La intervención masiva de los gobiernos tras la crisis financiera mundial no impidió la gran recesión, sino que en realidad la profundizó y prolongó hasta que la pandemia del covid-19 y los confinamientos gubernamentales hicieron que la economía cayera en picado en 2020. A esto le siguieron mayores estímulos monetarios y fiscales para el crecimiento, que exacerbaron las distorsiones económicas anteriores. Del mismo modo que las políticas macroeconómicas anticíclicas han convertido la crisis financiera en depresión, la respuesta sanitaria de las autoridades ha sido buena para paralizar los mercados, pero nunca parece cumplir lo prometido.
Una respuesta sanitaria contraintuitiva y arriesgada
Desde el principio, los gobiernos adoptaron un paradigma demasiado ambicioso para alcanzar la inmunidad de grupo a través de confinamientos duros y vacunación. El famoso eslogan de «aplanar la curva» que promovía los confinamientos como la única solución para evitar el colapso de la infraestructura sanitaria se transformó rápidamente en «confinamientos hasta la vacuna». Los argumentos convincentes de que los confinamientos duros no producen mejores resultados sanitarios, sino que restringen indebidamente las libertades civiles, crean estragos económicos y causan graves problemas sociales y sanitarios a largo plazo, fueron ampliamente ignorados. La mayoría de los gobiernos occidentales mantuvieron los cierres hasta finales de la primavera de 2021, cuando la campaña de vacunación masiva estaba muy avanzada.
La vacunación ha sido el principal pilar de la respuesta sanitaria del gobierno mientras se disuadía a los médicos de experimentar y utilizar los primeros tratamientos. Cuando se enfrentan a un problema, la mayoría de los individuos racionales buscan una solución rápida, sencilla y rentable. Pero no las burocracias sanitarias occidentales. Los tratamientos tempranos y baratos, con resultados prometedores, fueron desestimados y prohibidos directamente.
El único tratamiento temprano promovido por Anthony Fauci y avalado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EEUU era el Remdesivir, un fármaco de eficacia no demostrada y con probables efectos secundarios. Además, el fármaco es muy caro: unos 3.500 dólares por tratamiento. Esto plantea serios interrogantes sobre los intereses financieros poco ortodoxos y el papel de las grandes farmacéutica en la dirección de la respuesta sanitaria del gobierno.
La confianza casi exclusiva en la vacunación en medio de la pandemia pareció desde el principio demasiado optimista y arriesgada para muchos expertos. Se necesitan muchos años para desarrollar una vacuna eficaz para un virus que puede sufrir rápidas mutaciones, y también son necesarias largas pruebas para garantizar la seguridad de la vacuna, en particular para una epidemia con una baja tasa de mortalidad. Las autoridades sanitarias no han prestado atención a estas preocupaciones, y han invertido decenas de miles de millones de dólares en subvencionar el desarrollo de las vacunas contra el covid-19. Ya se han administrado unos 5.600 millones de dosis en todo el mundo y se han pedido miles de millones más para cubrir a toda la población y las dosis de refuerzo. Sólo Pfizer/BioNTech espera producir 3.000 millones de jabs este año y 4.000 millones el próximo, con unas ventas estimadas en unos 50.000 millones de dólares sólo en 2021. Si la vacunación contra el covid se vuelve periódica como la de la gripe, se convertirá en un negocio muy lucrativo de cientos de miles de millones de dólares para las grandes farmacéuticas.
La vacunación masiva contra el virus covid-19 no es una bala de plata
Los expertos sanitarios del gobierno pregonaban la vacunación masiva como la única forma de cortar la transmisión del virus y superar la pandemia. Sin embargo, otros científicos lo dudaban, porque el coronavirus muta rápidamente y las vacunas no tenían la certeza de bloquear su transmisión. Expertos como el Dr. Joseph Mercola, el Dr. Robert Malone y otros incluso argumentaron que las vacunas «con fugas», es decir, las que previenen la enfermedad sin detener las infecciones, incitarían al virus a evadir la respuesta inmunitaria más fuerte de las personas vacunadas y a mutar en cepas más virulentas. En otras palabras, los beneficios individuales de un menor riesgo de hospitalización y muerte podrían ser contrarrestados por mutaciones del virus más peligrosas que empeorarían la pandemia.
