Los impulsores de la Proposición 40 —el impuesto del 5 por ciento sobre el patrimonio neto de los multimillonarios propuesto en California— afirman que quieren reducir la desigualdad. Pero, en su prisa por redistribuir la riqueza, corren el riesgo de socavar algo más fundamental: el estado de derecho.
F. A. Hayek advirtió que la cruzada por la «justicia social» entra inevitablemente en conflicto con el estado de derecho. El diseño de la Propuesta 40 demuestra este punto. Según Hayek, las leyes deben cumplir tres criterios básicos: no deben ser retroactivas, sus consecuencias deben ser predecibles y deben ser generales, en lugar de estar adaptadas a personas o circunstancias particulares. La Propuesta 40 no cumple con ninguno de los tres.
En primer lugar, las leyes deben regir la conducta futura, no reescribir las consecuencias de decisiones pasadas. Las personas deben conocer las reglas antes de actuar, no descubrirlas después. Un impuesto retroactivo va precisamente en la dirección opuesta, y los autores de la Propuesta 40 ya han hecho caso omiso de ese principio.
Consideremos la línea de tiempo. La Ley del Impuesto a los Multimillonarios de 2026 se presentó el 24 de noviembre de 2025. La iniciativa toma el 1 de enero de 2026 como fecha de referencia para determinar la residencia fiscal en California y mide el patrimonio neto al 31 de diciembre de 2026. Los votantes no decidirán sobre la medida hasta el 3 de noviembre de 2026.
En otras palabras, la cuestión de quién debe pagar el impuesto ya se había resuelto diez meses antes de que ningún votante marcara su boleta. Si se aprueba, la ley determina de manera retroactiva quién califica como contribuyente por el patrimonio acumulado y las decisiones tomadas antes de su aprobación.
Pensemos en un multimillonario que compró y vendió activos, adquirió bienes inmuebles, hizo donaciones a organizaciones benéficas, reestructuró un negocio o incluso se mudó a California bajo la suposición de que no existía un impuesto sobre el patrimonio. Si el estado impone posteriormente un gravamen, esas decisiones no pueden deshacerse. Las reglas básicas se modificaron después de que ya se hubieran tomado las decisiones.
Los defensores de la propuesta sostienen que el límite es una medida de protección contra la fuga de capitales y argumentan que la medida se presentó públicamente en el otoño de 2025. Sin embargo, una propuesta presentada no es una ley. Las iniciativas pueden ser rechazadas por los votantes o anuladas por las cortes. El argumento de Hayek es que las personas deberían poder planificar en función de las leyes vigentes, no especular sobre qué leyes podrían promulgarse eventualmente.
Una vez que el gobierno comienza a imponer nuevas obligaciones legales a circunstancias que ya existían antes de que se establecieran dichas obligaciones, todos los contribuyentes se enfrentan a una mayor incertidumbre respecto a las normas del futuro. Esto conduce directamente al segundo principio de Hayek: la previsibilidad.
El estado de ley permite a las personas planear porque pueden anticipar razonablemente cómo el gobierno tratará sus acciones: las familias compran viviendas, las empresas se expanden, los emprendedores asumen riesgos, los inversionistas comprometen capital. Todas estas decisiones dependen, al menos en parte, de las expectativas sobre el entorno legal.
Cuando esas expectativas se vuelven inciertas, el comportamiento cambia. Es posible que los multimillonarios destinen más recursos a protegerse contra los riesgos políticos y legales en lugar de crear empresas, contratar trabajadores o invertir en California. Y, naturalmente, la gente comienza a preguntarse: si el estado puede imponer un impuesto basado en circunstancias que existían antes de que la ley entrara en vigor, ¿qué otras expectativas legales podrían revisarse a posteriori?
El tercer principio de Hayek es la generalidad. Las leyes deben establecer normas generales que se apliquen por igual, en lugar de funcionar como instrumentos dirigidos a individuos o circunstancias particulares. La Propuesta 40 es difícil de conciliar con ese ideal. Su diseño no es casual. Se basa en una clase de contribuyentes extraordinariamente ricos, definida de manera muy específica, y en una instantánea histórica concreta de su patrimonio y residencia. Los proponentes saben de antemano a quiénes va dirigida la medida.
Un gobierno puede, por supuesto, imponer impuestos. La pregunta es si lo hace a través de normas estables y prospectivas que los ciudadanos puedan anticipar y en función de las cuales puedan actuar, o mediante una imposición diseñada para afectar a un grupo predeterminado en función de circunstancias que existían antes de que se establecieran las normas.
Esta distinción es importante porque la estabilidad jurídica es, en sí misma, un activo económico. California se ha presentado desde hace mucho tiempo como un centro global de innovación. Pero la innovación depende de la asunción de riesgos, la inversión a largo plazo y una visión de futuro —actividades que prosperan cuando las reglas del juego se conocen de antemano.
Hayek nos recordó que el camino hacia la servidumbre no pasa necesariamente por actos repentinos de coacción, sino que puede surgir a través de desviaciones graduales del estado de derecho. La Propuesta 40 pone a prueba ese principio. Si se aprueba, podría sentar un precedente preocupante: que el gobierno pueda imponer nuevas obligaciones significativas basadas en circunstancias que existían antes de que los votantes aprobaran la ley. California debería pensárselo dos veces antes de dar ese paso.
