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Parece que todo aquél que no es un izquierdista duro es un «libertario»

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En el verano de 2006, quizás sintiendo el impulso de los demócratas al llegar a la mitad del período, el fundador del Daily Kos, Markos Moulitsas, le dio un empujón al hacer una jugada por el voto libertario. Considerando el grado de decepción de los años de Bush/GOP, tenía sentido.

Al principio, se centró en «los esfuerzos del gobierno por entrometerse en nuestros dormitorios» y en «el espionaje de la NSA», un par de puntos dolorosos a la luz de la propuesta del presidente Bush de restringir constitucionalmente el matrimonio entre un hombre y una mujer y de los nuevos poderes estatales promulgados para llevar a cabo la guerra contra el terrorismo.

Lenta pero seguramente, sin embargo, Moulitsas comenzó a recortar su público objetivo, aludiendo a la asistencia sanitaria gratuita y a los «programas de prevención de la pobreza». El columnista del San Antonio Express-News Smart Money, Michael Taylor, ha pisado un terreno igualmente inestable últimamente.

Primero, al señalar astutamente cómo algunos senadores republicanos están engrasando sin querer los patines de un nuevo y enorme derecho llamado ingreso básico universal (UBI), afirmó erróneamente que «confiar en la gente» con tal panfleto es una «idea de un gobierno profundamente pequeño». Ahora, está criticando la moralización de los «programas de reducción de la pobreza».

Para estar seguro, comienza con una base sólida en la vergüenza del gobierno por elegir ganadores y perdedores al decidir qué tipos de negocios merecen la ayuda pública después de haber sido cerrados en los últimos meses.

Los libertarios han estado a la vanguardia de la liberación de los llamados crímenes sin víctimas de las cadenas de los supuestos superiores morales. Cada vez más jurisdicciones están despenalizando la marihuana y legalizando los juegos de azar; la reforma del sistema penal fue aprobada hace un par de años.

El caso de Taylor se vuelve tenue, sin embargo, cuando equipara las restricciones a los programas de bienestar público con «culpar de la pobreza a la inmoralidad de sus víctimas».

Pocos estarían en desacuerdo con que los niños nacidos en la indigencia son el segmento más desafortunado de la sociedad. Ese consenso se refleja en los 13-18 millones de dólares que la United Way local gasta en ayudarlos cada año. Pero dar a sus padres cheques sin condiciones no es una solución.

Aunque cualquiera que exija el uso eficiente de los fondos de los contribuyentes (suponiendo, por el bien del argumento, que esto es posible) apoyaría ciertamente la reducción de la burocracia, dando rienda suelta a los beneficiarios de la ayuda pública financiada con recursos tomados de las ganancias de otros, el empuje del discurso del Sr. Taylor, es el verdadero acto inmoral.

Emparejar las cuerdas aflojadas con los recortes correspondientes a la provisión de estos programas sería un paso lógico. Incluya una reducción en los pagos individuales, y podría incluso tener un trato. Lo mejor de todo, transferir estos programas completamente a las jurisdicciones estatales y locales. Pero incluso siguiendo un camino federalista más apropiado, no puedes llamarlo «libertario», a pesar de los mejores esfuerzos de aquellos que tratan de apropiarse de la etiqueta.

Con un titular que decía «An Unusual Breed: A Libertarian Democrat» (Una raza inusual: un demócrata libertario), The Economist repitió la autoidentificación del gobernador de Colorado Jared Polis al asumir el cargo el año pasado. En el mismo párrafo, se promocionaba su apoyo a «la atención sanitaria universal, las inversiones en energía renovable, etc.»

Aparentemente, querer bajar los impuestos sobre la renta es suficiente para calificar para el apodo. Qué lindo.

Un programa estatal que el Sr. Taylor considera inmoralmente administrado es la asistencia para el desempleo.

El salario al que renuncia cuando su empleador se ve obligado a contribuir a este programa ya es una píldora difícil de tragar. No insistir en que los desempleados busquen un trabajo mientras reciben beneficios no sólo agravaría esa carga, sino que sería contraproducente. Taylor parece no entender los incentivos, un principio de economía básica.

Inmediatamente después de la recesión de hace una década, la tasa de desempleo rondaba el 9%. Una vez que los beneficios ampliados se redujeron, comenzó a disminuir. Esto es más o menos lo contrario de lo que pasó cuando Lyndon B. Johnson declaró la «guerra a la pobreza».

Antes de que el Tío Sam se involucrara, la tasa de pobreza había estado en clara caída libre. Una vez que se unió a la batalla, esa tendencia se detuvo, para nunca escapar de un rango de 11-15 por ciento.

El problema de estos llamamientos a los ciudadanos con mentalidad de libertad es una confusión sobre los derechos.

Los peticionarios están de acuerdo en proteger el derecho de la gente a la privacidad en su casa, a hacer lo que les plazca siempre y cuando no hagan daño a nadie. Pero también sienten que algunos segmentos de la sociedad tienen derecho a los recursos o al apoyo de otros, como lo encarna el apoyo del Sr. Polis a la «licencia parental pagada».

Los primeros son derechos negativos, muchos de los cuales son la base de la prosperidad (propiedad, comercio, etc.), mientras que los segundos son derechos positivos. Los dos no pueden coexistir, ya que el segundo se inmiscuye necesariamente en el primero.

Ya sea que sean fieles al partido, que traten de reformar el GOP desde el interior, o que estén tan irritados con el proceso que presenten un voto de protesta para los demócratas, los libertarios saben que «todos los esfuerzos del gobierno para redistribuir la riqueza... son impropios de una sociedad libre» y que «los acuerdos entre empleadores privados y empleados... no deben ser gravados con los beneficios exigidos por el gobierno». Su fuerza de principios es impermeable a los trucos de mano flácidos y lingüísticos.

Author:

Christopher E. Baecker

Christopher E. Baecker manages fixed assets at Pioneer Energy Services, teaches economics at Northwest Vista College, is a board member of the Institute of Objective Policy Assessment, and is a member of the San Antonio Business & Economics Society. He can be reached via email or Facebook.

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Getty
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