En una reciente ceremonia de graduación en una de las facultades de derecho más antiguas y prestigiosas de América Latina, los jóvenes abogados aplaudieron una visión de la autoridad en la que la ley ya no funciona como un límite al poder, sino como su instrumento. No se trataba de un ritual académico trivial ni de un momento de entusiasmo juvenil, sino de una señal social reveladora. Cuando quienes han sido formados para defender el debido proceso celebran su suspensión, el problema ya no es meramente jurídico, sino civilizatorio.
Este episodio tuvo lugar en Brasil, pero su significado no es local. El Brasil actual ofrece un claro ejemplo de una tendencia global más amplia: la transformación del derecho de un sistema de restricciones generales a una herramienta flexible para gestionar las emergencias percibidas. Para comprender por qué los futuros juristas aplauden este cambio, es necesario mirar más allá de las personalidades y fijarse en las ideas que ahora dan forma a la propia educación jurídica.
La Corte Suprema de Brasil ha acumulado gradualmente una concentración inusual de funciones. Bajo la justificación recurrente de «defender la democracia», la Corte ha autorizado acciones de investigación, enjuiciamiento y judiciales dentro de su propia esfera institucional. Si bien este acuerdo ha sido formalmente respaldado por la Corte, ha normalizado un modelo de gobernanza en el que los procedimientos excepcionales ya no son respuestas temporales a las crisis, sino métodos permanentes de gobierno.
Un juez de la Corte Suprema de Brasil se ha convertido en un símbolo visible de esta lógica institucional más amplia. Su papel en la consolidación del marco de investigación conocido como Investigación 4.781, posteriormente validado por la Corte en ADPF 572, ejemplifica una cultura jurídica cada vez más cómoda con la improvisación procesal. La importancia de este ejemplo no radica en el individuo, sino en el precedente: un poder judicial que enseña, con la práctica, que la forma jurídica puede ceder cuando la urgencia lo exige.
Esta inversión fue diagnosticada hace mucho tiempo por Frédéric Bastiat. En La ley, Bastiat argumentó que la ley no existe para perfeccionar la sociedad, sino para restringir la fuerza. Cuando la ley abandona esta función negativa y comienza a actuar a favor de fines superiores, se produce una silenciosa inversión moral. El instrumento diseñado para proteger los derechos se convierte en el medio para violarlos bajo la apariencia de la legalidad. El saqueo legal, advertía Bastiat, no requiere una tiranía manifiesta. Solo requiere la creencia de que la ley puede reformularse según la urgencia del momento. El peligro no reside en la excepción aislada, sino en la pedagogía que entrena a generaciones enteras para aceptar las excepciones como método.
Sin embargo, el diseño institucional por sí solo no explica el entusiasmo con el que los jóvenes juristas abrazan esta lógica. Alexis de Tocqueville ofrece la clave psicológica que faltaba. En La democracia en América, no advirtió sobre los déspotas brutales, sino sobre un poder tutelar —administrativo, benevolente y protector— acogido por ciudadanos que ya no desean la libertad como responsabilidad, sino como comodidad. Ese poder no coacciona, sino que guía. No silencia, sino que tranquiliza. Con el tiempo, moldea las preferencias hasta que la sumisión se percibe como cuidado. Cuando la excepción se presenta como protección, la servidumbre deja de imponerse y se convierte en una elección.
La teoría política clásica refuerza este diagnóstico. Para John Locke, en el Segundo tratado sobre el gobierno, la autoridad política es fiduciaria. Existe únicamente para salvaguardar los derechos prepolíticos. Cuando el poder excede ese mandato, se convierte en fuerza, independientemente de la ornamentación legal.
Montesquieu, en El espíritu de las leyes, llegó a una conclusión similar desde un punto de vista institucional. La concentración de las funciones investigativas, legislativas y judiciales es incompatible con la libertad, independientemente de las intenciones. La libertad no depende de la virtud, sino de la estructura.
Friedrich Hayek explicó más tarde por qué estos sistemas rara vez colapsan de forma dramática. En La constitución de la libertad, demostró que la libertad se pierde normalmente a través de los precedentes, no de la revolución. Las decisiones ad hoc desplazan gradualmente las normas generales. Las medidas excepcionales se consolidan en marcos permanentes. Lo que comienza como una respuesta de emergencia se convierte en gobernanza ordinaria.
Por lo tanto, lo que está sucediendo en Brasil no es una anomalía, es una advertencia. Cuando las facultades de derecho educan a los futuros abogados para que admiren a quienes eluden los límites legales por razones aparentemente nobles, dejan de formar guardianes del estado de derecho y comienzan a formar gestores de la excepción permanente. Los aplausos, en este sentido, no son un detalle, son un síntoma. El futuro de la libertad no se decidirá solo en las cortes o en las constituciones, sino en las aulas que enseñan, u olvidan, que la ley existe precisamente para frenar a quienes pretenden actuar en su nombre.
