El Estado policial

Los disturbios no son la respuesta al abuso policial. La respuesta está en hacer reformas drásticas en el funcionamiento de los organismos policiales, hacia o incluyendo la privatización. Contrariamente a la narrativa popular, no sólo los no blancos están en peligro. Todos somos objetivos de los ejecutores del Estado.

Los confinamientos del COVID crearon un desempleo generalizado y más acoso policial a personas pacíficas, al tiempo que aislaban a la gente de las iglesias y otras formas de apoyo comunitario. Esto empeoró mucho una situación volátil.

Cuando escuches que un policía ha sido despedido de su trabajo por algún acto atroz, asegúrate de volver unos meses después. Puede haber sido recontratado gracias a que es muy fácil para los policías apelar el despido y ganar.

La policía no está legalmente obligada a proporcionar protección contra los criminales. Tampoco están motivados para ir tras criminales empedernidos o investigar crímenes violentos. La autodefensa (o seguridad privada) es la única opción confiable.

James Bovard informa desde Maryland, donde los confinamientos de COVID-19 han diezmado el empleo y las reglas sólo se aplican a la gente común sin poder. Los policías y los políticos pueden hacer lo que quieran.

Lo que podemos aprender de la Ley Patriota es que durante una época de crisis los gobiernos pueden aprobar leyes que impactan en la vida de los ciudadanos mucho después de que la crisis del día haya pasado.

Los diversos niveles del gobierno de Canadá han respondido a la pandemia del coronavirus. Sus desacertadas soluciones son infligir dificultades económicas y retirar las libertades civiles. Cuanto más tiempo persistan estas políticas autoritarias, mayor será el riesgo para el tejido social.

Cuando los gobiernos estadounidenses crearon las fuerzas policiales públicas hace cien años, a menudo se basaban en la tortura para obtener confesiones. Pero ahora tienen nuevos métodos: amenazar con acumular nuevos cargos hasta que el acusado llegue a una colaboración premiada.

Una renta básica universal puede ser fácilmente utilizado como una herramienta para castigar el comportamiento «antisocial», como sostener puntos de vista políticos «inaceptables» o comprometerse de alguna otra manera con lo que no le gusta al estado.

La transición a una sociedad sin dinero en efectivo es un ajuste natural para el régimen autoritario de Pekín, que durante mucho tiempo ha sido vendido como «benigno» por la élite globalista más «progresista».