En las últimas semanas, la administración Trump ha desplegado —o amenazado con desplegar— tropas de la Guardia Nacional en al menos cinco ciudades americanas, entre ellas Chicago, Portland, Los Ángeles y Nueva Orleans. Muchos de los partidarios de Trump han aplaudido esta medida, alegando que es responsabilidad del presidente enviar tropas federales a donde considere que son necesarias.
En algunos casos, los despliegues se han producido a pesar de las objeciones de los gobiernos de los estados en los que se han desplegado las tropas. Esto ha dado lugar a una situación jurídica compleja, ya que los gobiernos de California y Oregón han demandado a la administración por los despliegues. Sin duda, los jueces, los expertos y los abogados seguirán discutiendo durante algún tiempo sobre la legalidad actual de estos despliegues —según la interpretación de los jueces federales— en las cortes federales.
Sin embargo, el hecho de que esto sea objeto de debate ilustra lo lejos que ha llegado los Estados Unidos de la visión original de los revolucionarios americana de una república federal con una fuerza militar muy limitada y descentralizada. En la época de la fundación, los americanos temían la existencia de un ejército permanente que pudiera ser desplegado a voluntad de los funcionarios federales. Además, los americanos exigían que los estados mantuvieran sus propias milicias independientes, que no pudieran estar sujetas al control federal sin la cooperación de los funcionarios estatales.
Esa actitud ya no existe.
En cambio, vemos que tanto la izquierda como la derecha en los Estados Unidos apoyan ahora, en general, un mayor control federal, dependiendo del partido político que esté en el poder o del grupo que se beneficie de las nuevas prerrogativas federales. En este momento, es la derecha la que está en el poder, por lo que ahora son los conservadores los que reclaman más poder federal para desplegar tropas, ampliar la aplicación de la ley federal y enterrar aún más los últimos vestigios de la soberanía que alguna vez disfrutaron los gobiernos estatales.
Para aquellos que realmente están preocupados por la mayor concentración del poder político y que apoyan límites reales al gobierno federal, la costumbre del presidente de enviar tropas federales a las ciudades americanas es un problema grave.
Los peligros de un ejército permanente y la creación de un ejército descentralizado en América
En los primeros años de los Estados Unidos, la opinión política americana se oponía firmemente a cualquier ejército permanente bajo control federal. Como resume Griffin Bovée en el Journal of the American Revolution:
Pocas ideas fueron tan ampliamente aceptadas en los inicios de América como la del peligro de los ejércitos permanentes en tiempos de paz. Este sentimiento contrario al ejército permanente motivó la oposición colonial a las políticas británicas posteriores a la guerra franco-india, se intensificó tras la masacre de Boston, influyó en los escritos de la mayoría de los padres fundadores y siguió siendo políticamente relevante mucho después de que terminara la Guerra de la Independencia. Este sentimiento permaneció en gran medida sin oposición hasta la presentación de la Constitución de los EEUU al público para su ratificación. La «cláusula del ejército» de la Constitución, que permitía al Congreso de los EEUU crear y mantener ejércitos con fondos bienales, desencadenó un debate a nivel nacional que enfrentó la tradición con la innovación, los precedentes con la necesidad y el federalismo con el nacionalismo.
Los nuevos poderes militares federales esbozados en la nueva constitución propuesta en 1787 provocaron una gran resistencia por parte de los llamados anti-federalistas. El principal de ellos era Patrick Henry, que inicialmente se opuso a la ratificación de la nueva Constitución alegando que el equilibrio del poder militar bajo la nueva constitución favorecía al gobierno federal. Henry quería garantizar que se mantuviera un sistema independiente de milicias estatales como salvaguarda contra el poder militar federal centralizado. En un discurso de 1788, Henry arremetió contra la creación de un ejército permanente y el control federal sobre las tropas estatales: «¿Tenemos los medios para resistir a ejércitos disciplinados, cuando nuestra única defensa, la milicia, está en manos del Congreso?».
[Más información: «El debate sobre la ratificación: un ejército permanente frente a las milicias», de Murray N. Rothbard].
En aquel entonces, se daba por sentado que el Congreso sería el poder dominante en el gobierno federal, pero si Henry estuviera vivo hoy en día, al ver cómo la presidencia controla ahora de facto el gobierno federal, se preguntaría cómo podrían los americanos resistirse al poder federal si las milicias de los estados «cayeran en manos del presidente».
La idea aquí es que los estados no deben permitir que las tropas estatales —hoy en día llamadas «Guardia Nacional»— sean controladas por el gobierno federal.
Durante la mayor parte del siglo XIX, —hasta la Guerra Civil—, el ejército federal permanente era muy reducido. En efecto, el gobierno federal tenía acceso a muy pocas tropas para cualquier tipo de despliegue federal. El control federal de las milicias estatales seguía estando sujeto al veto de los gobiernos estatales, y se sabía que estos últimos hacían uso de dicho veto. Por ejemplo, los gobiernos estatales se negaron a cumplir con los intentos federales de tomar el control de las tropas estatales en tiempos de guerra en Connecticut en 1812 y en Kentucky en 1861. En tiempos de paz, los gobiernos estatales defendían aún más celosamente sus prerrogativas sobre la milicia.
