Los expertos en políticas de Washington han descubierto un nuevo escándalo federal en materia de vivienda: el doble de hogares podrían estar recibiendo subsidios de alquiler de la Sección 8 en la capital del país si el programa se gestionara mejor.
La Sección 8 busca lograr la «integración económica» y la «integración de ingresos». El gobierno del Distrito de Columbia fijó el nivel de subsidio de renta para los departamentos tipo estudio en 3.652 dólares al mes y para los de una recámara en 3.768 dólares. Esos subsidios son más altos que el 98 por ciento de todos los departamentos de una recámara y tipo estudio que se alquilan en la ciudad, según un análisis del sitio web Capitol Commonsense. Ese nivel de subsidio permitiría a los beneficiarios alquilar casi cualquier departamento, excepto un ático en la costa de Georgetown.
La Autoridad de Vivienda de DC (DCHA) utiliza fondos federales para pagar hasta 6,231 dólares al mes por el alquiler de departamentos —de cuatro recámaras, lo que equivale a cuatro veces la renta media nacional. Una auditoría federal realizada por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) determinó que los niveles de subsidio de DC violaban la ley federal. Sin embargo, esa condena no frenó el chollo para los afortunados inquilinos que reciben subsidios.
El gobierno de la Ciudad de Washington justifica los elevados subsidios de renta para permitir que los beneficiarios «se muden hacia nuevas oportunidades». Sin embargo, dado que los beneficiarios deben pagar hasta un tercio de sus ingresos en concepto de renta según el programa, recibir el Subsidio de la Sección 8 reduce drásticamente el esfuerzo laboral, según numerosos estudios económicos. Si tus ingresos declarados son cero, tu renta también es cero —¡qué mal! El beneficiario promedio permanece en la Sección 8 durante 15 años, por lo que obtener un vale de alquiler podría equivaler a una ganancia inesperada de un millón de dólares. La Sección 8 cuenta con un presupuesto limitado, lo que significa que no todas las personas elegibles reciben el subsidio. Esto ha generado un sinfín de escándalos de soborno que se remontan a décadas atrás.
Según el American Enterprise Institute, «el inconveniente más directo del estándar de pago inusualmente alto de la DCHA es que reduce el número de familias que pueden recibir asistencia para la vivienda».
Los beneficios desmesurados siempre han sido una característica, y no un error, del programa de subsidios de alquiler de la Sección 8 creado en 1974. En 1980, la Oficina General de Contabilidad de los EEUU concluyó: «Los altos alquileres y la calidad de las viviendas [de la Sección 8] generan resentimiento entre los contribuyentes, quienes ven que sus vecinos subvencionados viven en alojamientos mejores de los que ellos mismos pueden permitirse». La GAO también observó que el objetivo de la Sección 8 de mezclar a las personas de bajos ingresos con la clase media a menudo no se logra porque «las viviendas de la Sección 8 suelen ser tan costosas que... ni siquiera los hogares de ingresos medios que no reciben ayuda pueden permitirse vivir en ellas».
Los subsidios federales para el alquiler premian la irresponsabilidad y siempre sacan a relucir lo peor de muchos beneficiarios. En 1994, en un artículo del Wall Street Journal titulado «La bola de demolición de Clinton para los suburbios», advertí: «Los beneficiarios de la Sección 8 pueden destruir los vecindarios debido a la burocracia paralizante que el HUD impone a los propietarios privados que desean desalojar a inquilinos morosos, vándalos y violentos». El secretario del HUD, Henry Cisneros, denunció mi artículo y sus «estereotipos desafortunados sobre los residentes de viviendas subsidiadas». Cisneros era el típico jefe del HUD que fingía que las víctimas colaterales de los subsidios del HUD nunca existieron.
El HUD les da a los inquilinos subvencionados el derecho a armar un escándalo. En 2009, el HUD inició una investigación contra la Autoridad Metropolitana de Vivienda de Cincinnati por supuestas políticas de la Sección 8 discriminatorias por motivos raciales, como «el desalojo por infracciones tales como música a todo volumen». Pero los niveles de decibelios no distinguen colores. En 2011, Cincinnati cedió a las exigencias del HUD y dejó de sancionar a los beneficiarios de la Sección 8 por infracciones por molestias.
