El 16 de septiembre votaron doce personas. El resultado fue de 12 a 0. El Comité Federal de Mercado Abierto subió el tipo de interés de los fondos federales un cuarto de punto, hasta situarlo entre el 3,75 % y el 4 % —la primera subida desde 2023—. Ninguna de esas doce personas firmó una hipoteca ese mes.
Seis días antes de la votación, Freddie Mac indicaba un tipo de interés fijo a 30 años del 6,76 %. Ocho días después de la votación: 7,03 %. En una hipoteca de 300 000 dólares, eso supone 53 dólares más al mes —19 080 dólares a lo largo de treinta años, en términos nominales y sin descontar—. Las doce personas que votaron no lo pagarán; lo hará la familia que se presente en la firma de la hipoteca.
Antes de señalar la ley que se infringió, hay que dejar claro el mecanismo. La Fed fija el tipo interbancario a un día, no el tipo hipotecario. La hipoteca a 30 años sigue el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años. Los bancos compiten por la concesión de hipotecas dentro del margen por encima de ese tipo. Ningún banco se embolsó una ganancia inesperada el 16 de septiembre. La semana anterior a la votación, Freddie Mac ya estaba en el 6,71 %. Seis días antes de la votación: 6,76 %. Ocho días después: 7,03 %. El movimiento ya estaba en marcha cuando la comisión votó, y continuó después. El prestatario paga más porque el dinero cuesta más en todo el sistema. Ese es el mecanismo. Ahora, la ley.
La Ley de la Reciprocidad no tiene que ver con el robo, sino con quién asume las consecuencias de una decisión. En cualquier sistema basado en el intercambio, quienes toman una decisión deben asumir las consecuencias de la misma. En el momento en que alguien puede fijar un precio sin pagarlo —eso es explotación—, no porque nadie haya robado nada, sino porque la decisión y las consecuencias recaen en personas diferentes.
Doce personas fijan el coste del crédito para todos los estadounidenses que solicitan un préstamo. Ellas fijan el precio. Pero no son ellas quienes lo pagan. Lo paga la familia con la hipoteca. Lo paga el constructor que contaba con esa venta. La empresa de títulos de propiedad, el almacén de madera, el fabricante de electrodomésticos… Ninguno de ellos tuvo voz ni voto en la decisión.
La Ley de la Reciprocidad describe con precisión ese desequilibrio. Cuanto mayor es la brecha entre quienes deciden y quienes asumen las consecuencias, más dura es la corrección cuando llega.
El constructor paga. El agente inmobiliario paga. Los profesionales que hay detrás de cada firma de contrato pagan. Una simple decisión sobre los tipos de interés tomada en Washington tiene repercusiones en las cadenas de suministro que nunca han podido votar, nunca han enviado a un representante y nunca aparecerán en las actas de la comisión.
Si no existiera ningún comité, el mercado fijaría el tipo de interés por sí mismo. Cada ahorrador decidiría qué rentabilidad necesita y cada prestatario decidiría cuánto puede permitirse: millones de esas decisiones darían como resultado un tipo de interés real. No sería perfecto. Pero quienes lo fijaran serían los mismos que lo pagaran. Eso es un intercambio. Lo que tenemos ahora no lo es.
Lo que hace la Reserva Federal ocho veces al año es sustituir un tipo de interés fijado mediante votación por uno determinado por el mercado. No se trata de un problema de competencia, sino de un problema estructural. Cuando quienes fijan un precio no lo pagan, la Ley de la Reciprocidad empieza a acumular una deuda.
