El 27 de septiembre, los votantes suizos se pronunciarán sobre la iniciativa popular «Salvaguarda de la neutralidad suiza». La propuesta incorporaría un nuevo artículo a la Constitución Federal en el que se declararía la neutralidad suiza como perpetua y armada. A Suiza se le prohibiría unirse a cualquier alianza militar o de defensa, así como cooperar con dichas alianzas, salvo en caso de un ataque directo o de preparativos inminentes para uno. También se prohibiría la participación en conflictos armados entre terceros países y la imposición de sanciones a Estados beligerantes, con excepciones muy limitadas únicamente para medidas ordenadas por la ONU y acciones destinadas a impedir la elusión de dichas sanciones. En su lugar, el país aprovecharía su neutralidad para la mediación y los buenos oficios.
Esto no es un ejercicio constitucional abstracto ni una mera formalidad burocrática. Es una respuesta directa a la erosión constante del principio que mantuvo a Suiza al margen de ambas guerras mundiales y preservó su independencia durante dos siglos. Es uno de los pilares fundamentales sobre los que se construyó el país, y una de las principales razones de su éxito actual es la confianza global de la que goza, junto con su solidez económica.
La neutralidad de Suiza figura en la Constitución Federal desde 1848; sin embargo, el texto nunca ha proporcionado una definición detallada de lo que esa neutralidad realmente implica. Por lo tanto, el significado práctico de este principio se ha dejado casi por completo en manos del Consejo Federal y del Parlamento. Esta falta de claridad constitucional es precisamente el problema. Este principio es demasiado importante como para dejarlo abierto a interpretaciones.
Quienes se oponen a la iniciativa insisten en que Suiza ya es neutral y que no es necesario endurecer la redacción. Advierten que esto aislaría al país, dañaría las relaciones con los países vecinos e impediría una cooperación útil en materia de seguridad. El ministro de Relaciones Exteriores, Ignazio Cassis, ha argumentado que la neutralidad no es un dogma y que el gobierno debe conservar su discreción. El Consejo Federal y la mayoría de los partidos rechazan la propuesta sin presentar una contrapropuesta, alegando que el enfoque actual le ha funcionado bien a Suiza y que las exigencias fundamentales de la iniciativa ya se cumplen en la práctica. En otras palabras, sostienen que este referéndum no es necesario en absoluto, ya que Suiza ya es, como es bien sabido, un país neutral.
Sin embargo, si la neutralidad del país ya está asegurada, ¿por qué existe una resistencia tan feroz a incluir una definición más clara de la misma en la Constitución? La respuesta se encuentra en lo ocurrido en las últimas dos décadas. Suiza se unió a la «Asociación para la Paz» (PfP) de la OTAN en 1996 y al Consejo de Asociación Euroatlántico al año siguiente. Ha contribuido a la Fuerza de Kosovo (KFOR), liderada por la OTAN, desde 1999 con el contingente SWISSCOY, y en junio de 2026 el Parlamento aprobó aumentar el número máximo de efectivos de 215 a hasta 300, al tiempo que se extendió la misión hasta 2029.
El país también ha ido alineando de manera constante sus estándares militares con las normas de la OTAN. A partir de 2022, la cooperación se ha profundizado aún más en el marco del Programa de Asociación Personalizada, con objetivos centrados en el diálogo, la interoperabilidad y el trabajo conjunto en áreas de interés común. Suiza también se ha acercado a la Unión Europea en múltiples frentes: la adhesión al espacio Schengen, la adopción de amplios sectores de la legislación de la UE a través de acuerdos bilaterales, la libre circulación de personas y, lo que es más revelador, la alineación casi automática con los paquetes de sanciones de la UE, incluidas las impuestas contra Rusia tras la invasión de Ucrania. Desde 2022, Moscú ha dejado en claro que ya no considera a Suiza como un país neutral.
Nada de esto requirió una solicitud formal de adhesión a la OTAN ni un tratado de adhesión a la UE. Pero, en realidad, ninguna de estas cosas era necesaria, ya que la «cooperación» y la «flexibilidad» graduales lograron el mismo resultado práctico. La clase política trata la neutralidad como una marca útil para consumo interno, mientras que, al mismo tiempo, la adapta discretamente a las preferencias de Bruselas y de la alianza atlántica. También queda muy claro que esta dirección ya estaba fijada a nivel institucional desde el informe de agosto de 2024 de la Comisión Oficial de Estudio de Política de Seguridad (Studienkommission Sicherheitspolitik), que recomendó que la cooperación con la OTAN y la UE fuera deliberadamente más allá de los acuerdos existentes y apuntara a una capacidad de defensa conjunta. El periodista Rafael Lutz informó posteriormente que la Secretaría de Estado para la Política de Seguridad (SEPOS) ya había concluido internamente en 2024 que la iniciativa debía ser derrotada a toda costa, precisamente porque bloquearía una mayor integración en la OTAN.
Cuando los votantes o los críticos se oponen a esta trayectoria tan clara, la respuesta rara vez es sustantiva. Esto se ve claramente en la línea de ataque que ha elegido el bando del «No» para derrotar la iniciativa: en lugar de ofrecer argumentos que expongan y respalden racionalmente su postura, los ataques ad hominem dominan su lado del debate. Gran parte de la oposición se centra en ataques personales contra Christoph Blocher, el veterano político de la UDC y principal impulsor de la iniciativa, en lugar de centrarse en el contenido del texto en sí. A cualquiera que esté a favor de la definición más estricta se le tacha de prorruso, de «idiota útil» del Kremlin o de indiferente ante el sufrimiento de Ucrania. El interés de los medios rusos en la iniciativa se cita como prueba de injerencia extranjera, en lugar de como evidencia de que la actual orientación política ya ha comprometido la credibilidad de Suiza como actor neutral.
El problema de fondo son los incentivos. La clase política y administrativa permanente de Berna no comparte los mismos intereses que los ciudadanos suizos de a pie. Muchos de ellos anhelan el prestigio, las redes de contactos y las oportunidades profesionales que conlleva una mayor integración en las estructuras europeas. Asistir a reuniones en Bruselas, participar en foros de seguridad de alto nivel y ser tratado como un socio confiable por las grandes potencias confiere un estatus que la neutralidad pura no ofrece. Para el ciudadano, la neutralidad ha significado evitar las guerras extranjeras, preservar la soberanía y poder actuar como un mediador imparcial.
En este sentido, la verdadera pregunta que resolverá este referéndum es quién tiene la facultad de definir qué significa la neutralidad: ¿la propia Constitución o quienquiera que esté en el poder hoy y mañana? Una Constitución que deja la definición de neutralidad a discreción de quienes se benefician precisamente de socavarla es una invitación a hacerlo. El propósito de la iniciativa es eliminar esa opción. Al consagrar el principio en un lenguaje constitucional claro, obliga a los futuros gobiernos a buscar el consentimiento público explícito para cualquier desviación significativa. En una democracia directa, eso no es «radical», como los opositores a la iniciativa quieren hacer creer. Es exactamente lo contrario: es la aplicación práctica de la propia lógica del sistema.