Un análisis de 2009 sobre la Sección 8 publicado en Homicide Studies señalaba: «La delincuencia, específicamente los homicidios, se desplazó hacia los lugares a los que se reubicó a los residentes de bajos ingresos. Los homicidios simplemente se trasladaron a una nueva ubicación, no se eliminaron». Después de que escribí un artículo en el Wall Street Journal en 2011 en el que detallaba la carnicería generada por la Sección 8, la ACLU me denunció, alegando que mi artículo «convierte de manera despiadada en chivos expiatorios a las familias que reciben subsidios de vivienda». Pero no fue mi culpa que los problemas de la Sección 8 se multiplicaran después de que el gobierno de Obama defendiera permitir que los exconvictos (incluidos los asesinos) utilizaran la Sección 8.
Russell Vought —jefe de la Oficina de Administración y Presupuesto de Trump— criticó duramente el Programa de la Sección 8 porque «trae consigo delincuencia, una disminución en el valor de las propiedades y genera dependencia e irresponsabilidad subsidiada». Al menos 30 personas fueron asesinadas en viviendas del Programa de la Sección 8 en Chicago durante el primer semestre de 2016. El Chicago Sun-Times y la Better Government Association, con sede en Chicago, «compararon las direcciones de las viviendas de la Sección 8 en Chicago con la base de datos en línea de delitos de la ciudad» y descubrieron que, durante los primeros seis meses de 2016, «la policía respondió a denuncias de delitos —desde robos hasta homicidios— en 7,379 direcciones donde vivía al menos un beneficiario de un vale de vivienda».
En Houston, los hombres beneficiarios del Programa de la Sección 8 tienen el doble de probabilidades de cometer delitos violentos que las personas con antecedentes e ingresos similares que no recibieron vales de vivienda. Un análisis de la Universidad de Texas A&M atribuyó el «aumento de las detenciones por delitos violentos» a «los fondos adicionales y el tiempo libre de que disponen los beneficiarios de los vales, que pueden utilizarse para cometer delitos». El análisis señaló: «Mudarse a un vecindario mejor... podría aumentar la delincuencia al ofrecer objetivos más accesibles y con mayor poder adquisitivo». Un estudio financiado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) reveló que las reubicaciones bajo la Sección 8 habían «triplicado la tasa de detenciones por delitos contra la propiedad» entre los niños que se mudaron a nuevas localidades.
Casi la mitad de los beneficiarios de vales federales de alquiler son afroamericanos, pero los afroamericanos de clase media son los críticos más acérrimos de la Sección 8. Sheldon Carter, de Antelope Valley, California, declaró en una audiencia pública sobre las controversias locales relacionadas con la Sección 8: «Esto no es un problema racial. Es un problema de color. El color es el verde y es mi dinero». Shirlee Bolds le dijo al Dubuque Telegraph Herald de Iowa en 2009: «Me mudé de la ciudad para alejarme de toda esta porquería. Dubuque se está volviendo peligroso. Creo que se está convirtiendo en un pequeño Chicago, como si estuvieran trayendo la reputación de las calles aquí». En el sur de Chicago, Keith Tate —el director de una asociación comunitaria local en un barrio de clase media— se quejó en 2011 de que la Sección 8 «ha sido desastrosa para Chatham. Nunca habíamos visto a gente sentada en sus autos bebiendo botellas de cerveza de 40 onzas».
Pero ni los beneficiarios de la Sección 8 ni los responsables de la formulación de políticas federales serán jamás considerados responsables. A pesar de la condena del jefe de la OMB, Vought, el presidente Trump firmó a principios de este año un proyecto de ley de vivienda que aumentó los subsidios de la Sección 8 en 4 mil millones de dólares. Ese proyecto de ley se firmó en el intervalo entre la victoria de Trump sobre Venezuela y su victoria sobre Irán, en un momento en que Trump estaba distraído organizando el nuevo salón de baile de la Casa Blanca.
Confiar en que los subsidios federales para la vivienda generen justicia social es el triunfo definitivo de la esperanza sobre la experiencia.