Mientras los Demócratas presionan por un «impuesto a la riqueza», aquí está la razón por la que otros países se deshicieron de él

El capitalismo de Estado suele considerarse un anatema para la tradición voluntarista. Sin embargo, esta idea puede ser útil para nuestra tradición. En particular, me preocupa nuestra incapacidad para contrarrestar ciertas críticas procedentes de la izquierda «libertaria». En este artículo propongo un nuevo sistema de gobierno que responda a estas críticas.

Empecemos por las críticas que hay que descartar. Entre las que hay que descartar, la de los padres que venden a sus hijos para que trabajen y la de que les paguen mal o hagan horas extras. No deberíamos dignificar estas cuestiones; desvían la atención de una crítica principal: que nuestra sociedad faculte a una entidad empresarial para actuar y servir como gobierno de facto.

Ahora bien, si no hay Estado, no hay búsqueda de rentas, y con mucha frecuencia se lo señalamos a nuestros detractores. Sin embargo, los ecosistemas políticos son orgánicos y eso hace que en la anarquía también se doblegue el interés propio. Entonces, ¿cuál es la alternativa?

En primer lugar, imaginemos que existe una carta constitucional en la sociedad propuesta. Un estatuto es un documento que concede derechos al público, a los constituyentes individuales de esa sociedad. Es esencialmente una constitución a todos los efectos. Ahora bien, esta carta constitutiva crea una compañía. Así, una compañía constituida no define ninguna limitación o mínimo en cuanto a su tamaño, pero sí establece una estructura inmutable con su consejo de administración.

Esta compañía constituida se clasificaría como «el gobierno». Aquí es donde se acaba la semántica, ya que «el gobierno» tendría prohibido obtener y ejercer poderes policiales, impuestos o cualquier otra cosa que implique infracción. Se trata, en esencia, de un gobierno nominal y provisional. Es un marcador de posición, para impedir que otra compañía actúe como autoridad sustituta y nada más.

Esto es importante, sobre todo en lo que se refiere a la falta de poder tributario. ¿Por qué? Los impuestos no sólo son un robo, sino que también significan una falta de responsabilidad fiscal o de mérito general. Si el Estado puede extorsionar para cubrir sus deficiencias, no tiene incentivos para controlarse. Así, se evita este problema. Esto se evita, lo que importa es que aquí «el gobierno» funcionará como un negocio.

¿Por qué entonces definir «el gobierno» en mi sistema propuesto como una compañía constituida? Si se trata simplemente de un Estado sin contrato social, probablemente esa pregunta se le pase por la cabeza. Fácil, opera como lo hace un negocio en la forma de vender sus servicios. Piensa en la beneficencia como un bien privado que compite con sus competidores en el mercado. Si no tiene poder de extorsión para cubrir sus pérdidas, debe apelar al consumidor.

Eso no es irrelevante en el sistema que propongo, porque hay negocios privados alrededor de «el gobierno». «El gobierno» no tiene un monopolio, como otras formas de capitalismo de Estado. Por lo tanto, ciertamente está compitiendo dentro del mercado, ahora espera obtener lucros. Estos lucros son un sustituto de los impuestos. Por ejemplo, uno de los productos que «el gobierno» quiere vender es la sanidad. Debe hacerlo mejor que Aetna o Blue Cross, es decir, obtener mayores beneficios atendiendo a su público y controlando por partida doble cualquier gasto suelto.

Bastante sencillo, ¿verdad? Además de establecer «el gobierno», este documento de la Carta establece un protocolo para su propia nacionalización. Aquí, la nacionalización del «gobierno» significa la asunción del control democrático directo sobre sí mismo. El público común supervisaría y operaría para cada transacción o decisión de gestión en «el gobierno» por referéndum, en otras palabras. El protocolo es el siguiente: cualquier ciudadano puede convocar un referéndum popular en caso de que «el gobierno» no consiga evitar la quiebra de sus finanzas.

Esta nacionalización sólo podría producirse en ese momento. Además, cualquier control democrático directo tendría prohibido cambiar los términos del documento constitutivo. Simplemente, les da el control sobre sus operaciones y empleos, pero nada más. Es aquí donde comienza la diversión, ya que no se pretende un control contra el poder. Más bien, se espera que la nacionalización sólo pueda reforzar una quiebra cíclica que permita un crecimiento de los competidores privados para superar a «el gobierno».

