Miles de jóvenes franceses se manifiestan para exigir mejores servicios públicos. La chusma estatista se aprovecha del descontento natural de este grupo social e intenta convertir las clamorosas quejas de los jóvenes en una avalancha de votos que caen en las urnas del socialismo, como si se tratara del clásico de Disney «Fantasía».
Esto es tan cierto y, al mismo tiempo, tan vago que, de vez en cuando, podría copiarlo y pegarlo en un artículo o comentario político y sería muy difícil refutarlo. La recurrencia de este escenario jacobino a lo largo del tiempo no hace más que poner de manifiesto un problema sistémico, uno que —como cualquier tema en las ciencias sociales— tiene numerosas capas. Por lo tanto, le corresponde al hombre ilustrado despojarse de esta molestia hasta llegar a la verdad, por muy abyecta que sea.
Muchos liberales clásicos se han puesto manos a la obra con esta intención. Sin embargo, al llegar al momento de levantar el último velo, han sentido un temor punzante. Paralizados por la incomodidad de la situación, han preferido señalar la dirección correcta sin especificar hasta dónde hay que llegar para encontrar la causa última del problema.
Juan Ramón Rallo y Daniel Lacalle, por ejemplo, señalan el elevado gasto público, el endeudamiento, el sistema de pensiones de los funcionarios y, en términos más generales, el estado de bienestar como la causa última de las crisis recurrentes de Francia. Rallo sostiene que el problema subyacente de Francia es un estado de bienestar disfuncional que, además, ha creado guetos dependientes de la asistencia social en los que viven millones de personas insuficientemente integradas en la sociedad.
Aunque Lacalle aún no se ha pronunciado específicamente sobre los problemas actuales de Francia, sus análisis sobre el sistema francés se han centrado en su deuda pública, que actualmente se sitúa cerca del 120 por ciento, según las previsiones oficiales. Lacalle señala que Francia no ha tenido un presupuesto equilibrado desde finales de la década de 1970. También destaca el peso del sector público en la economía —más del 58 por ciento— y una de las cargas fiscales más altas de la OCDE. En su opinión, copiar las políticas socialistas termina destruyendo lo que esas políticas pretenden proteger.
Ni Rallo ni Lacalle se equivocan al identificar al Estado benefactor y a la deuda pública como factores decisivos en los recurrentes episodios de agitación social en Francia. Sin embargo, fallan al no denunciar la causa de este Estado benefactor desmesurado: la democracia. Este error se debe bien a una complacencia prematura, al conformarse con la causa más visible de los problemas de Francia, bien a un sesgo democrático —cada vez más frecuente entre los liberales clásicos— que les impide ver la verdadera fuente de los problemas que denuncian. Es, por así decirlo, como acusar a la cuchilla de la guillotina de haber asesinado a Robespierre en lugar de al verdugo que suelta la cuerda.
Este sesgo democrático conduce a un razonamiento tóxico que oculta arrogancia y timidez. El razonamiento es el siguiente: identifico correctamente al Estado benefactor como una causa del malestar social, y también veo, a través de la misma lógica económica que utilicé para identificar al Estado benefactor como un problema, que la democracia crea ciertos incentivos que parecen empujar a todas las opciones políticas hacia el estatismo. Pero —aquí viene el sesgo— si mis amigos economistas y yo gobernáramos, esto no nos pasaría a nosotros, porque de hecho podríamos domar al Leviatán, domesticarlo e incluso hacerlo amigable con el ciudadano. El problema no es la democracia; es que mi bando no ganó.
Este razonamiento esconde un viejo estribillo del liberalismo clásico que, a estas alturas, ya no debería ser más que un aliento pútrido: la democracia es buena porque permite una transferencia ordenada del poder sin guerra civil ni conflictos similares. Incluso si somos generosos y aceptamos esta afirmación como cierta, ¿de qué sirve una transferencia pacífica del poder si los conflictos que socavan la paz y el proceso económico continúan a lo largo del mandato de un gobierno? ¿Quién, aparte del gobernante, tiene interés en una transición ordenada que conduzca a un declive lento pero pacífico? En lo que va de este siglo, Francia ha sufrido disturbios sociales que han destruido la paz y socavado la posibilidad de un cálculo económico confiable y, en consecuencia, el desarrollo económico: en 2005, 2018–2019, dos veces en 2023, en 2025 y ahora en 2026. Ninguno de estos episodios ha sido resultado de una transferencia turbulenta del poder ni de un conflicto entre la población.
Si una razón para defender la democracia es, por ejemplo, la paz que puede conducir al progreso de sus ciudadanos, ¿cómo es que el Perú, un país no democrático —con diez presidentes en los últimos quince años, de los cuales solo cuatro fueron elegidos democráticamente—, ha logrado un crecimiento acumulado del PIB real del 53,3 por ciento, mientras que la ordenada Francia ha alcanzado un 17,6 por ciento durante esos mismos quince años? ¿Cómo es posible que, durante ese mismo período, el PIB per cápita haya aumentado un 68 por ciento en Perú, en comparación con el 13 por ciento en Francia? Suponiendo que alguna de estas cifras signifique algo.
