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Las soluciones a la crisis de la asequibilidad no vendrán del gobierno

En medio de una importante debilidad del mercado laboral, problemas de liquidez en los mercados monetarios y un mayor escrutinio de ciertas burbujas del mercado de capitales, se ha hecho evidente para todos que existe una crisis de asequibilidad.

A medida que la «burbuja de todo» retrocede temporalmente, ya no distrae por completo del daño económico creado por el dinero fácil y la inflación. Impulsados por la impresión frenética de dinero desde 2008, —sobre todo tras la crisis subprime y el pánico por el COVID—, los precios se han disparado a medida que el dólar se ha devaluado.

Los precios de la vivienda, según el índice Case-Shiller, han subido a una tasa anual de casi el 7 % desde sus mínimos a principios de 2012.

El índice S&P 500 se ha multiplicado casi por diez desde sus mínimos de 2009, y cualquier caída significativa se ha visto respaldada por las inyecciones de liquidez de una Reserva Federal que alimenta la burbuja.

Las primas de la asistencia médica y los seguros de salud han subido a un ritmo mucho más rápido que la mayoría de las categorías, lo que supone una señal preocupante para una población cada vez más obesa y poco saludable.

Incluso el IPC, —un indicador gubernamental que pretende medir el nivel general de precios en la economía de los EEUU—, indica que los salarios nominales apenas han seguido el ritmo de esta medida de la inflación de los precios, lo que significa que el crecimiento de los salarios reales ha sido anémico durante algún tiempo.

Los americanos están ahora preocupados por la especulación y el juego, y muchos se endeudan para perseguir las ganancias desbocadas del mercado de capitales. Como prueba de ello, los saldos de los préstamos con margen y la deuda de los hogares han alcanzado recientemente máximos históricos, al mismo tiempo que las visitas a los casinos.

Es difícil imaginar una imagen más clara de la delincuencia moral y el estancamiento económico, especialmente entre los asalariados de clase media, pero esta verdad ha quedado eclipsada durante algún tiempo por la persistente manía especulativa en los mercados de activos, alentada por sucesivas administraciones y un banco central pasivo.

Con un poco de capacidad de percepción, se pueden ver las relaciones de causa-efecto existentes. La interferencia del gobierno en la economía —posiblemente tras un aumento artificial a corto plazo de la actividad— conduce a distorsiones de naturaleza inflacionista. Estas distorsiones alcanzan finalmente un nivel tal que «se debe» tomar medidas políticas. La acción política conduce a una distorsión aún mayor, que repite el ciclo de intervención-distorsión en forma de función escalonada, de modo que la participación acumulativa del gobierno en la economía siempre aumenta en ráfagas discretas, lo que conduce a un afianzamiento casi total y al eclipse gradual de las funciones del libre mercado.

Agarrar el extremo equivocado del palo

H. L. Mencken dijo que la gente común sabe lo que quiere y merece obtenerlo, bien y con fuerza. En ese sentido, los comentaristas opinan ahora enérgicamente sobre lo que el gobierno «debe» hacer para resolver la crisis de la asequibilidad.

Una sugerencia proviene del American Enterprise Institute. Este instituto defiende que se necesita un «Plan Marshall» para que las viviendas vuelvan a ser asequibles y el sueño americano vuelva a encarrilarse. «Se necesita una acción audaz y visionaria» o algo por el estilo. Es el tipo de palabrería que le encanta a la clase política.

El gordito idiota Bill Pulte, director de la Administración Federal de Vivienda de Trump, ha sugerido una hipoteca a 50 años para mejorar el mercado inmobiliario. Las desventajas obvias de esta idea ya han sido señaladas acertadamente, así que no las repetiré. Pero la premisa errónea subyacente debería ser evidente: la imposición gubernamental bajo el pretexto de la innovación nunca puede igualar al libre mercado cuando se trata de crear verdadera prosperidad.

En un intento más discreto dirigido a la vivienda, Pulte también propone hipotecas «portátiles». Inicialmente confundida con la asumibilidad —la característica de mantener el préstamo y la garantía mientras se cambia el prestatario—, la portabilidad implica mantener el préstamo y el prestatario mientras se cambia la garantía. En otras palabras, permite a los propietarios transferir sus hipotecas a una nueva vivienda que compren. Este tipo de manipulación burocrática ha sido ignorada por los mercados hasta ahora porque socava uno de los principios fundamentales de los préstamos —la conexión entre un préstamo y la calidad de su garantía subyacente.

