En 2021, The Economist dedicó un número completo a aclamar «El regreso del gran gobierno» como el fin del llamado —pero inexistente en la práctica— paradigma de la «austeridad» y como la prueba de que un mayor gasto y un Estado grande eran la solución para el mundo pos-COVID, ya que traerían crecimiento económico, gasto social y sostenibilidad.
En 2025, la misma publicación sacó un número titulado «La crisis de deuda que se avecina»
El resultado del regreso del gran gobierno fue el regreso de la inflación persistente, el estancamiento y la deuda insostenible. ¿Quién lo hubiera imaginado? Cualquiera que haga los cálculos y todos los que entienden que el estímulo gubernamental y los llamados efectos multiplicadores del gasto público no son más que mitos del estatismo.
Durante más de dos décadas, la hipótesis política dominante en el mundo desarrollado fue que no existían límites significativos al gasto público, la deuda pública, la intervención monetaria o la regulación. Las tasas de interés estaban cerca de cero, los bancos centrales absorbían los bonos del Estado y los políticos llegaron a la conclusión de que el control presupuestario era una idea obsoleta.
Esa ilusión se ha acabado.
El aumento al unísono de las tasas de rendimiento de los bonos soberanos en todas las economías desarrolladas no es simplemente un movimiento del mercado. Es el veredicto del sistema financiero sobre un modelo que ha agotado su credibilidad, incluso para aquellos inversionistas en bonos acostumbrados a creer todo lo que dicen los gobiernos y los bancos centrales como si fuera la verdad revelada. La expansión permanente del Estado, los presupuestos estructuralmente desequilibrados, el financiamiento por parte del banco central de los excesos fiscales y la creencia política de que todo problema económico puede resolverse con otro paquete de «estímulo» parecían una solución cómoda, pero arrojaron los mismos resultados, entre ellos, inflación persistente, déficits elevados y estancamiento económico.
El régimen monetario y fiscal impulsado por el Estado sobrepasó todos sus límites hace muchos años, pero algunos aún creían que todo eso se podía disimular mediante la flexibilización cuantitativa de los bancos centrales. Se equivocaron.
Primero, vimos cómo los bancos centrales entraban en números rojos. A nadie parecía importarle. Luego vimos cómo los bonos se desplomaban ante el temor a una inflación persistente. A nadie parecía importarle. Ahora vemos que los rendimientos de todos los bonos soberanos suben incluso cuando los bancos centrales mantienen todas las medidas de liquidez, y cuando suben las tasas, el alivio solo dura un par de sesiones bursátiles.
La opción ahora no es la falsa austeridad de 2008-2012, que básicamente perpetuó un gobierno grande y aumentó los impuestos. Se trata de elegir entre un retorno a la moneda sólida, el equilibrio fiscal, una menor carga tributaria, la desregulación y un Estado más pequeño. A menos que los ciudadanos empiecen a exigir a sus gobiernos más libertad y menos intervención, el resultado será un período más prolongado de estancamiento, inflación, acumulación de deuda y disminución del nivel de vida.
Muchos culparán a los acontecimientos geopolíticos y dirán que la solución es el socialismo. Si el socialismo fuera la respuesta, Francia no estaría estancada, con un enorme problema fiscal y un creciente descontento social.
La respuesta al estancamiento económico y a la crisis de la asequibilidad no es más socialismo. Más subsidios, controles de precios, redistribución e intervención directa del Estado siempre han dado resultados opuestos a lo que prometen los políticos.
El socialismo nunca funciona porque es un sistema de control, no de progreso. Destruye los incentivos para generar riqueza y crea una población dependiente y sumisa, incapaz de defenderse por sí misma. Los socialistas saben que sus promesas no funcionan, pero para cuando los ciudadanos se dan cuenta, ya son rehenes de una poderosa maquinaria estatal.
En toda Europa, los gobiernos que han ampliado continuamente el gasto público, los impuestos, las transferencias y la regulación no han logrado generar prosperidad ni aliviar el costo de vida. Por el contrario, han acumulado deuda, han debilitado el crecimiento, han elevado los costos de la economía y han agravado el descontento social. Los gobiernos no reducen los precios; los aumentan.
El atractivo político es fácil de entender. Los subsidios y las transferencias parecen ofrecer un alivio inmediato y visible. El gobierno hace que culpes a la persona o empresa que fija el precio, y no a quien destruye el poder adquisitivo de la moneda, que es el propio gobierno. Por lo tanto, esos «subsidios» siempre se pagan con unidades monetarias que pierden valor constantemente. No abordan la razón por la que los precios suben en primer lugar. Los aumentos de precios son una consecuencia de la inflación monetaria, que se genera cuando los gobiernos imprimen más moneda de la que demanda el sector privado a través del gasto y la deuda.