Lo más importante de todo esto podría ser que proporciona al izquierdista «libertario» una sensación de control con la que mantenerse cómodo. Además, su protocolo de «nacionalización» garantiza que cualquier exigencia de que se invente un Estado funcione totalmente dentro de un paradigma controlado. Dado que cualquier escándalo o fracaso es fácilmente explotable con ese fin, es hora de que esto se planifique.

La historia es más o menos así: En los últimos años, la Reserva Federal ha impreso hasta el 80% de todos los billetes que han estado en circulación. Aunque los economistas austriacos reconocen desde hace tiempo la superfluidad de la banca central y comprenden las ventajas de un sistema monetario descentralizado, es importante no ceder a ideas falsas, aunque parezcan apoyar ideas honestas.

Empieza por reconocer la existencia de diversas medidas de la oferta monetaria. Quizá la más impactante sea el gráfico M1:

En abril de 2020, la cifra de M1 se situaba en 4,79 billones de dólares, para dispararse a 16,24 billones el mes siguiente. Para aclarar, este aumento fue principalmente el resultado de la definición revisada de la Fed de la oferta monetaria, sin reexpresar la cantidad anterior antes de mayo de 2020.

Este tema se trató en el artículo Por qué han subido los precios, publicado el año pasado. En un Technical Q & A, la Fed lo explica:

El reconocimiento de los depósitos de ahorro como cuenta de transacciones a partir de mayo de 2020 provocará una ruptura en serie en el agregado monetario M1. A partir de la observación de mayo de 2020, M1 aumentará en el tamaño del total del sector de los depósitos de ahorro, que ascendía aproximadamente a 11,2 billones de dólares. M2 permanecerá sin cambios.

Es decir, desde mayo de 2020 (M1 de 16,24 billones de dólares) hasta su máximo en marzo de 2022 (M1 de 20,66 billones de dólares), el balance creció aproximadamente 4,42 billones de dólares, lo que representa un crecimiento de casi el 30%. Aunque esto pueda parecer significativo, aún está lejos del 80%.

En el mismo Q & A, la Fed incluye un gráfico que ilustra los cambios en la oferta monetaria M1, destacando específicamente la revisión realizada en mayo de 2020:

Sin revisión de la masa monetaria M2, proporciona una interpretación más clara. Tomando el máximo de marzo de 2022 de 21,70 billones de dólares y retrocediendo hasta febrero de 2020, para coincidir con el inicio de la recesión oficial, tenemos un punto de partida inicial de 15,45 billones de dólares. Este periodo de dos años representa un aumento extraordinario de la masa monetaria de alrededor del 40%. Véase más abajo:

También puede causar confusión cuando se utiliza el término «impreso» para describir la oferta monetaria. La Reserva Federal o los bancos comerciales no imprimen físicamente billetes de dólar. En su lugar, la oferta monetaria se incrementa mediante la creación de crédito (deuda), y la producción de billetes y monedas corre a cargo del Tesoro.

Si observamos el efectivo en circulación, que alcanzó su punto más alto el mes pasado con 2,32 billones de dólares, y lo comparamos con febrero de 2020, cuando se situaba en 1,80 billones, vemos una tasa de crecimiento de aproximadamente el 30%.

En los últimos años se ha producido un aumento significativo de la masa monetaria. Aunque está lejos de la cifra del 80% que se ve en las redes sociales, sigue pareciendo sustancial. También es importante recordar que no existe una cantidad óptima o ideal de dinero que deba crearse, y esto pone de relieve los defectos inherentes de un sistema monetario insostenible que hace tiempo que se alejó de la economía sólida.

Hace unos días, Frank Shostak nos recordaba:

Dado que el sistema monetario actual es fundamentalmente inestable, no puede haber una tasa de crecimiento de la oferta monetaria «correcta»... Tanto si el banco central inyecta dinero en función de la actividad económica como si fija la tasa de crecimiento de la oferta monetaria, desestabiliza continuamente el sistema.

