[Este artículo se publicó por primera vez en alemán en Schweizer Monat, el 5 de agosto de 2026]
Los ingresos per cápita más altos del mundo se encuentran en unidades políticas pequeñas, como Mónaco, Liechtenstein, Luxemburgo, Suiza, Singapur y las Islas Caimán. Desde el punto de vista económico, este hallazgo es fácil de explicar: las unidades políticas pequeñas no son autárquicas; compiten a nivel internacional por el talento y el capital. Por eso deben tratar bien a sus residentes y empresas, y ofrecer condiciones de vida atractivas y un marco favorable para los negocios. Sobre todo, las unidades políticas pequeñas deben mantener baja la carga tributaria, mantener relaciones pacíficas con sus vecinos y abstenerse de aventuras militares.
Sin embargo, ni siquiera las unidades políticas pequeñas son inmunes al abuso del poder estatal. El Estado sigue siendo el monopolista territorial de la coacción y tiene la última palabra en todos los conflictos que se producen en su territorio. Preciso, por esa razón, el Estado puede convertirse fácilmente en el problema en sí mismo; por ejemplo, cuando el poder estatal cae en manos de actores que lo utilizan, digamos, para beneficiar a grupos organizados con intereses especiales.
El derecho a la secesión
Para controlar este problema fundamental del Estado, el economista austriaco Ludwig von Mises (1881–1973) ya propuso en 1927 que se otorgara a los grupos de personas el derecho a separarse del Estado. Según Mises, ese «derecho a la secesión» obligaría a las mayorías de un país a no perder de vista las preocupaciones de las minorías. De lo contrario, quienes estén insatisfechos pueden votar con los pies y, les guste o no a las mayorías, abandonar el Estado. La idea de secesión de Mises mata dos pájaros de un tiro: le da a la mayoría un incentivo para tratar a la minoría con dignidad y desmantela de manera efectiva el «monopolio territorial de la coacción y la violencia» del Estado, imponiendo límites claros a su poder.
En el Principado de Liechtenstein se puede observar cuán práctica y viable es esta idea. Por iniciativa del príncipe Hans-Adam II, el país, en una reforma constitucional de 2003, consagró un derecho especial de salida para sus municipios. El párrafo 2 del artículo 4 de la Constitución nacional les permite iniciar un procedimiento para separarse de la unión estatal. Sin embargo, no se trata de un derecho absoluto y unilateral a la secesión. En un primer momento, un municipio solo puede iniciar el procedimiento de salida. La secesión efectiva aún requiere el consentimiento de la Dieta y del Príncipe. Si el electorado convoca un referéndum o el parlamento ordena una votación popular, los votantes elegibles en el «Ländle» también deben dar su aprobación.
Hasta la fecha, ningún municipio ha hecho uso de este derecho. Sin embargo, Liechtenstein, con esta opción de salida, ha enviado una señal de libertad individual —apenas exagerada y con gran visión de futuro— que se extiende mucho más allá de sus propias fronteras.
El problema del tamaño
La cuestión del «tamaño óptimo del Estado» se ha planteado desde hace tiempo a nivel internacional. Muchas de las grandes unidades políticas —basta con pensar en los Estados Unidos de América, China, el cártel estatal denominado Unión Europea o Estados-nación como Alemania, Francia y Gran Bretaña— llevan mucho tiempo encaminándose hacia la quiebra económica, financiera y cultural. Están sobreendeudadas, el crecimiento económico está en declive y las perspectivas de prosperidad son decepcionantes. La mala gestión y la corrupción se están extendiendo. Al mismo tiempo, las ideologías socialistas y comunistas patrocinadas por el Estado atacan cada vez más a la familia y al cristianismo, socavan el estado de derecho y ponen en peligro la seguridad pública. Esa es también la razón por la que muchos países se precipitan sin freno hacia un Armagedón demográfico.
Una solución realista y viable a todos estos problemas consiste en dividir las grandes unidades políticas en otras más pequeñas. Sin embargo, lo que se interpone en el camino es que los estados constituyentes, las regiones y los municipios en la mayoría de los países europeos no tienen derecho unilateral a la secesión. No obstante, precisamente hacer valer ese derecho es el camino a seguir: otorgar a los estados constituyentes, las regiones, las ciudades o los municipios el derecho a separarse de la asociación estatal de nivel superior si así lo desean. Después de todo, no hay ninguna razón convincente por la que las personas deban permanecer sometidas, en contra de su voluntad, a una federación y a sus reglas.
