En las últimas semanas, políticos alemanes y franceses han criticado la libertad de expresión, y especialmente el concepto de «libre expresión» tal como se ha concebido desde hace tiempo en la tradición libertaria de los derechos naturales. El 29 de septiembre, el presidente francés Emmanuel Macron afirmó que «la llamada ‘libre expresión’ americana de hoy, que algunas personas han promovido, es lo opuesto a la libertad de expresión». Macron comparó el hablar libremente con caminar por la calle agrediendo a otras personas.
Una semana antes, el canciller alemán Friedrich Merz declaró: «nadie venga a hablarme de libre expresión!». Afirmó que debemos «seguir pudiendo proteger a los ciudadanos de la información falsa».
Ambos se referían a temas relacionados con la expresión en línea a través de las redes sociales y plataformas similares. Ambos ven un grave peligro para la clase dominante en la capacidad que tienen los usuarios no verificados o anónimos de publicar opiniones libremente.
En ambos casos, estos ataques a la libertad se han dado en el contexto de los repetidos esfuerzos de los gobiernos europeos por imponer nuevas regulaciones a las plataformas de redes sociales para limitar la libre expresión.
Esto lleva sucediendo desde hace varios años. Por ejemplo, en febrero, Macron afirmó que «la libre expresión es una pura tontería».
En Europa, el tema del anonimato no es un asunto menor. En Alemania, hay una verdadera «policía del discurso» que detiene a ciudadanos comunes simplemente por decir cosas en línea o compartir memes. Es fácil ver por qué el anonimato podría ser una herramienta esencial para publicar ideas y hechos que no le agradan al régimen.
Un régimen europeo que insista en abolir el anonimato en línea equivale, en esencia, a anunciar que esos regímenes quieren tener la capacidad de realizar más detenciones por «discurso indebido». Este es un problema cada vez mayor en toda Europa, y un estudio de 2025 concluyó que la policía británica realizaba 30 detenciones al día por «mensajes ofensivos en línea» no violentos. Según la ley británica, se puede ser procesado por herir los sentimientos de otra persona. No es así como lo describen los defensores británicos, por supuesto, pero esa es la realidad esencial.
Eufemismos para la censura
Ya sea que hablemos de Francia, el Reino Unido o Alemania —todos lugares donde los enemigos despóticos de la libertad de expresión parecen tener vía libre—, las fuerzas de esos regímenes, por supuesto, no dicen abiertamente que apoyan la censura.
Enmascaran su censura con el lenguaje suave de la ideología de izquierda. Alegan que la libertad de expresión debe regularse para combatir el «discurso de odio», para velar por el «bien común» o para luchar contra la «desinformación».
Es decir, en los últimos años, los políticos europeos han insistido en que el discurso se ajuste a «un marco común» —por usar las palabras de Macron— y que se rija por algún estándar que determine qué es «información falsa».
Pero ahí está el problema: ¿quién determinará qué entra dentro de este marco común? ¿Quién determinará qué constituye «información falsa»? Son la oligarquía gobernante y sus aliados políticos, por supuesto, quienes determinarán si se permite expresar libremente algún hecho o idea propuesta.
Las élites gobernantes decidirán si un sentimiento o una frase deben definirse como «discurso de odio» y, por lo tanto, serán sancionados por la policía estatal y los carceleros del régimen. Las élites gobernantes determinarán qué es «ciencia» y, por lo tanto, qué constituye «desinformación». Esto quedó plenamente de manifiesto en los Estados Unidos durante el pánico por el COVID, cuando el funcionario gubernamental Anthony Fauci declaró, en la práctica: «Yo soy la ciencia».
Es a través de estas «excepciones» a la libertad de expresión —creadas por el Estado y que suenan razonables— que el régimen introduce de manera encubierta su despotismo.
Por ejemplo, este ha sido el caso durante muchos años con las leyes de difamación. Quienes defienden las sanciones legales por «difamación» abogan, en esencia, por la censura gubernamental para combatir los sentimientos heridos. Además, durante siglos, los gobiernos han utilizado las leyes de difamación como un medio para castigar las críticas al régimen. Las leyes contra la «difamación sediciosa» —empleadas por los reyes absolutistas de antaño— siempre han sido, en esencia, leyes contra la libre expresión.
Un ataque a la verdad misma
Las personas que sean sancionadas directamente no serán las únicas víctimas de esta censura. La verdad y el pensamiento crítico serán las verdaderas víctimas, ya que a los súbditos del régimen ya no se les permitirá examinar de manera plena y pública la veracidad de las afirmaciones realizadas por las élites gobernantes. Esto significa que la «verdad» será lo que el régimen diga que es.
