Las imágenes son difíciles de ver: una joven, Iryna Zarutska, —una refugiada ucraniana de 23 años—, está sentada en su asiento en el tren ligero de Charlotte, Carolina del Norte, absorta en su teléfono mientras regresa a casa después del trabajo. Un hombre negro, Decarlos Brown, se sienta detrás de ella y de repente se levanta y la apuñala rápidamente con una gran navaja.
Unos minutos más tarde, ella muere desangrada en el vagón, mientras otro joven negro intenta consolarla y detener la hemorragia con su camisa. Su asesino murmura algo sobre «la chica blanca» y se baja del tren en la siguiente parada, donde es rápidamente detenido.
Hay numerosos ángulos en esta historia, y abarcan casi todos los temas sociales debatidos en este país, desde la raza hasta los jueces indulgentes y la seguridad en el transporte público. (Al menos este caso no tiene que ver con el control de armas, ya que el asesino utilizó un cuchillo). Resulta que Brown había sido detenido 14 veces y recientemente había sido puesto en libertad sin fianza tras una detención, a pesar de las preocupaciones de su abogado, que sugirió al juez que se le realizara un examen psiquiátrico a su cliente.
La raza sin duda entra en escena, ya que la jueza en cuestión, la magistrada Teresa Stokes, es negra y accedió a liberar a Brown si firmaba una declaración en la que se comprometía a comparecer en su próxima cita en el corte, lo que hizo. La alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles, también es negra e, inmediatamente después del asesinato, apenas mencionó a la víctima, pero expresó la mayor parte de su simpatía por el presunto asesino, afirmando que el «sistema le falló» a Brown y que una mayor aplicación de la ley sería ineficaz, y declaró: «Nunca resolveremos problemas como la falta de vivienda y la salud mental mediante detenciones».
Para empeorar las cosas, la organización de defensa de los negros Black Lives Matter publicó un provocativo mensaje en su sitio web en el que insinuaba que el asesinato estaba justificado, dadas las injusticias cometidas en el pasado contra los negros. En resumen, no es descabellado decir que este caso fue un ejemplo paradigmático de anarco-tiranía, en el que el gobierno se niega a hacer cumplir sus leyes para proteger a sus ciudadanos y luego vuelve el aparato gubernamental contra las personas que respetan la ley. Sin embargo, los propios negros pueden señalar que se encuentran en el otro extremo de la anarquía tiránica cuando los agentes del orden y las cortes se niegan a protegerlos o incluso a acusar a los blancos que asesinan abiertamente a negros, y mucho menos a condenarlos, siendo el caso de Emmett Till en Misisipi uno de los ejemplos más publicitados (y hay muchos otros). En otras palabras, ha habido muchas irregularidades gubernamentales, y esto ha ocurrido durante mucho tiempo, lo que ha debilitado la confianza en las instituciones policiales y judiciales.
Hay muchas pruebas de que la respuesta al crimen por parte de los gobiernos municipales dirigidos por progresistas es inadecuada y, a menudo, totalmente delirante. En un comentario sobre el asesinato de Charlotte en Quillette, Jukka Savolainen escribe que la política identitaria desempeña un papel importante en la forma en que los progresistas responden a este tipo de incidentes:
Cada día se cometen asesinatos en América, pero no todos ellos se tratan como noticias de interés periodístico. Algunos se amplifican hasta convertirse en obras morales sobre el «racismo sistémico», mientras que otros se descartan como tragedias aisladas, y esta discrepancia suele seguir un guion identitario dictado por una visión perversa de la justicia social. Cuando George Floyd murió bajo la rodilla de un policía blanco en 2020, su rostro apareció en murales desde Berlín hasta Nairobi. Breonna Taylor y Michael Brown también se convirtieron en nombres muy conocidos tras sus muertes a manos de las fuerzas del orden americanos. Pero Tony Timpa y Daniel Shaver, —ambos víctimas blancas de la fuerza letal de la policía—, siguen siendo en gran medida desconocidos para el público. La diferencia no radica en la brutalidad de los incidentes, sino en el marco racial en el que se informan.
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El asesinato de Zarutska también encaja en un patrón tristemente familiar de violencia urbana evitable, especialmente tras la muerte de George Floyd y las consiguientes protestas de Black Lives Matter (BLM). Los disturbios «apasionados, pero en su mayoría pacíficos» que envolvieron las ciudades americanas en el verano de 2020 dejaron un legado político extremadamente destructivo: departamentos de policía desmoralizados, recortes presupuestarios, la elección de fiscales que restaron importancia a la aplicación básica de la ley y un clima más generalizado de impunidad. Los resultados no tardaron en hacerse evidentes: un aumento histórico de la delincuencia, incluidos los homicidios, los hurtos en tiendas y los comportamientos amenazantes en el transporte público. Aunque las tasas de delincuencia han comenzado a descender desde su pico de 2020-21, persisten los desórdenes de menor gravedad —consumo de drogas en la vía pública, evasión de tarifas y una sensación generalizada de que las autoridades han perdido el control de los espacios públicos.
