En el año del 250.º aniversario de la Declaración de Jefferson, una parte cada vez mayor de la población cree que el capitalismo ha fracasado. Las encuestas muestran que el 40 por ciento de los americanos está a favor del socialismo. La mayoría de los estudiantes universitarios tiene una opinión positiva o neutral del socialismo, y los adultos menores de 50 años son significativamente más propensos a apoyarlo que las generaciones mayores, así como la mayoría de los adultos menores de 50 años con estudios universitarios. Pero este cambio no se debe a un fracaso del mercado. Se debe a un error de medición —ilusiones estadísticas que hacen que las distorsiones provocadas por el gobierno parezcan defectos del capitalismo.
Hay dos indicadores que dominan el discurso: el coeficiente de Gini y la creciente participación del capital en los ingresos. Ambos parecen indicar que la desigualdad se está agravando. Ninguno de los dos refleja la realidad económica.
El coeficiente de Gini oficial mide los ingresos antes de impuestos y antes de transferencias, sin tomar en cuenta el enorme efecto igualador de la tributación progresiva y los beneficios del gobierno. Cuando se utiliza el consumo —la medida correcta del bienestar—, la desigualdad es drásticamente menor. Sin embargo, la retórica política sigue basándose en la versión errónea porque justifica la expansión del Estado.
El problema más profundo es que el coeficiente de Gini es relativo. Las medidas relativas nunca pueden converger. Incluso si cada grupo de ingresos duplicara su consumo, el coeficiente de Gini podría permanecer sin cambios. Esto garantiza un descontento permanente. Una sociedad puede eliminar la pobreza, elevar los niveles de vida en todos los deciles y, aun así, ser tildada de «desigual», ya que el indicador está diseñado para detectar desigualdad incluso cuando las condiciones materiales mejoran. Los redistribucionistas nunca están satisfechos porque la estadística en la que se basan garantiza que nunca puedan estarlo.
El aumento de la participación del capital en los ingresos también se malinterpreta. Los cálculos tradicionales ignoran el cambio que se ha venido produciendo desde hace décadas hacia la remuneración no monetaria, como el seguro médico proporcionado por el empleador y las aportaciones para la jubilación. Y lo que es más importante, el auge de las entidades de transferencia de ingresos significa que a millones de propietarios-operadores se les clasifica erróneamente su ingreso laboral como «rendimientos del capital». Lo que parece ser un predominio del capital sobre el trabajo suele ser simplemente una clasificación errónea del trabajo.
El verdadero motor de la desigualdad no es la competencia de mercado, sino la intervención política. Un extenso aparato regulatorio federal premia cada vez más la proximidad a Washington por encima de la productividad en el mercado. El crecimiento explosivo de la industria del cumplimiento corporativo —abogados, consultores, auditores y administradores contratados para cumplir con los mandatos federales— desvía el capital de la inversión y los salarios. Estas funciones no amplían el pastel económico; simplemente lo redistribuyen. El resultado es una clase gerencial altamente calificada cuya remuneración está inflada por la regulación, no por el valor de mercado, mientras que los trabajadores manuales asumen el costo.
Una distorsión relacionada proviene del creciente entusiasmo por los impuestos sobre el patrimonio. Estas propuestas se basan en la misma premisa errónea que los indicadores de desigualdad defectuosos: que el capital privado acumulado es un recurso público. Pero un impuesto sobre el patrimonio no es un impuesto sobre los ingresos. Es un impuesto sobre el capital ya gravado, acumulado a lo largo de décadas de asunción de riesgos empresariales, ahorro y administración intergeneracional. Confiscar ese capital no es una corrección del fracaso del mercado; es la afirmación de que el Estado tiene un derecho superior sobre los frutos del esfuerzo privado.
El problema más profundo es la ausencia de un principio limitador. Una vez que el Estado se arroga la autoridad de confiscar la riqueza acumulada simplemente porque existe, la tasa se convierte en una cuestión de voluntad política, no de justificación moral. Si el Estado puede quedarse con el uno por ciento, puede quedarse con el veinte. Si puede quedarse con el veinte, puede quedarse con el cien. El socialismo siempre se ha basado en este absurdo: la creencia de que la sociedad puede prosperar penalizando precisamente las actividades que generan prosperidad.
Las tendencias demográficas y educativas agravan el problema. En la década de 1950, solo el cinco por ciento de las mujeres obtenía títulos de pregrado. Hoy en día, casi el 60 por ciento los obtiene. Este cambio ha transformado el panorama político. Las mujeres con estudios universitarios son ahora el grupo demográfico más numeroso que apoya los programas gubernamentales expansivos. Las razones son estructurales: el matrimonio tardío, la disminución de la fertilidad y los largos períodos de precariedad económica antes de formar una familia aumentan la dependencia de las instituciones públicas frente a las privadas.
La educación superior refuerza esta tendencia. Los subsidios federales para préstamos estudiantiles y la expansión de las administraciones universitarias han alterado estructuralmente la economía de la educación superior, aislando a las instituciones de la disciplina tradicional del mercado e incrementando los costos de matrícula. Los críticos sostienen que desvincular la admisión de los requisitos estrictos de preparación académica puede generar un efecto de desajuste que empuje a los estudiantes con dificultades hacia carreras con menor rentabilidad en el mercado o los deje enfrentando graves riesgos de deserción, acompañados de una deuda que no puede ser condonada. (Para más detalles, visita EPIC for America). La presión financiera resultante genera una gran población de graduados endeudados y subempleados que aún no han formado familias —el catalizador tradicional para la acumulación de activos y las políticas orientadas al mercado—. Muchos se concentran en campos donde el gobierno desempeña un papel desmesurado y el escepticismo hacia los mercados es común.
La historia demuestra que son los mercados, y no las imposiciones, los que impulsan la movilidad social ascendente. Como documentó Thomas Sowell utilizando datos del censo anteriores a 1964, las comunidades minoritarias estaban logrando avances sustanciales en materia de ingresos y reducción de la pobreza antes de la llegada del estado de bienestar moderno. Las familias sólidas y la participación activa en el mercado laboral impulsaron ese progreso. La posterior expansión de los programas federales debilitó esos incentivos, sustituyendo una cultura de autosuficiencia por una de dependencia política.
El capitalismo es un sistema en el que el trabajo y el capital obtienen ganancias en función del valor que generan. Cuando aumenta la desigualdad, la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿Quién distorsionó los incentivos? Hoy en día, la respuesta es clara. El Congreso —a través de la proliferación de regulaciones, la expansión de los programas de asistencia social, los fracasos educativos subvencionados y las propuestas de impuestos sobre la riqueza— ha desequilibrado el campo de juego.
La libertad no se preserva garantizando resultados. Se preserva asegurando que las personas sean libres de progresar gracias a su propio esfuerzo, sin que el Estado les imponga obstáculos, un Estado que cada vez más confunde sus propias distorsiones con fallas del mercado.