Sin embargo, en última instancia se remonta a la Fed. Durante el mismo período de 2020 a 2022, el balance de la Fed se expandió de aproximadamente $ 4 billones a casi $ 9 billones. Sin embargo, esto es $ 9 billones de más, y a menos que la Reserva Federal sea completamente abolida o se le impida interferir en el libre mercado, seguiremos experimentando el viaje en montaña rusa conocido como el ciclo de auge y caída.

El titular digno de mención debería decir que durante la anterior recesión, la Reserva Federal duplicó su balance, y si se adopta un enfoque similar en la próxima recesión, entonces los altos precios actuales palidecerían en comparación con la inflación de precios que inevitablemente seguiría.

El jueves pasado, Enrique Tarrio, reputado dirigente nacional de la organización Proud Boys fue condenado en una corte federal por conspiración sediciosa junto con tres coacusados. Esta condena en una corte del Distrito de Columbia representa una victoria para el Departamento de Justicia, que ya ha acusado a más de mil personas de «crímenes» relacionados con los disturbios del 6 de enero en el Capitolio de EEUU. La mayoría de los cargos relacionados con los disturbios han sido por delitos menores que equivalen a vandalismo y allanamiento de morada. Sin embargo, un puñado de personas supuestamente implicadas en los disturbios han sido condenadas por conspiración sediciosa.

En particular, Tarrio ni siquiera estaba en Washington DC el día de los disturbios y, por tanto, no pudo haber participado en ningún acto violento contra el personal del Capitolio. Sin embargo, ha sido condenado por estar implicado en algún tipo de «acuerdo» para «obstaculizar» las leyes federales y, por lo tanto, es culpable de decir cosas que supuestamente provocaron los disturbios. El caso Tarrio es un excelente ejemplo de cómo los «crímenes» federales pueden ser hilados por los fiscales federales a partir de acciones que no son ni violencia, ni fraude, ni ningún otro acto que una persona normal reconocería como un verdadero delito.

La conspiración sediciosa se inventó para eludir las limitaciones a los procesos por traición

Sin embargo, la conspiración sediciosa no debe confundirse con el acto de traición legalmente definido en la Constitución de los EEUU. En términos generales, mientras que la traición requiere un acto manifiesto de algún tipo, la conspiración sediciosa es una acusación de que una persona ha dicho cosas destinadas a socavar la autoridad del gobierno. En otras palabras, es un «delito» de intención según la interpretación de las autoridades estatales. Esto es fundamentalmente diferente de coger un arma y usarla contra agentes de un gobierno.

Por supuesto, como ya hemos señalado aquí en mises.org, la propia idea de traición es en sí misma problemática, ya que supone que la violencia contra un agente del gobierno es de alguna manera peor que un crimen contra un ciudadano privado. A los gobiernos les encanta este doble rasero porque refuerza la idea de que el régimen es más importante que el sector privado voluntario. En última instancia, sin embargo, la violencia contra una persona o una propiedad debe ser perseguida exactamente como eso, y no como una categoría separada de delito contra los seres humanos «especiales» que trabajan para un régimen.

La conspiración sediciosa adolece de este mismo problema, pero es aún más problemática porque se basa principalmente en pruebas circunstanciales para «demostrar» que una persona decía cosas a favor de obstruir o derrocar a un gobierno. De hecho, la supuesta necesidad de tal «delito» queda desmentida por el hecho de que ni siquiera existió tal delito en la legislación federal entre la derogación de las odiadas Leyes de Extranjería y Sedición y el advenimiento de la Guerra Civil. Las leyes de conspiración sediciosa tampoco desempeñaron un papel importante en el éxito militar del régimen de EEUU contra los secesionistas del Sur.

En su lugar, lo que encontramos es que la conspiración sediciosa es un delito que es a la vez propenso al abuso por parte de las autoridades estatales e innecesario en términos de prevención de la violencia contra la vida y la propiedad. En casos como los disturbios del 6 de enero, los delitos contra las personas y la propiedad deberían considerarse simplemente delitos violentos y delitos contra la propiedad del tipo habitual. La conspiración sediciosa, por el contrario, es simplemente un tipo de «delito de pensamiento».