Las grandes corporaciones no suben los precios; son los gobiernos quienes lo hacen.
El socialismo tiene un solo objetivo: el control. Los subsidios hacen que los beneficiarios dependan de la discreción política, al tiempo que les niegan las oportunidades que surgen del empleo productivo, el aumento de los salarios reales, la inversión y un sector privado dinámico. Al mismo tiempo, se les pide a los contribuyentes que financien un Estado cada vez más grande con menos ingresos disponibles y menos incentivos para ahorrar, invertir, contratar o crear empresas.
Los políticos luego culpan a «los ricos», a las empresas o a los mercados por una crisis de asequibilidad que sus propias políticas han creado. Además, ningún gobierno puede redistribuir la riqueza de un sector privado que se ve debilitado constantemente por impuestos más altos, regulaciones punitivas, la inflación y el aumento de los costos de endeudamiento.
La asequibilidad no se logra mediante el control gubernamental ni transfiriendo los ingresos existentes de un grupo a otro. Se logra cuando el sector privado prospera, los salarios reales aumentan a la par que la productividad, la competencia reduce los precios, la inversión amplía la oferta y la vivienda, la energía, el transporte, la atención médica y los servicios esenciales se pueden proporcionar de manera más eficiente y abundante.
Cuando los gobiernos abordan las limitaciones estructurales de la oferta mediante la redistribución, los subsidios, la intervención en los precios y el gasto financiado con deuda, también socavan los incentivos para invertir, construir, innovar y mejorar la productividad. El resultado es siempre una economía más cara, una mayor dependencia y menos oportunidades.
Durante años, los gobiernos pudieron ocultar su fragilidad fiscal gracias a que los bancos centrales mantenían bajos los rendimientos. La flexibilización cuantitativa se presentó como una varita mágica y una herramienta técnica de política monetaria, pero en la práctica se convirtió en un mecanismo mediante el cual los gobiernos financiaron un gasto insostenible a tasas artificialmente bajas, desplazando al sector privado y haciendo que las finanzas públicas se volvieran insostenibles.
Las consecuencias eran previsibles. Cuando se manipula a la baja el precio de la deuda, los políticos piden más préstamos. La flexibilización cuantitativa nunca fue una herramienta para darles tiempo a los gobiernos a reducir la deuda y el gasto, sino para justificar un mayor gasto.
Ahora el mercado está imponiendo la disciplina que los responsables políticos intentaron evitar. Sin embargo, los políticos se niegan a recortar el gasto y, en cambio, transfieren el costo creciente de los intereses a los contribuyentes.
Los Estados con soberanía monetaria no tienen una capacidad ilimitada para emitir moneda o acumular deuda. Pueden posponer el ajuste por un tiempo si su deuda está denominada en su propia moneda y las instituciones nacionales siguen siendo creíbles. Sin embargo, no pueden eliminar los límites que impone la realidad económica.
Desde 2021, las economías desarrolladas han rebasado sus tres límites.
El límite económico se alcanza cuando cada unidad adicional de deuda gubernamental genera un crecimiento cada vez menor. Los gobiernos pueden inflar el PIB nominal mediante el gasto deficitario, las transferencias y el consumo público, pero el resultado no es lo mismo que generar riqueza. En el mundo desarrollado, la expansión del gasto público ha coincidido con un débil crecimiento de la productividad, una inversión privada anémica y un aumento en el costo de vida.
El límite fiscal se alcanza cuando los costos de los intereses y las obligaciones por prestaciones sociales desplazan a la inversión productiva. Los gobiernos pueden intentar retrasar este momento mediante la represión financiera, tasas de interés artificialmente bajas, presión regulatoria sobre las instituciones financieras nacionales y compras de deuda soberana por parte del banco central. A medida que crecen los saldos de deuda y los bonos tienen tasas más altas, los gastos por intereses consumen una mayor parte de los presupuestos públicos. Los gobiernos se endeudan más simplemente para financiar los compromisos existentes.
El límite inflacionario se alcanza cuando la financiación monetaria reiterada y los déficits fiscales persistentes socavan la confianza en el poder adquisitivo de la moneda fiat. La inflación no es solo una variación anual en un índice de precios. Las familias sufren su efecto acumulativo en los alimentos, la energía, la vivienda, el transporte, los seguros y los servicios esenciales. Una mayor creación de dinero y el gasto gubernamental financiado con deuda no resuelven esa crisis. Corren el riesgo de prolongarla al debilitar la moneda, distorsionar la asignación de capital y transferir recursos de los ahorristas y los asalariados al Estado.
