Javier Milei no se anduvo con rodeos en las Naciones Unidas. Al dirigirse a la Asamblea General, el presidente de Argentina, calificó a la ONU de «organización inútil» y atacó lo que él considera una burocracia internacional arraigada. El lenguaje es característico de Milei, pero detrás de la retórica se esconde un problema económico más fundamental: el problema del cálculo económico.
Es bastante fácil identificar las acciones de las Naciones Unidas que la mayoría de la gente consideraría beneficiosas. Las agencias de la ONU vacunan a los niños, alimentan a las personas durante las hambrunas, ayudan a los refugiados y llevan a cabo operaciones de mantenimiento de la paz. Las investigaciones han encontrado evidencia de que el mantenimiento de la paz puede reducir las bajas civiles y las muertes en el campo de batalla. Dicha evidencia hace que sea difícil sostener la afirmación literal de que todo lo que hace la ONU es inútil.
Pero la crítica de Ludwig von Mises a la asignación burocrática apunta a una cuestión diferente. Observar un resultado beneficioso no nos indica si los recursos utilizados para producirlo se emplearon de manera eficiente desde el punto de vista económico. Un programa puede producir algo deseable al tiempo que consume recursos que los individuos habrían valorado más en algún otro uso. Fuera de un proceso de mercado, no existe un mecanismo confiable para descubrir esa diferencia.
¿Dónde está la prueba de mercado?
Una empresa privada se enfrenta a una prueba implacable. Los consumidores deciden si compran su producto, los inversores deciden si arriesgan su capital y los competidores intentan ofrecer alternativas. Las ganancias y las pérdidas proporcionan información sobre si los recursos escasos se están transformando en productos que los consumidores valoran más que las alternativas sacrificadas para producirlos.
Una burocracia internacional no se enfrenta a la misma prueba. Sus ingresos provienen en gran medida de los gobiernos, cuyos ingresos, a su vez, provienen en gran parte de los impuestos y no de compras voluntarias. El contribuyente no puede, por lo general, rechazar el servicio de la ONU y quedarse con su parte del dinero. Por lo tanto, no existe una transacción de mercado que revele que quienes ceden los recursos valoran los servicios resultantes más que los usos alternativos de dichos recursos.
En cambio, se podría intentar medir si los «beneficios sociales» de la ONU superan sus costos, pero esto se topa con el mismo problema. Supone que a los beneficios sociales se les puede asignar un valor y compararlos con los gastos monetarios. Sin un intercambio voluntario ni precios de mercado para los productos relevantes, no existe un cálculo de ganancias y pérdidas capaz de realizar esa comparación.
66 mil millones de dólares sin pérdidas ni ganancias
El sistema de la ONU reportó gastos por aproximadamente 66 mil millones de dólares en 2024. Alrededor de 7.6 mil millones de dólares se clasificaron como «funciones de apoyo», que incluyen dirección ejecutiva, comunicaciones, asuntos jurídicos, supervisión, tecnología de la información, finanzas, administración, adquisiciones, seguridad y recursos humanos. Estas cifras nos indican cuántos recursos se consumieron, pero no nos permiten saber si esos recursos se emplearon de manera económica.
Toda gran organización necesita administradores, contadores, gerentes, tecnología y un departamento de compras. La pregunta es: ¿en qué medida? En una empresa privada, los costos administrativos excesivos terminan afectando las ganancias y las pérdidas. Si los clientes no pagan lo suficiente para cubrir los recursos consumidos, la administración debe cambiar o el capital se agota. Una burocracia puede medir su gasto administrativo y sus resultados, pero carece del mismo mecanismo para determinar si esos recursos habrían sido más valiosos en otro lugar.
La remuneración en la ONU ilustra el problema. Según el principio de Noblemaire, la remuneración profesional se compara con la del servicio civil nacional mejor pagado, que actualmente es el servicio civil federal de EEUU . Si bien puede haber explicaciones razonables para una remuneración relativamente alta, como la competencia entre organizaciones internacionales por trabajadores especializados, la rotación de personal entre países y la presencia de algunos empleados en lugares de difícil acceso, en una empresa competitiva, la remuneración se ve limitada por la rentabilidad. No existe una señal de mercado equivalente que indique a la ONU si un empleado adicional genera un valor superior a los recursos necesarios para su contratación.
Lo que la UN80 puede —y no puede— decirnos
Las propias Naciones Unidas están intentando reducir la duplicación y los costes administrativos a través de su iniciativa UN80 , que incluye la consolidación de plataformas administrativas, el traslado de algunas funciones a lugares con menores costes, la reorganización de las operaciones y la revisión de los mandatos acumulados durante décadas.
Supongamos que estas reformas reducen el personal y los gastos, mientras que la ONU distribuye la misma cantidad de alimentos, vacuna al mismo número de niños y lleva a cabo, más o menos, las mismas actividades de mantenimiento de la paz. Eso proporcionaría evidencia útil sobre la eficiencia técnica: anteriormente, la organización consumía más recursos para producir resultados medibles similares. Sin embargo, eso no nos diría si el gasto restante está justificado desde el punto de vista económico.
Lo contrario también es cierto. Si las reducciones en el gasto dieran lugar a menos vacunas o servicios para refugiados, eso demostraría que los recortes redujeron resultados específicos. No demostraría que los contribuyentes valoraran ese resultado adicional más que los bienes y servicios que se podrían haber producido con esos recursos. El análisis empírico puede medir los gastos, los resultados y la eficiencia técnica, pero no puede inventar la valoración de mercado que habría revelado el intercambio voluntario.
El punto más profundo de Milei
Por eso no se debe confundir el producto con el valor económico. Los informes publicados, las reuniones celebradas, las vacunas entregadas, los refugiados atendidos y las fuerzas de mantenimiento de la paz desplegadas nos indican lo que hizo una organización. No nos indican si los beneficios resultantes superaron el costo de oportunidad de los recursos utilizados.
Tampoco un modelo de costo-beneficio lo suficientemente sofisticado puede resolver el problema por completo. Asignar valores monetarios a las vidas salvadas, los conflictos evitados o los refugiados a quienes se ha prestado asistencia puede proporcionar información útil, pero esas estimaciones no reflejan las decisiones que las personas habrían tomado con sus propios recursos.
Por lo tanto, la descripción que hace Milei de las Naciones Unidas como una organización inútil es demasiado generalizada si se interpreta al pie de la letra. Un niño que recibe una vacuna ha recibido algo útil, y un refugiado que recibe alimentos ha recibido algo útil. Pero la utilidad no es lo mismo que el valor económico. Una crítica económica más fundamental a la ONU no es que los economistas hayan calculado su retorno social y hayan descubierto que es negativo. Es que no existe tal cálculo.
La institución consume recursos escasos sin el sistema de intercambio voluntario, los precios de mercado y las ganancias y pérdidas que permiten a los participantes en el mercado descubrir si los recursos se están destinando a usos de mayor valor. El informe UN80 puede poner de manifiesto la duplicación y el desperdicio, y esos hallazgos son importantes, pero no puede indicarnos cuál es el tamaño económicamente adecuado de las Naciones Unidas. Eso no es simplemente un problema de gestión ineficiente; es el problema del cálculo económico.
