Muchos han leído que se avecina una crisis alimentaria y que hay una gran preocupación por la escasez de cereales. La razón principal de esta posible crisis es la invasión de Ucrania. Sin embargo, este no es el panorama completo.
Muchos países del mundo tienen un gran déficit de cereales, que son esenciales para alimentar al ganado. El principal culpable es la creciente intervención gubernamental, que ha hecho que los costes se disparen incluso en períodos de precios bajos de la energía y un nivel insostenible de restricciones que ha hecho imposible que los agricultores sigan sembrando y produciendo cereales.
En 2020, Ucrania produjo el 4% de la producción mundial de trigo y Rusia el 10%. Juntos producen casi tanto trigo como toda la UE, pero la razón es que la UE ha hecho imposible producir trigo de forma económica.
Según el sitio web de la Unión Europea, los principales costes (categorías de gasto) en la producción de cereales son las semillas, los fertilizantes, los productos de protección de cultivos y la maquinaria/infraestructura. Según el informe de la UE sobre las explotaciones cerealistas, el coste total medio de explotación de los cereales en la UE fue de 635 euros por hectárea en 2020. En cuanto a los cultivos, la UE admite que la producción de maíz tiene costes más elevados en todos los niveles, excepto en la protección de los cultivos, que es mayor en la producción de trigo blando.
Por lo general, las explotaciones de cereales en economías con altos niveles de intervención gubernamental ya tenían pérdidas en 2019, según el Centro de Agricultura Comercial. «Las pérdidas medias de las explotaciones típicas de Argentina, Australia, Indiana y Kansas fueron de 46, 1, 94 y 16 dólares por acre, respectivamente, durante el periodo de cinco años (114, 1, 231 y 39 dólares por hectárea, respectivamente). Las explotaciones alemanas tuvieron los mayores costes directos, de explotación y generales por hectárea (535, 573 y 506 dólares por hectárea, respectivamente)».
Mientras que la mayoría de las explotaciones medias arrojaron pérdidas incluso en los periodos prepandémicos, el mayor beneficio económico obtenido fue de 68 dólares por acre (167 dólares por hectárea) para la típica explotación rusa.
El aumento de los costes de producción se debe a las crecientes cargas administrativas, a las presiones medioambientales y al aumento de los impuestos para los agricultores en medio de períodos climáticos difíciles, como hemos visto en toda Europa. En Europa, los agricultores han visto cómo aumentaban los salarios mínimos y los impuestos directos e indirectos, además de la subida de los costes energéticos impulsada por el coste multiplicador de las emisiones de CO2, incluso antes de que el petróleo y el gas natural subieran debido a la guerra. El coste medio directo e indirecto ha aumentado incluso en los períodos en que la inflación de los insumos energéticos era baja. Esto ha hecho que los productores marginales reaccionen con menos rapidez a los cambios de precios y ha provocado que muchas explotaciones simplemente abandonen.
En cualquier otra circunstancia, el colapso parcial del suministro de Ucrania y Rusia no tendría un impacto significativo, como señala el analista Aaron Smith. «¿Qué tan comunes son los choques de mercado de esta magnitud? Las exportaciones de trigo rusas y ucranianas representaron el 7,3% de la producción mundial en 2020. La producción de trigo disminuyó un 6,3% en 2010, en parte debido a una sequía que redujo la producción rusa en 20 millones de toneladas métricas. También se produjeron grandes descensos similares en 1991, 1994, 2003 y 2018». Esto puede evitar una crisis alimentaria mundial, aunque países como Egipto, Líbano, Sudán y otros países de Oriente Medio y el Norte de África pueden tenerlo muy difícil, ya que entre el 60% y el 90% de su suministro de trigo procede de Ucrania y Rusia.
No podemos olvidar que las protestas de la «Primavera árabe» de finales de 2010 se produjeron tras la insoportable subida de los precios de los alimentos. El riesgo de que se produzca una situación similar ahora no es pequeño.
Los gobiernos de todo el mundo deberían haber aprendido de estas experiencias anteriores y haber aligerado las cargas administrativas y fiscales que pesan sobre la agricultura para permitir que el mercado ofrezca flexibilidad en momentos de preocupación por el suministro de una o dos naciones. En cambio, hemos visto más rigidez, impuestos y mayores restricciones que han limitado la posibilidad de aliviar los problemas de la cadena de suministro.
La excesiva reglamentación y los empujones gubernamentales impulsados por los costes han limitado la capacidad de los agricultores para afrontar con éxito los retos externos. Aumentar el mandato de los biocombustibles, que exige que un mínimo del 10% de toda la gasolina de EEUU proceda del etanol de maíz, cuando millones de personas pueden enfrentarse a la escasez de alimentos, es una de esas decisiones ilógicas.
Ni la guerra de Ucrania ni los duros cambios climáticos provocarían una escasez mundial de alimentos en un entorno normal de libre comercio y facilidad para hacer negocios. Si existe un riesgo de escasez de alimentos, éste proviene de años de limitar las posibilidades de los agricultores y de aumentar continuamente sus costes de producción con impuestos directos y ocultos innecesarios.
