política americana, sino para la política en todo Occidente. Un cambio significativo no se logrará simplemente cambiando los partidos políticos en los órganos de gobierno, sino mediante cambios significativos y sistémicos en los estados-nación modernos y su financiamiento.
Para los populistas de izquierda, eso significará, como era de esperarse, un aumento del poder del gobierno. Para la derecha, en última instancia requerirá un populismo de corte más rothbardiano.