Al igual que la hipoteca a 50 años, la portabilidad no es un intento de mejorar la asequibilidad de la vivienda, sino de aumentar el volumen de ventas de viviendas, lo que ejerce una presión al alza sobre los precios.

Otra táctica cínica que pretende la actual administración es enviar cheques a quienes se encuentran por debajo de un determinado umbral de ingresos. Sin embargo, el dinero necesario debe imprimirse o pedirse prestado, lo que agrava la dinámica inflacionista ya existente. Peor aún, hace que la gente se sienta en deuda con el gobierno por otra ayuda más, lo que merma aún más su menguante independencia.

Intención de retirarse

Irónicamente, el equipo de Trump ha retirado recientemente los aranceles sobre el café, los plátanos y otros alimentos en un intento por combatir el aumento de los precios causado por dichos aranceles. En este caso, la administración ha dado con una solución real a la crisis de la asequibilidad —deshacer todas las tonterías que se han hecho anteriormente con el pretexto de estimular la economía.

La eliminación de las regulaciones en el sector inmobiliario, por ejemplo, reduciría inmediatamente los costes de construcción, lo que reduciría directamente la base de costos de los posibles compradores, si todo lo demás se mantuviera igual. Estas eliminaciones podrían comenzar a nivel federal, y luego continuar a nivel estatal y local.

Además, la liquidación de Fannie Mae y Freddie Mac —empezando por el cese de cualquier nueva garantía hipotecaria, emisión de MBS y respaldo federal relacionado con la compra de viviendas— permitiría que la vivienda volviera a ser un verdadero mercado en lugar de un negocio dominado por el gobierno en el que el contribuyente es el que acaba pagando los platos rotos.

En términos generales, una reducción masiva —que condujera a la eliminación— del Estado benefactor y la guerra mejoraría la asequibilidad de todo, al eliminar la necesidad de un endeudamiento público excesivo, los impuestos y la impresión de dinero. Así, el dólar de los EEUU dejaría de devaluarse sin cesar.

Las tasa de interés artificialmente bajas, íntimamente ligados a la inflación monetaria y a la devaluación de la moneda, terminarían si el banco central se apartara y dejara que los mercados decidieran qué prestar, a quién, cuánto y a qué tipo de interés.

A pesar de la claridad causal de las sugerencias anteriores, las probabilidades de que se produzca siquiera una de ellas son prácticamente nulas. La clase política y su red de astutos buscadores de rentas se benefician demasiado del statu quo. Los americanos no pueden esperar salir de esta situación con su voto.

Las soluciones reales se encuentran a nivel individual, familiar, comunitario e incluso estatal, que eluden eficazmente la autoridad federal.

Comprender, por ejemplo, el impacto negativo que la inflación monetaria tiene en la integridad personal es el primer paso para combatir ese impacto persiguiendo valores más elevados y contrarios a los que inculca el Estado.

Aumentar las habilidades productivas y la empleabilidad a lo largo del tiempo significaría que ganar dinero se convertiría en una función de la perspicacia técnica en lugar de la capacidad de buscar rentas.

Salir del sistema escolar público en favor de opciones alternativas, —como la educación en el hogar—, garantizaría que los niños experimentaran una infancia naturalmente satisfactoria y productiva, y no se vieran perjudicados por años de tonterías y propaganda.

Rechazar las indulgencias insustanciales y evitar las deudas personales no solo eliminaría la necesidad de recibir ayudas del gobierno o de cualquier tercero, sino que garantizaría un sano desprecio por ellos.

Ver la política con claridad, —como un ejercicio para alcanzar el poder mediante el uso de un lenguaje colorido pero vacío—, crearía un sentido de urgencia por eludir cualquier sistema político que actúe por la fuerza y gravitar hacia relaciones exclusivamente voluntarias.

Estos esfuerzos son sutiles, pero pueden ser la única vía práctica para escapar de una autoridad que desprecia manifiestamente a aquellos a quienes gobierna.

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