Cuando se plantea la idea de un mercado totalmente libre en el debate económico, una crítica ampliamente aceptada a dicha idea suele estar relacionada con la cuestión de cómo se podría garantizar que los bienes y servicios fueran seguros para el consumo. Al fin y al cabo, sin un gobierno que envíe inspectores y decrete normas de seguridad para los productos, se suele suponer que las compañías, en su eterna búsqueda de beneficios sin piedad, no tendrían ningún incentivo para no vender lo que más dinero les reportara.
Sin embargo, la escuela austriaca entiende perfectamente que esto no es cierto, y no quiero insistir explicando por qué. En su lugar, quiero centrarme en cómo un verdadero mercado libre promulgaría la regulación de forma natural y descentralizada y cómo podría surgir en una situación del mundo real. Así que saltemos de nuestro orwelliano mundo moderno a un mundo en el que reine el laissez-faire.
Supongamos que nuestro imaginado mercado libre ha sobrevivido hasta este punto sin necesidad de regulación alguna por parte de un poder centralizado. Pero ahora han surgido problemas en el paraíso, y una compañía, para mantenerse rentable, ha recurrido a la venta de un producto alimenticio que provoca malos dolores de estómago a algunos de sus consumidores. ¿Cómo podríamos salir de este lío sin conjurar un poder centralizado que regule el mercado de una forma distinta a como lo hacen nuestros gobiernos aquí, en el mundo real?
Bueno, en primer lugar debemos suponer que en un mercado libre existen al menos algunas formas de compañías de medios de comunicación; después de todo, no son un producto del gobierno, y ha habido una demanda persistente de información a lo largo de la historia. También podemos suponer que al menos algunas de estas compañías de medios de comunicación se harían eco de una noticia sobre una compañía que vende productos no aptos para el consumo, sobre todo si nunca antes ha ocurrido algo parecido.
En nuestro hipotético mercado libre, una compañía que trabajara de forma deshonesta y perjudicial sería algo completamente novedoso, y una noticia así acapararía una considerable atención pública, con lo que los medios de comunicación que la cubrieran tendrían una enorme audiencia. Esto en sí mismo actuaría como mecanismo regulador, ya que la mala publicidad haría que la opinión de los consumidores sobre una compañía que actúa con normas inadecuadas bajara, reduciendo sus beneficios. Además, si el productor de alimentos actuara de forma deshonesta para salvarse de la quiebra, lo más probable es que la caída de la demanda por la sola mala publicidad pusiera el último clavo en el ataúd de la entidad compañíarial en cuestión.
En este punto, en una sociedad en la que existe una autoridad centralizada (el Estado), se elaborarían normativas para intentar evitar que algo similar vuelva a suceder. Esto podría ocurrir mediante la promulgación de normas de seguridad universales para los alimentos, como exigir el envasado o una fecha de caducidad en el envase para evitar que se vendan alimentos en mal estado, o la prohibición rotunda de un aditivo o un producto químico utilizado en la producción que se cree que ha causado los dolores de estómago. Las posibilidades son infinitas, como muestra esta página de la Food and Drug Administration (FDA).
Lo que quiero señalar es que hay ingentes cantidades de dinero procedente de los impuestos que se destinan a todas las funciones administrativas de organismos reguladores como la FDA, por no hablar de las tasas de usuario de las propias industrias que regulan, un mecanismo destinado a generar conflictos de intereses. En mi opinión, cabe suponer que la regulación gubernamental es, en el mejor de los casos, ineficaz y derrochadora.
Pero volvamos a nuestro verdadero mercado libre, donde una noticia ha sacudido al público hasta sus entrañas y ha dejado a todo el mundo pensando si puede confiar en algún productor de alimentos en el futuro. Desde una perspectiva económica, esta historia ha generado la atención del público y, por tanto, en efecto, las compañías de medios de comunicación que cubren la historia han vendido sus productos a consumidores voluntarios, generando beneficios. Si el público considera que la violación del productor de alimentos es lo suficientemente grave, dejará de comprar productos de dicho productor, eliminándolo del mercado. Por extensión, esto también desincentivará a otros productores a actuar de forma similar en el futuro.
Si el acto es perdonado u olvidado por los consumidores, entonces debería ser seguro asumir que los dolores de estómago no fueron lo suficientemente graves como para impedir que la gente siguiera consumiendo el producto. Si las deficiencias del producto fueran lo bastante graves como para causar daños graves, como la muerte o lesiones prolongadas, entonces los consumidores se abstendrían casi con toda seguridad de consumir el producto y harían que se considerara a los productores como una entidad ilícita, ya que ha incumplido el principio de no causar daños a otras personas. Así pues, lo más probable es que el productor de alimentos tuviera que cesar sus operaciones y declararse en quiebra.
En el caso de que una compañía produjera productos defectuosos y los medios de comunicación dieran a conocer este hecho al público, surgiría una demanda de información sobre la calidad de los productos alimentarios. Esto crearía un mercado para dicha información, y las compañías aprovecharían esta apertura para abastecer esta demanda. En la práctica, la oferta surgiría en forma de entidades independientes que venderían, por ejemplo, su sello de aprobación para otras compañías y permitirían la competencia en el mercado regulador. Los consumidores podrían elegir según sus preferencias los productos que han sido inspeccionados por entidades reguladoras, o elegir productos que no han sido inspeccionados, ya que muy probablemente serían una alternativa más barata, puesto que las compañías que los producen no tendrían que pagar ninguna inspección ni investigación sobre la seguridad de su producto.
Como ocurre con todas las funciones gubernamentales, la regulación simplemente ha proporcionado oferta a una demanda de regulación. Y como ocurre con todas las funciones gubernamentales, debido a su ciega universalidad, a la falta de un mecanismo de precios y a una forma de pensar elitista, el Estado regulador siempre ha sido y siempre será un sistema ineficaz.