La conversión de las milicias estatales en una fuerza militar federalizada
Sin embargo, a finales del siglo XIX, las tropas estatales quedaron cada vez más bajo el control del gobierno federal, y el principio del fin llegó con la Ley Dick de 1903. Como señala David Yassky:
Las leyes posteriores a la Ley Dick han sometido a la Guardia Nacional a un control federal cada vez mayor. En la actualidad, cualquier persona que se aliste en una unidad de la Guardia Nacional se alista automáticamente también en una unidad de «reserva» del Ejército (o la Fuerza Aérea) de los EEUU, el gobierno federal puede utilizar las unidades de la Guardia Nacional para diversos fines y el gobierno federal nombra a los oficiales al mando de estas unidades.1
La Ley Dick introdujo el uso de la expresión «Guardia Nacional» en las leyes federales. Esta nueva legislación también allanó el camino para el uso de unidades de la Guardia Nacional fuera del territorio de los Estados Unidos, con una enmienda de 1906 que creaba específicamente una disposición para el uso de unidades de milicia «tanto dentro como fuera del territorio de los Estados Unidos».
Esta disposición fue posteriormente impugnada por motivos constitucionales, pero el Congreso respondió con la Ley de Defensa Nacional de 1916, que facilitó aún más al presidente la convocatoria de tropas estatales para fines federales.
Con el tiempo, la línea entre las milicias estatales y las tropas federales se fue difuminando cada vez más, y hoy en día las unidades de la Guardia Nacional estatal no funcionan de forma independiente del gobierno de los Estados Unidos en ningún sentido significativo.
Cabe destacar que la Ley Dick también desempeñó un papel importante en la revocación de la idea de que el público en general constituía la milicia informal de los Estados Unidos. En el siglo XIX, existía una relación simbiótica entre las milicias estatales y la posesión privada de armas. Esto se debía en gran medida a la concepción de la milicia en la época de la fundación. Yassky añade:
En el marco conceptual de los fundadores, la milicia estaba formada por la masa de ciudadanos comunes, entrenados en el uso de las armas y disponibles para servir cuando el estado lo requiriera. Como dijo George Mason: «¿Quiénes son la milicia? Ahora están formados por todo el pueblo, excepto [por] unos pocos funcionarios públicos. (...) Cuando el Segundo Congreso trató de ejercer su autoridad constitucional para «proveer a la organización, armamento y disciplina de la milicia», ordenó que «todos y cada uno de los ciudadanos varones blancos libres y sanos de los respectivos estados [excepto las personas exentas por la ley estatal y otras clases exentas]... que tengan... entre dieciocho y cuarenta y cinco años» se alistaran en la milicia de sus estados. O, como declaró Patrick Henry en la convención de ratificación de Virginia: «El gran objetivo es que todos los hombres estén armados».2
Sin embargo, con la creación de la «Guardia Nacional», controlada por el Gobierno federal, se abolió de facto el concepto jurídico de «milicia no organizada» y, con él, el valor percibido de los ciudadanos armados. Aún peor es la subversión gradual de la independencia de las milicias estatales.
No obstante, muchos conservadores partidarios de Trump en la actualidad parecen haber descubierto su amor por una milicia federalizada y la idea de que el gobierno central pueda desplegarla a su antojo. Trump incluso ha propuesto una «fuerza de reacción» permanente a nivel nacional compuesta por tropas de la Guardia Nacional para su despliegue en ciudades americanas a discreción del presidente. Esto supondría la creación de un ejército permanente diseñado específicamente para su uso contra los americanos.
Esto era exactamente lo que Henry, Mason y los antifederalistas temían y contra lo que argumentaban. Pero, para Trump, parece que ningún poder federal es excesivo siempre que sirva para «ganarle a los liberales» y atacar a los oponentes políticos. Cabría pensar que quienes pretenden oponerse al poder federal y apoyar la libertad individual se resistirían a la idea de ceder aún más poder coercitivo al gobierno federal. Por desgracia, si los partidarios de Trump son un indicio, aparentemente no es así.
Los Estados Unidos ya ha avanzado tanto en el camino de la centralización y la militarización que el americano promedio de la época de la fundación encontraría este país totalmente irreconocible. Los americanos de aquella época eran mucho más realistas y menos ingenuos sobre cómo se llevan a cabo los abusos de poder. La preservación de la libertad a menudo se reduce a equilibrar un poder coercitivo con otro. Sin embargo, un país en el que el gobierno central detenta casi todo el poder militar es un país en el que el gobierno central es, en la práctica, libre de hacer lo que quiera con sus ciudadanos en una situación de emergencia, ya sea imaginaria o real. Aquellos primeros americanos que trataron de impedir la centralización del poder militar tenían razón. Pero sus palabras de advertencia han caído en el olvido.
- 1
Véase: David Yassky, «The Second Amendment: Structure, History, and Constitutional Change» (La Segunda Enmienda: estructura, historia y cambio constitucional), 99 Mich. L. Rev. 588 (2000).
- 2
Ibid.
