Ley

Se afirma que las vacunas son extraordinariamente eficaces. Pero también se afirma que los no vacunados son una grave amenaza para los vacunados. ¿Cómo pueden ser ciertas ambas cosas al mismo tiempo?

Todo lo que fomente que la gente vea a los políticos como salvadores pone en peligro la libertad. Los controles gubernamentales van un paso por detrás de las subvenciones.

La realidad en las universidades hoy se convierte en realidad en las calles mañana. El trato privilegiado que reciben las mujeres en virtud del Título IX ha tenido profundas implicaciones en las audiencias por mala conducta sexual en los campus que amenazan el debido proceso para todos.

Los apologistas de los abusos policiales suelen afirmar que si un ciudadano acata las órdenes de la policía y hace lo que se le dice, no saldrá perjudicado. Las pruebas dicen lo contrario.

Los políticos locales han fingido que el asesinato de Lemp nunca ocurrió y los medios de comunicación los dejaron salirse con la suya —de la misma manera que la mayoría de los medios de comunicación de Nueva York cubrieron la catástrofe del hogar de ancianos del gobernador Andrew Cuomo el año pasado.

Cuando la policía escaneó ineptamente la matrícula de un coche y decidió erróneamente que el coche era robado, procedió a obligar a un grupo de niños a tirarse al suelo a punta de pistola. ¿Calificará esto como una violación de derechos si no existe la «inmunidad cualificada»? Los tribunales decidirán.

Dominion Voting Systems es una empresa privada sólo de nombre. Es una agencia gubernamental de facto que obtiene sus ingresos a través de la explotación de los contribuyentes. Como tal, debería considerarse inelegible para demandar a nadie por difamación.

Quienes se oponen a los derechos naturales suelen afirmar que éstos no son reales porque no tienen límites claros. Afirman que necesitamos un Estado para establecer estos límites. Rothbard demostró que esta afirmación es débil en el mejor de los casos.

El presidente Joe Biden ha prometido poner un «rápido fin» a las regulaciones del Título IX de la administración Trump y volver a las de la era Obama en las universidades. Si esto sucede, no habrá ningún proceso debido para los acusados de mala conducta sexual.

Las leyes contra la incitación —al igual que las leyes de difamación— son ataques directos a los derechos humanos básicos y a la libertad de expresión. Ambas ponen en peligro legal a personas no violentas por el mero «crimen» de expresar opiniones.