Los rendimientos de los bonos del Estado han aumentado en todo el G7. En septiembre, el rendimiento promedio a diez años de las economías más grandes del G7 alcanzó el 4,285 %, su nivel más alto desde mediados de 2008. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU a diez años superaron el 5 %. Sin embargo, estos no fueron los que registraron los peores resultados. Los rendimientos a largo plazo subieron más rápidamente en Japón, Francia y el Reino Unido.
Es importante destacar el carácter sincronizado de este aumento. Japón se enfrenta a un aumento de las tasas de rendimiento a pesar de décadas de control de la curva de rendimientos y de la intervención masiva del banco central. Alemania, a pesar de tener una carga de deuda menor que la de muchos de sus pares, ha visto cómo las tasas de rendimiento subían a sus niveles más altos desde 2011. Las tasas de rendimiento de los bonos del Tesoro de EEUU a treinta años han alcanzado su punto más alto desde 2007.
Los mercados están reevaluando al mismo tiempo el riesgo fiscal, el riesgo de inflación y la credibilidad cada vez menor de las instituciones monetarias.
Los inversionistas ya no dan por sentado que los gobiernos altamente endeudados puedan eliminar sus pasivos mediante la inflación sin que ello tenga consecuencias, ni que los bancos centrales puedan monetizar la deuda de manera indefinida sin perjudicar el poder adquisitivo del dinero.
El modelo fiscal de los últimos quince años se basó en una premisa falsa, construida sobre la idea de que la deuda pública era prácticamente gratuita. Mientras las tasas de interés se mantuvieran cercanas a cero, los gobiernos podían afirmar que los índices de endeudamiento no importaban porque los costos del servicio de la deuda seguían siendo manejables. La recomendación de Stiglitz de que «Japón es un modelo, no una advertencia» resultó ser muy atractiva para los gobiernos. También resultó ser terriblemente errónea.
La deuda no se vuelve sostenible simplemente porque un banco central mantenga a raya su precio.
El Fondo Monetario Internacional estima que la deuda pública mundial aumentó al 94 % del PIB en 2025 y alcanzará el 100 % del PIB para 2029. Las principales economías del mundo están impulsando esta tendencia, ya que los elevados déficits, la creciente carga de los intereses y las demandas de gasto estructuralmente más altas están mermando el margen fiscal.
El problema de los costos por intereses se está volviendo crítico. Se estima que el gasto mundial de los gobiernos en intereses ha aumentado de alrededor del 2 % del PIB en 2020 al 2,9 % en 2025. Se espera que siga aumentando hasta finales de la década. Este es el costo de inercia de creer que el exceso keynesiano de Japón es un modelo a seguir.
Cada unidad adicional de ingresos de los contribuyentes que se destina al pago de intereses destruye dinero en la economía. Los gobiernos responderán inevitablemente aumentando los impuestos, endeudándose más y exigiendo una mayor flexibilización monetaria. Cada una de estas respuestas debilita el crecimiento y la asequibilidad.
El estado de bienestar moderno ha sido insostenible durante años y se ha vuelto dependiente de bajos costos de endeudamiento que ya no existen.
La respuesta política previsible será exigir otra ronda, aún mayor, de flexibilización cuantitativa, mayores transferencias fiscales, planes masivos de inversión pública, subsidios industriales y programas de gasto «estratégicos».
Esto será un error enorme… Otra vez.
La flexibilización cuantitativa solo enmascara los desequilibrios por un breve período de tiempo. No puede resolver un problema de solvencia.
Los bancos centrales pueden comprar bonos del Estado, pero no pueden generar ahorros reales ni dinero productivo. Pueden expandir sus balances, pero no pueden aumentar la productividad, recuperar la competitividad ni generar el capital necesario para una recuperación sostenible.
Imprimir dinero no hace más rica a una nación. Se trata de una transferencia masiva de riqueza de los ahorristas y los asalariados al Estado y a los primeros beneficiarios del dinero recién emitido. Distorsiona el precio del capital, fomenta las inversiones erróneas y, a la larga, alimenta las presiones inflacionarias.
Las tasas de interés artificialmente bajas envían una señal errónea a los mercados. Hacen que el gasto, el endeudamiento y la inversión insostenibles parezcan viables. Además, los gobiernos utilizan el dinero recién creado para el gasto corriente. La eventual recesión no es causada por el capitalismo ni por un fallo del mercado. Es causada por la distorsión previa del dinero y el crédito.