Incluso para los demócratas que, con razón, aborrecen el gasto público, entre 2010 y 2024, el caótico Perú aumentó su relación deuda-PIB en un 7 por ciento, mientras que la democrática Francia aumentó la suya en un 26 por ciento. Sin embargo, más allá de la comparación empírica entre estos dos países, la propia teoría económica apunta claramente a la simbiosis entre el sistema democrático y el crecimiento inexorable del Estado benefactor.
Existe una rica tradición intelectual que comienza con Gustave de Molinari, pasa por Erik von Kuehnelt-Leddihn y llega hasta nuestros días con pensadores como Hans-Hermann Hoppe y Jesús Huerta de Soto, quienes denuncian cómo el estatismo más desenfrenado se anida en el seno mismo de la democracia.
Esto se puede entender de la siguiente manera: hay una dimensión, un aspecto presente en cada acción. Me refiero a lo que los economistas llaman «preferencia temporal», una categoría de la acción humana. Cada acción que decidimos emprender —o no— tiene costos asociados: el tiempo que lleva, la energía que se gasta al realizarla y los materiales necesarios para llevarla a cabo. Incluso si no requiriera nada de lo anterior, su costo sería renunciar a todo lo que podríamos haber hecho en su lugar.
Naturalmente, asumimos los costos de nuestras acciones porque esperamos obtener un beneficio futuro a cambio de ese esfuerzo. Si creyéramos que los costos de una acción superan sus beneficios, simplemente no la llevaríamos a cabo. La pregunta es: ¿hasta qué punto en el futuro estamos dispuestos a esperar para obtener esos beneficios?
Si podemos asumir costos sustanciales en el presente a cambio de beneficios futuros, los economistas describirían esto como una preferencia temporal baja. Si, por el contrario, queremos beneficios inmediatos sin importar los costos presentes o futuros, estaríamos hablando de una preferencia temporal alta. Un padre que se sacrifica para darle a su hijo una buena educación tiene una preferencia temporal baja. Un adulto que se endeuda a altas tasas de interés para irse de crucero sin saber cómo pagarlo tiene una preferencia temporal alta.
Dado que aceptar un sacrificio en el presente requiere imaginar un beneficio en un futuro incierto, los seres humanos tienden naturalmente al consumo presente; el ahorro y la planificación requieren entrenamiento y una conciencia de la relación entre el presente y el futuro.
Si tomamos lo anterior como cierto y le sumamos el factor democrático, el escenario es el siguiente: los políticos, conscientes de la propensión al consumo presente, ofrecen a los votantes todo tipo de medidas que parecen buenas a primera vista, pero que revelan su verdadera naturaleza al reflexionar sobre sus consecuencias a largo plazo.
Cuando los votantes eligen las medidas a corto plazo que ofrecen los políticos, disfrutan de sus beneficios inmediatos. Cuando llega el momento de pagar el costo de esos beneficios, los votantes se dan cuenta demasiado tarde de que los beneficios no justifican los costos. Se enojan mucho y exigen a los políticos más soluciones a corto plazo, esta vez para remendar las consecuencias de una política económica descuidada. El único resultado posible es que la olla a presión explote. Esto es lo que está sucediendo ahora en Francia y lo que ha ocurrido en casi todas las crisis que ha vivido el país en el siglo XXI.
Si un político propusiera la responsabilidad fiscal, la austeridad en el gasto y los demás ideales de los liberales clásicos, ese político sería aplastado electoralmente por sus oponentes estatistas, tal como ha ocurrido en la práctica y como ya se podía anticipar mediante un razonamiento basado en la preferencia temporal. Es por eso que el verdadero problema al que se enfrentan los franceses no es el Estado benefactor: es la democracia que han glorificado desde finales del siglo XVIII. Ni ellos ni los liberales clásicos pueden ver cómo la democracia alberga la semilla del totalitarismo en cada elección.
Por lo tanto, intentar reducir el estado de bienestar, por muy noble que sea, equivale a un esfuerzo comparable a la lucha diaria de Sísifo por empujar su pesada roca cuesta arriba. Para seres finitos como nosotros, me parece mucho más valioso dedicar nuestros esfuerzos a destruir la causa última del estatismo en lugar de uno de sus síntomas, que puede resurgir cada vez que las urnas se vuelven hambrientas.
Uno de los pensadores más destacados del libertarismo, Murray Rothbard, escribió una frase que se ha vuelto muy famosa: «Solo los libertarios están dispuestos a llamar a los impuestos por su nombre: robo legalizado y organizado a gran escala». Propongo añadir el siguiente apéndice: «Y la democracia, un tren desbocado hacia el socialismo y la miseria».