Los orígenes de la conspiración sediciosa

Los redactores de la Constitución definieron la traición en términos muy específicos y restrictivos:

La Traición contra los Estados Unidos consistirá únicamente en hacerles la Guerra, o en adherirse a sus Enemigos, prestándoles Ayuda y Consuelo. Ninguna Persona podrá ser declarada culpable de Traición, a menos que dos Testigos presten testimonio del mismo Acto manifiesto, o por Confesión ante una Corte pública.

Obsérvese el uso de la palabra «sólo» para especificar que la definición de traición no debe interpretarse como algo más amplio de lo que figura en el texto. Al igual que gran parte de lo que ahora encontramos en la Carta de Derechos, este lenguaje tiene su origen en el temor de que el gobierno federal de EE.UU. incurriera en algunos de los mismos abusos que se habían producido bajo la corona inglesa, especialmente en la época de los monarcas Estuardo. A menudo, los reyes habían interpretado la «traición» como actos, pensamientos y «conspiraciones» que iban mucho más allá del hecho de tomar las armas contra el Estado. En cambio, en la Constitución de EEUU, la única flexibilidad que se concede al Congreso es a la hora de determinar el castigo por traición.

Naturalmente, los partidarios de un mayor poder federal se quejaron de estas limitaciones y buscaron más leyes federales que castigaran los supuestos delitos contra el Estado. Los federalistas sólo tardaron diez años en elaborar las Leyes de Extranjería y Sedición, que establecían:

Que si alguna persona se combina o conspira ilegalmente con la intención de oponerse a cualquier medida o medidas del gobierno de los Estados Unidos, que estén o deban estar dirigidas por la autoridad competente, o para impedir la aplicación de cualquier ley de los Estados Unidos, o para intimidar o impedir que cualquier persona que ocupe un puesto o cargo en el gobierno de los Estados Unidos o bajo éste, y si cualquier persona o personas, con la intención antes mencionada, aconsejan, aconsejan o intentan provocar cualquier insurrección, disturbio, reunión ilegal o combinación, ya sea que dicha conspiración, amenaza, consejo, consejo o intento tenga o no el efecto propuesto, él o ellos serán considerados culpables de un delito grave.

Nótense las referencias a «intentar», «aconsejar» y «asesorar» como actos delictivos siempre que estos tipos de discurso se empleen en un presunto esfuerzo por obstruir a los funcionarios del gobierno. Sin embargo, el régimen nunca utilizó esta parte de la ley. Los procesados en virtud de las Leyes de Extranjería y Sedición eran acusados en virtud de la sección sobre difamación sediciosa, a la que se opusieron frontalmente por ser obvia y descaradamente contraria a los derechos básicos de la libertad de expresión. No obstante, se permitió que la Ley de Sedición expirara, gracias a la elección de Thomas Jefferson y los Republicanos (más tarde conocidos como Demócratas).

Durante sesenta años, el gobierno de los Estados Unidos no tuvo en vigor ninguna ley sobre la sedición. Pero el corazón de la Ley de Sedición de 1798 sería revivido. Aprobada en julio de 1861, la nueva ley de Conspiración Sediciosa establecía lo siguiente

que si dos o más personas dentro de cualquier Estado o Territorio de los Estados Unidos conspiran juntas para derrocar, derrocar o destruir por la fuerza al Gobierno de los Estados Unidos, o para oponerse por la fuerza a la autoridad del Gobierno de los Estados Unidos; o para impedir, obstaculizar o retrasar por la fuerza la ejecución de cualquier ley de los Estados Unidos; o por la fuerza para apoderarse, tomar o poseer cualquier propiedad de los Estados Unidos en contra de la voluntad o en contra de la autoridad de los Estados Unidos; o por la fuerza, o intimidación, o amenaza para impedir que cualquier persona acepte o desempeñe cualquier cargo, o confianza, o lugar de confianza, bajo los Estados Unidos. . . . Será culpable de un delito grave.

Dado el momento en que se promulgó la legislación —es decir, en 1861, tras la secesión de varios estados del Sur—, se supone que se originó para hacer frente a la supuesta traición confederada. Esto no es del todo cierto. La legislación contó con un apoyo considerable por parte de aquellos que eran especialmente militantes en su oposición a la Confederación. Por ejemplo, el representante Clement Vallandigham de Ohio —quien más tarde sería exiliado a la Confederación por oponerse a la guerra— apoyó el proyecto de ley precisamente porque pensaba que ayudaría a castigar a quienes participaran en «conspiraciones para resistir la ley de esclavos fugitivos». Pero, en un principio, el Congreso se había tomado en serio el castigo de las «conspiraciones» no en respuesta a la secesión del Sur, sino a la incursión de John Brown en Harper's Ferry en 1859.