«Una Europa de mil Liechtensteins»
El principio rector de la secesión es, por lo tanto, el siguiente: se debe permitir que los municipios se separen de una ciudad a la que ya no deseen pertenecer. Lo mismo se aplica a las regiones o estados constituyentes: si sus habitantes quieren separarse de la entidad estatal superior, deberían poder hacerlo. Esta «descentralización radical» tendría que combinarse, por supuesto, con una «inversión de la jerarquía jurídica», de modo que, en adelante, la ley municipal prevalezca sobre la ley regional, y la ley regional prevalezca sobre la ley nacional.
La ley de la unidad política más pequeña tendría prioridad sobre la ley de la unidad inmediatamente superior. Y eso tendría consecuencias totalmente positivas, ya que fortalecería la competencia por las mejores condiciones de vida y de trabajo. Al mismo tiempo, eliminaría las oportunidades destructivas de explotación que hoy predominan en las grandes unidades políticas organizadas como democracias mayoritarias. El economista y filósofo Hans-Hermann Hoppe ha popularizado acertadamente este programa bajo el título, ya familiar, de «una Europa de mil Liechtensteins».
La «descentralización radical» allana, en última instancia, el camino desde un orden político basado en la coacción y la violencia hacia una sociedad de derecho privado. El objetivo es contribuir a la creación de una comunidad de personas en la que se aplique el mismo derecho privado a todos y en la que, por consiguiente, ya no exista ningún derecho público que prevalezca sobre el derecho privado. Dicho esto, una sociedad de derecho privado no es ni más ni menos que una comunidad de personas que organizan su convivencia sobre la base de contratos celebrados voluntariamente, en lugar de, como ocurre hoy en día con el Estado, recurrir a la coacción no deseada y a la violencia no solicitada.
Limitar el poder mediante la descentralización
La idea de una descentralización radical no es, en absoluto, nueva. Un ejemplo histórico es el Sacro Imperio Romano Germánico, que existió desde 962 hasta 1806 y, por lo tanto, se contó entre las formaciones políticas más longevas de Europa. Su «fragmentación» fue un baluarte contra la centralización del poder y su abuso por parte de príncipes y reyes. Al mismo tiempo, fomentó la competencia entre los numerosos territorios pequeños, promoviendo la innovación, la vida urbana, la economía y la cultura.
Incluso después de los graves conflictos de la Reforma y la Guerra de los Treinta Años, las partes llegaron en repetidas ocasiones a acuerdos para restablecer la paz —por ejemplo, en la Paz de Augsburgo de 1555 y la Paz de Westfalia de 1648—. Cuando el emperador Francisco II, quien también fue el emperador austriaco Francisco I (1768–1835), declaró el fin del Imperio en 1806, esto no se debió a la disfunción de la asociación imperial descentralizada, sino que fue consecuencia del «terror de Estado napoleónico».
Sin embargo, esa misma experiencia demuestra de manera inequívoca que incluso las unidades políticas pequeñas y descentralizadas deben organizar su defensa contra los agresores externos de manera eficaz. A diferencia de entonces, ahora cuentan, gracias al progreso tecnológico, con muchas opciones: el autoarmamento, las alianzas con otras unidades políticas pequeñas y los contratos de protección con compañías de seguros y empresas de seguridad. Nada de esto, por cierto, requiere de un Estado. Los servicios de protección y defensa pueden organizarse de manera eficiente en el mercado libre. Por consiguiente, ya en 1849 el economista Gustave de Molinari (1819–1912), en su ensayo «De la producción de la seguridad», abogó por la privatización de la seguridad y la defensa.
La dimensión humana
Cualquiera que desee la paz y la prosperidad debe limitar el poder del Estado tanto como sea posible. Esta idea se deriva de manera indiscutible de una economía sólida. Por lo tanto, el argumento a favor de las unidades políticas pequeñas, en lugar de las grandes, no surge de una noción arbitraria, sino de una profunda cadena de razonamiento. Esta idea central no es nueva —aunque hoy en día sea ampliamente pasada por alto e ignorada.
En conclusión, por lo tanto, conviene recordar al filósofo Leopold Kohr (1909–1994), cuyo pensamiento giraba en torno a la «filosofía del tamaño» y la escala humana. Él concluyó: «Siempre que algo anda mal, es porque es demasiado grande». Qué cierto es esto: cualquiera que observe el mundo con los ojos abiertos ve que las cosas están especialmente mal en las grandes unidades políticas y mucho mejor en las pequeñas. En resumen: cualquiera que desee libertad, paz y prosperidad para la humanidad debe trabajar para dividir las grandes unidades políticas en muchas pequeñas, dirigidas por personas que deseen moldear sus asuntos en el mundo de manera voluntaria y pacífica.
