Los libros de texto de introducción a la economía dedican una atención considerable al fracaso del mercado: el poder de monopolio, las externalidades, los bienes públicos y la información asimétrica. Sin embargo, el fracaso del gobierno merece el mismo escrutinio.
Los mercados están formados por seres humanos imperfectos, al igual que los gobiernos. Los legisladores, los reguladores y los funcionarios públicos tienen conocimientos limitados, una previsión imperfecta y sus propios incentivos. El hecho de que exista una falla de mercado no significa que la intervención del gobierno vaya a mejorar el resultado. La comparación relevante es la que se hace entre alternativas viables.
La crisis financiera de 2008 ilustra el problema. Los bancos, las entidades que otorgaban hipotecas y los inversionistas cometieron graves errores. Pero el gobierno no fue simplemente un espectador que llegó después para rescatar al sistema financiero. Los reguladores supervisaban a las principales instituciones financieras, establecían normas importantes que las regían y contaban con facultades de las que no disponían los participantes comunes del mercado.
Una investigación de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental reveló que los reguladores habían identificado numerosas deficiencias en los sistemas de gestión de riesgos de las principales instituciones financieras antes de la crisis. Sin embargo, los reguladores no siempre tomaron medidas enérgicas. En algunos casos, se basaron en gran medida en las garantías de la administración y no evaluaron plenamente la magnitud de los riesgos hasta que las instituciones ya se encontraban bajo una presión extrema.
Esto no fue necesariamente corrupción o incompetencia. Ilustra un problema económico más fundamental: los funcionarios públicos responden a los incentivos de la misma manera que lo hacen los actores del sector privado. Pero las consecuencias a las que se enfrentan pueden ser muy diferentes.
Cuando una empresa privada toma repetidamente decisiones desastrosas, puede perder clientes, inversionistas, empleados y, en última instancia, su propia existencia. Es cierto que los mercados no imponen una disciplina perfecta —los ejecutivos pueden ser recompensados antes de que las pérdidas se hagan evidentes, y los rescates financieros pueden proteger a las instituciones en quiebra—, pero las empresas pueden desaparecer. Los organismos reguladores, por lo general, no.
Los funcionarios que cometen errores de juicio, por lo general, no sufren pérdidas personales comparables a las de los accionistas, cuyo capital se esfuma. En cambio, las agencias pueden recibir nuevas normas, responsabilidades y recursos tras una crisis. Esto genera un riesgo moral en el gobierno: una autoridad considerable sobre las decisiones económicas de otras personas, combinada con una exposición personal limitada a las consecuencias de los errores regulatorios.
Reconozco que esto amplía la definición convencional de riesgo moral. Pero el problema subyacente de los incentivos es similar: quienes toman las decisiones ejercen su autoridad sin estar totalmente expuestos a las consecuencias cuando sus decisiones resultan erróneas. Esto no implica que los reguladores sean perezosos, malintencionados o innecesarios. El problema es institucional, no personal.
Por lo tanto, la economía debería evaluar la intervención del gobierno utilizando la misma disciplina analítica que aplica a los mercados. Cada vez que se proponga una intervención para corregir una falla del mercado, deben plantearse cuatro preguntas: ¿Quién cuenta con mejor información? ¿Quién asume las consecuencias cuando la decisión es errónea? ¿Con qué rapidez se pueden corregir los errores? ¿Se puede reemplazar a una institución que falla repetidamente?
El error radica en comparar un mercado imperfecto con un gobierno imaginario que cuenta con información perfecta, incentivos perfectos y una previsión perfecta. La comparación adecuada es entre alternativas reales e imperfectas.
La economía nos enseña que los incentivos son importantes. Esa lección debería aplicarse con el mismo rigor tanto a quienes regulan los mercados como a quienes participan en ellos.