Este problema de utilizar la libre expresión para ocultar y distorsionar la realidad misma fue bien descrito hace más de 100 años por el libertario radical defensor del libre mercado Vilfredo Pareto. Pareto no era un demócrata ingenuo que pensara que la libertad pudiera protegerse necesariamente mediante elecciones o constituciones escritas. Pero sí entendía que la libre expresión es el fundamento mismo de una sociedad libre, independientemente del tipo de régimen o de cualquier otra libertad que pudiera estar protegida por escrito.
A pesar de que Pareto se enfrentaba al auge de los socialistas radicales violentos en Italia —y dudaba profundamente de la capacidad del Estado liberal para hacerle frente—, nunca vaciló en cuanto a la importancia fundamental de la libre expresión. Es decir, Pareto se mantuvo como un defensor acérrimo y dogmático de la libre expresión, y en esto se asemejaba a casi todos los libertarios que lo precedieron, desde el anarcocapitalista Molinari hasta los revolucionarios americano.
No es de extrañar, pues, que Pareto concluyera que no existían «factores atenuantes» que pudieran limitar legítimamente la libre expresión en nombre de algún bien común. En un escrito de 1916, afirmó:
[A]ntes de que una teoría pueda considerarse verdadera, es prácticamente indispensable que exista total libertad para cuestionarla. Cualquier limitación, incluso indirecta y por muy remota que sea, impuesta a quien decida contradecirla, es suficiente para arrojar sospechas sobre ella. Por lo tanto, la libertad de expresar el propio pensamiento, incluso en contra de la opinión de la mayoría o de todos, incluso cuando ofenda los sentimientos de unos pocos o de muchos, incluso cuando sea generalmente considerada absurda o criminal, siempre resulta favorable para el descubrimiento de la verdad objetiva (concordancia de la teoría con los hechos). (...)
Pareto insiste además en que no puede haber excepciones, ni siquiera con el fin de proteger «verdades» que desde hace mucho se consideran valiosas. Ni siquiera aquellas afirmaciones que se consideran esenciales para el humanitarismo pueden considerarse a salvo del escrutinio de la libertad de expresión. Continúa diciendo:
Tampoco se puede hacer una excepción con los dogmas humanitarios, ni con los dogmas de la religión del sexo tan queridos por el senador Berenger y otros genios de la misma talla.1 Mantengamos este punto bien presente: no hay libertad científica a menos que todo esté abierto a la duda —incluso la geometría de Euclides y el espacio tridimensional—. Es ridículo decir que uno está dispuesto a conceder libertad para la «verdad», pero no para el «error»; pues lo que está en juego no es otra cosa que descubrir dónde reside la «verdad» y dónde el «error»; y esto no puede resolverse si el «error» no puede defenderse con todas las razones posibles que puedan presentarse a su favor.1 Solo después de que dichas razones hayan sido refutadas de manera válida se confirma el juicio de error —a la espera de una investigación más profunda. Muchas personas no comprenden esto, porque al juzgar la verdad o el error sustituyen el criterio lógico-experimental por un criterio sentimental.2
Es evidente que el hecho de que la libertad de expresión se encuentre hoy tan amenazada en Europa no es más que la prueba más reciente de lo mucho que ha perdido popularidad el antiguo liberalismo histórico en Europa. Cada año, Europa abraza con mayor entusiasmo sus peores tendencias, en las que los derechos humanos son repetidamente dejados de lado para proteger los «derechos» de quienes gobiernan el continente. Sin embargo, la antipatía hacia la libertad de expresión también demuestra la debilidad de los regímenes europeos y sus programas políticos. Si los Estados alemán, francés y británico no estuvieran tan lastrados por la división política, el declive económico y el descontento público, no tendrían tanto miedo.
Los americanos aún no han llegado tan lejos por este camino. Pero ya se están sentando las bases. Los republicanos apoyan leyes que consideran que toda crítica a cierto gobierno extranjero es «antisemitismo» y, por lo tanto, «discurso de odio». La pandemia del COVID-19 dejó al descubierto el entusiasmo de la izquierda americana por la tiranía contra la libre expresión. Todo lo que se necesita para que la Primera Enmienda sea eliminada es que un puñado de jueces federales esté de acuerdo con los enemigos de la libertad. No hay ninguna garantía.
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Esto parece ser una referencia a la idea, defendida por algunos integralistas católicos y ultramontanistas de línea dura, según la cual «el error no tiene derechos» cuando se trata de teorías políticas que supuestamente entran en conflicto con las enseñanzas católicas. El gran libertario católico Lord Acton no formaba parte de estos grupos.
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Vilfredo Pareto, La mente y la sociedad, ed. Arthur Livingston (Nueva York: Harcourt, Brace, and Company, 1935), p. 343. El libro de Pareto se publicó originalmente en italiano en 1916, bajo el título Trattato di Sociologia Generale: Disponible en línea: https://archive.org/details/mindsocietytratt01pare/page/342/mode/2up
