La guerra agresiva entre estados tiene como objetivo apoderarse de territorios, someter a las poblaciones y establecer un control político. Al destruir el capital físico, la guerra causa un daño económico inmenso. Sin embargo, uno de los efectos más trascendentales de la guerra puede darse dentro del marco institucional de la propia sociedad víctima. A este fenómeno se le puede denominar el «dilema de la víctima».
Imagina a una persona que tiene una pequeña tienda en un barrio controlado por una banda de extorsionadores. Cuando una pandilla rival ataca la tienda para expandir su territorio, el tendero indefenso recurre a su extorsionador original, suplicándole mayor protección a cambio de un tributo más alto y un mayor control sobre su negocio. Impulsado por el miedo, la víctima refuerza precisamente ese poder coercitivo del que antes buscaba protegerse para sobrevivir a un agresor externo.
En tiempos de amenaza existencial, las sociedades modernas pueden cometer el mismo error. Bajo la presión de la guerra, los ciudadanos y los responsables políticos pueden exigir un Estado más grande y centralizado, asumiendo que los decretos de arriba hacia abajo y el control económico son necesarios para una movilización eficaz en tiempos de guerra. Sin embargo, los principios fundamentales de la economía no dejan de funcionar durante la guerra. Ampliar el poder del Estado, imponer controles de precios y reforzar los monopolios burocráticos puede debilitar la base económica de una sociedad y su capacidad para resistir al agresor externo.
La falacia de los controles de precios: destruir el capital cuando más se necesita
Una respuesta común a la escasez en tiempos de guerra es exigir precios máximos para bienes esenciales como alimentos, agua embotellada y combustible. Cuando los ataques enemigos destruyen infraestructura crítica, la oferta disponible puede reducirse drásticamente mientras que la demanda se mantiene alta. En condiciones normales de mercado, los precios suben como respuesta al aumento de la escasez. Los gobiernos pueden entonces imponer precios máximos en un intento por hacer que los bienes esenciales sean más accesibles.
Esta política no elimina la escasez. Por el contrario, puede transformar una perturbación temporal en la oferta en una escasez prolongada y obstaculizar la recuperación por varias razones.
En primer lugar, los controles de precios pueden reducir los ingresos de que disponen las empresas afectadas para una rápida recuperación. La reconstrucción de almacenes, el reemplazo de maquinaria y la garantía de una logística de alto riesgo requieren gastos sustanciales. Al obligar a una empresa a vender existencias reducidas a un precio controlado, mientras que los costos operativos y logísticos han aumentado, el Estado puede impedir que la empresa genere ingresos suficientes para reemplazar el capital destruido y restablecer la producción.
En segundo lugar, los límites máximos de precios debilitan los incentivos de mercado para que los proveedores externos ingresen a la zona afectada. Un precio elevado en una zona de crisis indica a los productores de las zonas aledañas que los costos y riesgos adicionales de transportar mercancías hasta allí pueden ser comercialmente viables. Cuando los precios se limitan artificialmente, esta señal se debilita, lo que reduce el incentivo para que los proveedores externos asuman los costos de entregar bienes esenciales.
En tercer lugar, la escasez en tiempos de guerra puede poner de manifiesto la fragilidad generada por las barreras regulatorias y la concentración excesiva de la oferta. Los requisitos de licencia y otras barreras de entrada pueden dificultar que las pequeñas y medianas empresas ingresen o se expandan en sectores esenciales. Cuando un proveedor importante queda fuera de servicio, un mercado concentrado puede carecer de productores más pequeños capaces de ampliar rápidamente su producción.
Por último, los controles de precios pueden ejercer una presión adicional sobre las empresas cuando se suman a los impuestos y los costos regulatorios ya existentes. Si bien el Estado limita los ingresos que las empresas pueden obtener de los bienes esenciales, estas pueden seguir enfrentando impuestos, costos de cumplimiento y otras obligaciones. Al restringir los ingresos y, al mismo tiempo, mantener muchos costos sin cambios o incluso aumentarlos, los controles de precios pueden debilitar la capacidad productiva de la que, en última instancia, dependen tanto el consumo civil como la defensa.
El mito de la eficiencia centralizada: el conocimiento local frente a la parálisis burocrática
Los defensores de un Estado fuerte en tiempos de guerra suelen argumentar que las situaciones de emergencia requieren un mando centralizado para garantizar una acción rápida y decisiva. Este argumento, sin embargo, pasa por alto un problema económico fundamental identificado por F. A. Hayek: la dificultad de aprovechar el conocimiento disperso. La información crucial relativa a la producción, la logística, la asignación de recursos y las condiciones locales se encuentra dispersa entre individuos que poseen un conocimiento específico de circunstancias que cambian rápidamente en el tiempo y el espacio.
Un gobierno central no puede poseer ni procesar en su totalidad el conocimiento local inmediato del que disponen las comunidades que operan en condiciones cambiantes. Cuando la asignación de recursos se organiza a través de una jerarquía de arriba hacia abajo, pueden surgir dos problemas recurrentes.
En primer lugar, la distribución centralizada puede provocar una mala asignación de recursos. Los suministros pueden enviarse a lugares donde no se necesitan con tanta urgencia o según prioridades que difieren de las de las personas que enfrentan el problema inmediato. Los múltiples niveles de la administración estatal también pueden generar retrasos, costos administrativos y oportunidades para la corrupción. Para cuando una decisión centralizada llega al nivel local, es posible que las circunstancias ya hayan cambiado.
En segundo lugar, las instituciones burocráticas no se enfrentan al mismo cálculo de ganancias y pérdidas que los actores privados. Una empresa privada que sistemáticamente no logra satisfacer a sus clientes corre el riesgo de perder ingresos y, en última instancia, de salir del mercado. Un organismo gubernamental, por el contrario, suele ser evaluado a través de mecanismos administrativos y políticos, en lugar de un proceso de mercado continuo de ganancias y pérdidas. Esta diferencia puede debilitar el incentivo para adaptarse rápidamente.