La secesión del Sur y el temor a una rebelión contribuyeron a ampliar la coalición a favor de una nueva ley de sedición. La nueva ley de sedición representaba una ampliación significativa de la idea de «crímenes contra el Estado», en el sentido de que la ley de sedición no exigía actos manifiestos contra el gobierno, sino simplemente «conspirar», vagamente definidos. Stephen Douglas lo entendió perfectamente, explicando así las ventajas de su proyecto de ley:

Hay que castigar la conspiración, la combinación con intención de realizar el acto, y entonces se suprimirá por adelantado. No hay principio más familiar para la profesión jurídica que el de que siempre que sea apropiado declarar un acto como delito, es apropiado castigar una conspiración o combinación con intención de perpetrar el acto. . . . Si es ilícito e ilegal invadir un Estado y expulsar esclavos fugitivos, ¿por qué no declarar ilícita la formación de conspiraciones y combinaciones en los diversos Estados con la intención de cometer el acto?

Sin embargo, otros se mostraron más recelosos de ampliar el poder federal de esta manera. El senador Lazarus Powell y otros ocho demócratas presentaron una declaración oponiéndose a la aprobación del proyecto de ley. En concreto, Powell y sus aliados creían que la nueva ley de conspiración sediciosa supondría un avance de facto en la dirección de permitir al gobierno federal ampliar efectivamente la definición de traición que ofrece la Constitución federal. La declaración decía así:

La creación de un delito, basado únicamente en la intención, sin acto manifiesto, haría nugatoria la disposición citada anteriormente [es decir, la definición de traición en la Constitución] y se abriría la puerta a opresiones y crueldades similares que, bajo la excitación de las luchas políticas, han deshonrado tan a menudo la historia pasada del mundo.

Peor aún, la nueva legislación proporcionaría al gobierno federal «la máxima latitud para los procesamientos fundados en la enemistad personal y la animosidad política y las sospechas sobre la intención que inevitablemente engendran.»

La legislación sobre conspiración sediciosa otorga al gobierno federal un margen de maniobra mucho mayor para castigar a sus oponentes políticos. Ciertamente, dicha legislación podría haberse utilizado contra los opositores a las leyes sobre esclavos fugitivos, así como contra los opositores al servicio militar obligatorio federal. Después de todo, los opositores al servicio militar obligatorio tanto en la Guerra Civil como en la Guerra de Vietnam «conspiraron» para destruir propiedades del gobierno, como en el caso de la heroica quema de tarjetas de reclutamiento de los Nueve de Catonsville, por ejemplo. Sería mucho más difícil demostrar ante una corte que tales actos constituían traición. Desgraciadamente, la nueva legislación fue finalmente aprobada en 1861, y el gobierno de los Estados Unidos tuvo sus primeras leyes permanentes contra la conspiración sediciosa.

Ahora tenemos las mismas razones para temer las leyes de conspiración sediciosa que Powell en 1861. Tales medidas permiten al gobierno federal elaborar leyes que abordan la intención, los pensamientos y las palabras, en lugar de los actos manifiestos. Esto amplía enormemente el poder federal y permite perseguir la mera retórica incendiaria contra el gobierno federal.

En la práctica, las leyes de conspiración sediciosa son simplemente innecesarias. Una base de sentido común para hacer frente a la violencia en el edificio del Capitolio sería simplemente procesar a los que participaron en la violencia real y el allanamiento. Está claro, sin embargo, que conseguir condenas por conspiración sediciosa ha sido un objetivo importante para la administración porque fomenta la narrativa de que los partidarios de Donald Trump intentaron algún tipo de golpe de Estado.