El vídeo de Charlotte capturó ese clima en miniatura. Como ha argumentado Kat Rosenfield, «hemos caído en la idea errónea de que la compasión y la permisividad son lo mismo». En la práctica, el tabú de insistir en el orden y la decencia ha supuesto abandonar los espacios compartidos —trenes, andenes, aceras— a las personas más perturbadas y peligrosas que hay entre nosotros. La saga de Daniel Penny, por su parte, enseñó a los transeúntes una cruel lección: si intervienes, puedes ser castigado, por lo que lo más seguro es no hacer nada.
Los peligros derivados de la delincuencia se intensifican en los espacios de propiedad gubernamental
Los «espacios compartidos» de Rosenfield son realmente lugares de propiedad gubernamental, como parques, transporte público, como trenes, metros y autobuses, o se crean cuando los gobiernos intentan imponer políticas progresistas de no aplicación de la ley a empresas privadas, como las tiendas minoristas, en lo que respecta al hurto en tiendas. Los primeros suelen implicar situaciones que ponen en peligro la vida, como apuñalamientos o tiroteos, por no hablar de los robos a mano armada y las amenazas de jóvenes que saben que los demás les temen.
Los hurtos a gran escala deterioran la calidad de vida de una comunidad, ya que los robos generalizados en comercios minoristas no son delitos «sin víctimas», a pesar de lo que puedan afirmar los progresistas. Del mismo modo, cuando un encuentro fortuito en un espacio urbano gubernamental, como un tren de cercanías, puede resultar mortal, las ramificaciones son enormes para la sociedad. Sin embargo, gracias a una combinación de ideología progresista y la indiferencia que acompaña a las entidades gubernamentales a la hora de cumplir con sus responsabilidades, es poco probable que se haga algo para abordar de manera significativa estos problemas, especialmente teniendo en cuenta que la mayoría de las grandes ciudades americanas están gobernadas por progresistas de izquierdas que creen que cualquier tipo de aplicación de la ley es intrínsecamente racista.
La última vez que el transporte público de la ciudad de Nueva York se consideró relativamente seguro para sus usuarios fue durante los mandatos de Rudy Giuliani y Michael Bloomberg como alcaldes, y sus administraciones fueron objeto de constantes críticas por parte de los progresistas por su política policial agresiva, especialmente en el metro. Los progresistas se oponían especialmente a que la policía detuviera a las personas por «saltar el torniquete» en lugar de pagar el billete:
Si la policía debe intervenir cuando alguien rompe reglas que se ven como menores, —como saltarse el torniquete—, fumar en el metro o poner música en un altavoz en un lugar público—, ha sido un debate constante desde que tengo memoria. Los críticos progresistas de la policía ayudaron a impulsar un movimiento para restarle importancia al cumplimiento del orden público, que terminó con fiscales y políticos adoptando políticas de no cumplimiento y despenalizando esos delitos.
Sin embargo, muchas, si no la mayoría, de las personas que cometen delitos en el transporte público son evasores de tarifas, incluido Decarlos Brown. Como los progresistas creen que la evasión de tarifas está más relacionada con la pobreza que con la desviación social (llaman a arrestar a los evasores «criminalizar la pobreza»), se oponen a cualquier medida para hacer cumplir las tarifas. De hecho, Zohran Mamdani, que casi con toda seguridad ganará las elecciones a la alcaldía de Nueva York en noviembre, quiere eliminar las tarifas de los autobuses urbanos y haría lo mismo con el metro si no estuviera gestionado por el gobierno del estado de Nueva York. Por lo tanto, es fácil imaginar que, en una administración Mamdani, el fraude en el transporte público se volverá aún más común y, del mismo modo, el transporte público y los espacios públicos se volverán aún más inseguros.
Esto no es un llamamiento a recuperar las acciones policiales de detención y registro que causaron mucha discordia social, especialmente entre los neoyorquinos negros, que parecían ser los más detenidos. Además, los autores de esta página no han dejado de criticar el comportamiento de la policía y han señalado que esta no tiene la obligación legal de proteger a las personas. No obstante, cuando este tipo de indiferencia por parte de las autoridades se combina con una ideología progresista que es muy tolerante con la desviación social y acepta al menos cierta violencia criminal, se abre la veda contra las personas respetuosas con la ley que se encuentran en el transporte público u otros espacios propiedad del gobierno.
Conclusión
En las últimas décadas, los progresistas han llegado a dominar los gobiernos de las grandes ciudades y han practicado abiertamente su ideología, especialmente en lo que se refiere a la protección de las personas contra los delitos violentos. Los progresistas creen que, dado que todos los policías son fundamentalmente racistas, es lógico que la protección policial sea una forma de privilegio blanco y, por lo tanto, ilegítima.
Esta situación no va a cambiar en un futuro próximo. Los demócratas progresistas dominan la política municipal y, dado el clima electoral en ciudades como Chicago y Nueva York, ambas con gobiernos muy progresistas, se puede suponer que las personas vulnerables seguirán siendo víctimas del comportamiento depredador y violento de personas que no tienen motivos para temer a las autoridades y que no se enfrentarán a la condena de las clases políticas.