Esta dinámica tiene consecuencias particularmente importantes en la guerra moderna, donde la adaptación tecnológica puede ser una cuestión de tiempo. Consideremos un caso hipotético en el que un equipo privado de ingenieros desarrolla y prueba un dron innovador. Si la tecnología debe pasar luego por un largo proceso de certificación, auditorías regulatorias y trámites burocráticos de adquisición antes de su implementación, su adopción podría tardar considerablemente más. Para cuando se otorgue la aprobación, las condiciones en el campo de batalla podrían haber cambiado y la tecnología podría haber perdido parte de su ventaja.
El mismo problema puede surgir durante emergencias civiles. Un conductor local con un vehículo adecuado puede reconocer de inmediato la necesidad de transporte y utilizar su conocimiento de las calles locales para evacuar a los residentes. En un marco altamente centralizado, los requisitos administrativos y de obtención de licencias pueden retrasar dicha acción. Estos requisitos pueden tener fines legítimos en circunstancias normales, pero la autorización centralizada puede introducir etapas adicionales cuando los actores locales cuentan con información que no puede transmitirse al centro con la rapidez suficiente.
Servicio militar obligatorio frente a defensa voluntaria: la autonomía personal y el mercado de la seguridad
Una de las tensiones más significativas entre el poder del Estado y la libertad individual en tiempos de guerra tiene que ver con el servicio militar obligatorio. Para defender su jurisdicción territorial, el Estado puede recurrir a la movilización obligatoria, considerando la mano de obra y la capacidad física de las personas como recursos sujetos al mando estatal. Desde una perspectiva libertaria, esto genera objeciones tanto éticas como económicas.
En el marco del derecho a la autodeterminación, el servicio militar obligatorio constituye una violación directa del derecho exclusivo de cada individuo sobre su propia persona. Si un individuo no posee la autoridad primordial sobre su propio cuerpo y su trabajo, resulta difícil justificar de manera coherente los fundamentos de la propiedad privada y otros derechos individuales. Por lo tanto, el servicio militar obligatorio representa la apropiación forzosa del trabajo de un individuo para fines estatales bajo amenaza de sanción legal.
Las objeciones económicas se refieren a la asignación de la mano de obra y el capital humano. El servicio obligatorio no asigna a las personas exclusivamente de acuerdo con sus preferencias, ventajas comparativas o conocimiento de sus habilidades. Es posible que se retire a las personas de ocupaciones civiles en las que poseen conocimientos especializados valiosos y se les asigne a funciones militares que no aprovechan plenamente sus capacidades. Por lo tanto, el problema económico no es simplemente el número de personal disponible para la defensa, sino si los recursos humanos se asignan de acuerdo con la información y los incentivos de que disponen las propias personas.
Por el contrario, una sociedad organizada en torno a la asociación voluntaria buscaría garantizar la defensa mediante el servicio militar voluntario, acuerdos de seguridad contractuales y proveedores privados de defensa.
Los críticos cuestionan la confiabilidad de la defensa basada en el mercado al preguntarse qué impediría que un proveedor privado de defensa se pasara al bando de un agresor a cambio de una remuneración más alta. Una posible respuesta radica en la reputación, los compromisos contractuales y las relaciones comerciales recurrentes. Una empresa de defensa que incumpla sus obligaciones corre el riesgo de perder futuros clientes, seguros, financiamiento y relaciones institucionales. Esto no significa que la deserción sea imposible, pero las instituciones competitivas pueden generar costos sustanciales por el incumplimiento de los compromisos contractuales.
En un orden de derecho policéntrico y jurisdicciones privadas, la defensa podría financiarse mediante acuerdos de seguro, la puesta en común voluntaria de recursos y relaciones contractuales entre los proveedores de seguridad y quienes buscan protección. La defensa se organizaría no como una extraccion obligatoria de mano de obra, sino como un servicio contractual basado en el consentimiento, la especialización, la reputación y la competencia.
Conclusión: Libertad y resiliencia en tiempos de guerra
La creencia de que la seguridad en tiempos de guerra requiere necesariamente una expansión masiva del poder estatal centralizado puede llevar a las sociedades a lo que he denominado el «dilema de la víctima». Ante un agresor externo, una sociedad puede responder ampliando los mecanismos de control centralizado que debilitan su capacidad de adaptación económica interna. Las medidas adoptadas para fortalecer la resiliencia en tiempos de guerra pueden, bajo ciertas condiciones, socavar los cimientos productivos e institucionales de los que depende dicha resiliencia.
Las restricciones económicas fundamentales que rigen la acción humana no desaparecen en tiempos de guerra. Los controles de precios no pueden recrear el capital productivo destruido y pueden debilitar los incentivos para la recuperación y el abastecimiento externo. Las burocracias centralizadas no pueden eliminar el conocimiento disperso y pueden generar retrasos, pérdidas de información y una mala asignación de recursos. En un marco de autodeterminación, el servicio militar obligatorio también plantea una cuestión fundamental sobre la transferencia del control del trabajo de un individuo al Estado.
Por lo tanto, la resiliencia en tiempos de guerra no depende simplemente de la cantidad de recursos bajo control centralizado, sino de la capacidad para coordinar el conocimiento, preservar los incentivos productivos y movilizar los recursos humanos sin destruir innecesariamente la autonomía individual. Los mercados descentralizados, la asociación voluntaria, la defensa contractual y los derechos de propiedad seguros pueden permitir que los individuos se adapten a las condiciones cambiantes sin que cada decisión tenga que pasar por una autoridad central.