Por desgracia, este tipo de persecuciones políticas son justo el tipo de cosas que hemos llegado a esperar del Departamento de Justicia. El FBI no puede molestarse en investigar a criminales sexuales como Larry Nassar, pero hará todo lo posible para procesar a cientos de personas que entraron en el Capitolio el 6 de enero, muchas de las cuales simplemente se quedaron mirando el paisaje. Pero cuando el Congreso da casi carta blanca al FBI, como ha hecho con las leyes de conspiración sediciosa, deberíamos esperar lo mismo.

Dado que el dinero se utiliza en todas las transacciones, incluidas las inversiones en bienes físicos e instrumentos financieros, la oferta de dinero es extremadamente importante para la economía y los mercados financieros.

La aceleración del crecimiento de la oferta monetaria suele traducirse en una mayor actividad económica y precios más altos, mientras que la desaceleración del crecimiento de la oferta monetaria (o su descenso) suele traducirse en una menor actividad económica y precios más bajos.

Sin embargo, los efectos de los cambios en la oferta monetaria son siempre temporales. Por ejemplo, si acelerar el crecimiento de la oferta monetaria siempre conduce a una «economía más fuerte», ¿por qué no acelerar siempre el crecimiento de la oferta monetaria? La respuesta corta es porque en economía no existe la comida gratis.

Como señaló Ludwig von Mises, uno de los mayores economistas y teóricos monetarios de la historia, sobre los míticos beneficios económicos de crear dinero de la nada:
 «Si fuera realmente posible sustituir la expansión del crédito (dinero barato) por la acumulación de bienes de capital mediante el ahorro, no habría pobreza en el mundo».

Y crear dinero de la nada no sólo no mejora el nivel de vida, sino que lo reduce. Esto se debe a que provoca el ciclo económico de auge y caída, que desperdicia los escasos recursos que se utilizaron en proyectos de inversión fallidos emprendidos debido a unos tipos de interés artificialmente bajos.

Mises desarrolló esta teoría austriaca del ciclo económico. Como él resumió el problema causado por la creación de dinero de la nada:
 «El movimiento ondulatorio que afecta al sistema económico, la recurrencia de períodos de auge a los que siguen períodos de depresión es el resultado inevitable de los intentos, repetidos una y otra vez, de reducir el tipo de interés bruto de mercado mediante la expansión del crédito».

La masa monetaria cae rápidamente

Como resultado de la enorme subida de los tipos de interés en el último año, el crecimiento de la masa monetaria está cayendo a uno de los ritmos más rápidos de la historia.

La mejor medida del dinero, denominada Oferta Monetaria Austriaca («MGA»), descendió un 9,7% interanual en marzo, el mayor descenso en más de 35 años de datos disponibles, como se muestra a continuación.

El siguiente gráfico muestra que la masa monetaria M2 ha bajado un 4,1% interanual, el mayor descenso desde la Gran Depresión, cuando M2 cayó más de un 10%. Permítanme repetirlo. La masa monetaria M2 está cayendo al ritmo más rápido desde la GRAN DEPRESIÓN de la década de 1930.

Fuente: thechartstore.com

Como los tipos de interés a corto plazo de las letras del Tesoro y los fondos del mercado monetario son ahora mucho más altos que los de los depósitos bancarios, mucha gente ha sacado su dinero de los bancos y lo ha invertido en letras del Tesoro y fondos del mercado monetario. Como resultado, los depósitos bancarios están cayendo un 5,4% interanual, el descenso más rápido en casi cinco décadas, como se muestra a continuación. Para proteger sus balances y limitar su riesgo ante la disminución de los depósitos y una próxima recesión, los bancos han recortado mucho el crédito. El resultado es que el crédito bancario sólo crece ahora un 2,3%, el ritmo más lento en casi 50 años, fuera de la Gran Recesión, como se muestra a continuación.

Consecuencias de la caída de la oferta monetaria

El crecimiento de la oferta monetaria es el principal motor del ciclo económico de auge y caída y de los mercados financieros. Ahora que la oferta monetaria disminuye a uno de los ritmos más rápidos desde la Gran Depresión y que la curva de rendimientos es la más invertida en más de 40 años tras el mayor ritmo de endurecimiento de la Reserva Federal desde las recesiones de principios de los 80, creo que existe un riesgo extremadamente alto de que se produzca una recesión importante este año, si es que no ha empezado ya. Hombre prevenido vale por dos.