Evidentemente, no es fácil para el público en general evaluar las pruebas científicas relativas a los pros y los contras de la vacunación masiva contra el covid-19. De todos modos, los gobiernos no han permitido que se produzca un debate de este tipo en los principales medios de comunicación. En cualquier caso, la rápida propagación de la variante delta en países con altas tasas de vacunación ha suscitado serias dudas sobre si la vacunación masiva podría acabar con la pandemia, en particular si la eficacia de la vacuna cae a niveles preocupantes después de unos seis meses y tanto los vacunados como los no vacunados pueden mostrar cargas virales igualmente altas de la variante delta capaces de propagarse.
Si las vacunas contra el covid-19 tienen más beneficios terapéuticos que la detención de la infección, entonces ¿cómo se podría alcanzar la inmunidad de grupo? Y si no se puede alcanzar la inmunidad de grupo, ¿por qué segregar a las personas según su estado de vacunación o vacunar a los niños y adolescentes, que se sabe que no enferman gravemente por el covid-19? Estas son preguntas relevantes también debido al gran número de efectos adversos graves inmediatos y muertes relacionadas con la vacunación contra el covid-19 en los Estados Unidos y la UE, y los posibles efectos secundarios a largo plazo que conlleva el uso de tecnologías de vacunación relativamente nuevas.
¿Y ahora qué?
Varios expertos abogan por un cambio de enfoque de la vacunación masiva a la creación de inmunidad y tratamientos tempranos que reduzcan el número de pacientes que desarrollan síntomas graves. La vacunación voluntaria debería recomendarse principalmente a las personas vulnerables para las que los beneficios superan claramente los riesgos.
Sin embargo, muchas autoridades sanitarias siguen impulsando la vacunación masiva obligatoria. Varios países, como Israel, el Reino Unido y Estados Unidos, ya han empezado a ofrecer vacunas de refuerzo, al tiempo que han ajustado en consecuencia la validez de los pases sanitarios y han ampliado la vacunación a los niños. Recientemente, el presidente Biden ha dado a conocer sus planes para obligar a todas las empresas con más de cien trabajadores a exigir la vacunación contra el coronavirus o a someter a los empleados a pruebas semanales. Este mandato afectaría hasta a 100 millones de americanos y ha sido criticado como autoritario e inconstitucional. El presidente Biden afirma que la vacuna es «segura, eficaz y gratuita» y, sin embargo, casi 80 millones de americanos siguen sin vacunarse, lo que supuestamente socava la respuesta sanitaria del gobierno. Esto parece desafiar la realidad, dado que la vacuna no previene la infección ni la transmisión de la enfermedad, pierde su eficacia en pocos meses y se ha asociado a numerosos efectos secundarios y muertes. Tampoco es «gratis», ya que el coste de la campaña de vacunación, que asciende a decenas de miles de millones de dólares, lo pagará finalmente el contribuyente americano, al que se le presiona para que se inyecte. Por cierto, ¿cuándo fue la última vez que millones de consumidores rechazaron un bien o servicio útil que se les ofrecía gratis?
La estrategia sanitaria covid-19 nos deja una aguda sensación de déjà vu. Los gobiernos han intentado obstinadamente «estimular» el crecimiento económico durante casi quince años, sin éxito. Durante todo este tiempo, los economistas de la corriente dominante han permanecido ciegos ante los argumentos de que la intervención gubernamental está empeorando las cosas al prolongar la mala asignación de recursos y fomentar el empobrecimiento a largo plazo. Sólo podemos esperar que no se esté produciendo una historia similar con consecuencias mucho más graves en el ámbito médico.
