El Departamento de Justicia de EEUU demandó el lunes al estado de Texas por las barreras flotantes instaladas por el gobierno estadual en el río Grande. El gobierno estadual había instalado la barrera para bloquear el paso de migrantes procedentes de México. La medida se suma a otros esfuerzos del estado por controlar el acceso a la frontera, como la colocación de alambre de espino a lo largo de muchas zonas de la frontera. Reuters informa:
Las autoridades de Texas empezaron a instalar la cadena de boyas en medio del río, cerca de Eagle Pass (Texas), la semana pasada, como parte de la iniciativa del Gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, denominada Operación Estrella Solitaria, para disuadir a los migrantes.
«Denunciamos que Texas ha burlado la ley federal al instalar una barrera en el Río Grande sin obtener la autorización federal requerida», dijo en un comunicado la fiscal general adjunta Vanita Gupta. «Esta barrera flotante supone una amenaza para la navegación y la seguridad pública y plantea problemas humanitarios».
La demanda, presentada ante la Corte de Distrito de EEUU en el Distrito Oeste de Texas, pretende «eliminar todas las estructuras y obstrucciones, incluida una barrera flotante y toda la infraestructura relacionada con la barrera flotante, en el Río Grande», según la presentación judicial.
Esta última demanda pone de relieve la continua intervención de tecnócratas federales que pretenden anular las políticas de los estados fronterizos que realmente tienen que hacer frente a las realidades de los cruces fronterizos y las grandes poblaciones de inmigrantes.
En Washington, donde la mayoría de los funcionarios electos pasan casi todo el año viviendo en el área metropolitana de Washington, la frontera entre EEUU y México es un lugar lejano. Además, la gente corriente que vive realmente cerca de la frontera no es algo que preocupe demasiado a los miembros millonarios del Congreso y a los vividores federales que trabajan en la burocracia. Mientras tanto, el gobierno central de Washington sigue afirmando que tiene la última palabra en materia de inmigración, aunque el gobierno federal no tiene verdadera autorización legal para hacerlo. Esto crea un ejemplo típico de cómo trabajan los responsables políticos cuando no tienen nada que hacer. Cuando el gobierno federal es el que manda, los que realmente tienen algo que decir en las regiones cercanas a la frontera no son los que dictan las normas. Son las élites de Washington, a miles de kilómetros.
No siempre fue así, por supuesto. Como hemos demostrado aquí en mises.org, la idea de que el control de la inmigración es un asunto federal data sólo de la década de 1880, y se convirtió en un lugar común sólo en el siglo XX. Antes de esa época, se reconocía que la Constitución de EEUU significa lo que dice: el gobierno federal se encarga de la naturalización, mientras que el control de la inmigración no se encuentra entre los poderes federales enumerados. Por tanto, constitucionalmente, la inmigración es competencia de los gobiernos estaduales y locales.
Esto no significa, por supuesto, que los gobiernos estaduales y locales puedan conocer el número «correcto» de inmigrantes. El gobierno de Austin no puede saberlo mejor que el de Washington. Sin embargo, es más probable que una política descentralizada refleje la diversidad de condiciones que existen en las distintas economías del país, al tiempo que ofrece más opciones a los contribuyentes en general. Después de todo, centralizar la política en Washington suele tener como resultado la imposición de una única política mala (y costosa) de manera uniforme en todo el país.
(Cabe señalar, por cierto, que un control más localizado no significa necesariamente menos inmigración. Históricamente, las distintas regiones del país han respondido de forma muy variada a la inmigración. Siendo las realidades políticas como son, las partes del país con escasez de mano de obra han estado históricamente más a favor de la inmigración que otras zonas).
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