El mismo principio se aplica a las finanzas públicas. Los gobiernos han considerado las políticas de tasa cero y la expansión cuantitativa como un sustituto de las reformas. Han utilizado la intervención monetaria para mantener estructuras de gasto que los contribuyentes no pueden financiar de manera sostenible. Han pospuesto los ajustes necesarios en las pensiones, la administración pública, los subsidios, los programas de prestaciones sociales y las cargas regulatorias.
El resultado no ha sido un crecimiento sólido. Ha sido una combinación inestable de baja productividad, alto endeudamiento, elevados riesgos de inflación, represión financiera y frustración social.
Los defensores de un gobierno cada vez más grande suelen argumentar que el estímulo fiscal genera crecimiento. La evidencia de las economías desarrolladas indica lo contrario.
Tras años de déficits extraordinarios, programas de gasto gubernamental, compras de activos por parte de los bancos centrales e iniciativas de política industrial, la mayoría de las economías avanzadas se enfrentan a un bajo crecimiento de tendencia, una inversión privada débil, una productividad en declive, viviendas inasequibles, una elevada carga tributaria y unas finanzas públicas cada vez más precarias.
El problema no es solo que los gobiernos gasten demasiado. Es que los gobiernos gastan los recursos de la peor manera posible, peor que los actores privados, y dirigen el capital de acuerdo con prioridades políticas en lugar de la demanda de los consumidores, la rentabilidad o el valor productivo a largo plazo. Los gobiernos son excepcionalmente malos para elegir a los ganadores y aún peores para elegir a los perdedores.
El problema también se presenta en el ámbito económico. La contabilidad del PIB considera el gasto público como un aumento de la producción. Sin embargo, la prosperidad real depende de si los recursos se utilizan de manera productiva. Un gobierno puede pedir prestado y gastar miles de millones, pero al mismo tiempo empobrecer a la economía en términos productivos, ya que ese gasto desplaza la inversión privada, aumenta los impuestos, sostiene actividades improductivas o alimenta la inflación.
La solución no es pedir más préstamos con la esperanza de que el próximo estímulo tenga éxito donde el anterior fracasó. La solución es eliminar los obstáculos que impiden el crecimiento del sector privado.
Las economías desarrolladas necesitan un cambio de rumbo en sus políticas basado en cuatro principios.
En primer lugar, necesitan una moneda sólida. Los bancos centrales deberían cerrar. Sin embargo, dado que esto no sucederá, deben volver a su mandato: proteger el poder de compra de la moneda. La política monetaria no debería utilizarse para financiar déficits, manipular los mercados de bonos soberanos ni proteger a los gobiernos de las consecuencias de la irresponsabilidad fiscal.
En segundo lugar, los gobiernos deben equilibrar sus presupuestos mediante reducciones duraderas del gasto, y no con medidas cosméticas, aumentos de impuestos o hipótesis de crecimiento optimistas. Los recortes de gasto deben centrarse en eliminar los subsidios ineficientes, la duplicación de funciones administrativas, las ayudas a las empresas, los programas de inversión con fines políticos y los compromisos de prestaciones sociales que no puedan financiarse.
En tercer lugar, los responsables de las políticas deben reducir los impuestos, en particular aquellos que penalizan el trabajo, la inversión, el ahorro, el espíritu emprendedor y la formación de capital. Una estrategia de aumento de impuestos resulta políticamente conveniente porque evita enfrentar el problema del gasto. Sin embargo, reduce los incentivos para producir, invertir, contratar e innovar precisamente cuando las economías necesitan más dinamismo.
En cuarto lugar, las economías avanzadas necesitan una agenda ambiciosa de desregulación. Reducir las barreras a la creación de empresas, la producción de energía, la construcción de viviendas, la flexibilidad del mercado laboral y la inversión contribuiría más al crecimiento sostenible que otra década de gasto deficitario.
El sistema monetario y fiscal de los grandes estados ha llegado a su fin porque ya no es creíble ni desde el punto de vista financiero, ni económico, ni político. El mercado de bonos está dejando en claro que no hay forma de escapar de manera permanente de la aritmética fiscal.
El lector podría argumentar que los gobiernos optarán por más intervención, más deuda, más distorsión monetaria y más estancamiento. Sin embargo, por primera vez, estamos viendo cómo los ciudadanos de todo el mundo rechazan estas promesas. Es posible que los gobiernos y los grandes partidos políticos tengan que cambiar sus políticas porque el fracaso es evidente y la base electoral simplemente dice: «Ya basta». Por eso es tan importante la batalla cultural. El objetivo es hacer entender a los votantes que la solución no es más gobierno, sino menos. Mucho menos.
