La muerte del rey Harald V y la ascensión al trono del rey Haakon VIII han reabierto el debate sobre la monarquía en Noruega. El debate habitual gira en torno a si un rey es democrático, si la familia real se comporta bien o si la institución cuesta demasiado. Un análisis libertario debería partir de algo más básico: ¿por qué debería el Estado obligar a la gente común a financiar un privilegio hereditario?
Esa distinción es importante porque la desigualdad en sí misma no es el motivo de la objeción libertaria. Un empresario acaudalado que se hace rico a través del intercambio voluntario no es análogo a una casa real cuyo estatus es creado por la ley, cuyo cargo se hereda y cuyos gastos institucionales se financian mediante los impuestos. El problema no es que el rey tenga más que otras personas; es que el Estado otorga a una familia una posición jurídica privilegiada a la que ningún competidor puede acceder.
Esto resulta especialmente llamativo en Noruega, un país que se enorgullece de su igualdad y de su jerarquía social limitada. El presupuesto estatal de 2026 asignó aproximadamente 308 millones de coronas noruegas directamente a la Casa Real, con asignaciones adicionales para propiedades reales, embarcaciones, viajes y funciones relacionadas, lo que eleva el gasto público identificable a unos 469 millones de coronas noruegas, sin contar los costos de seguridad policial, que no se han revelado. Noruega puede permitirse este gasto, pero el libertarismo se pregunta si la capacidad de pago genera el derecho a cobrar impuestos.
El ordenamiento constitucional de Noruega también formaliza la desigualdad ante el Estado. El artículo 5 de la Constitución establece que el rey no puede ser censurado ni acusado, y atribuye la responsabilidad a su consejo. Sea cual sea la justificación histórica, el resultado es un cargo legalmente excepcional que se ocupa por linaje, en lugar de por contrato, competencia o asociación voluntaria.
Mises Wire se ha preguntado recientemente si los libertarios deberían ser monárquicos, y ese debate permite distinguir de manera útil entre diferentes formas de monarquía. Las monarquías medievales o descentralizadas a veces se basaban en la propiedad privada, en Estados burocráticos débiles y en gobernantes que tenían que financiar gran parte de su actividad con recursos de sus propios dominios. Una monarquía escandinava moderna es casi lo contrario: es un apéndice ceremonial de un gran Estado tributario, financiado a través de presupuestos públicos y rodeado de modernos aparatos administrativos y de seguridad.
Esa diferencia es decisiva. Hans-Hermann Hoppe y otros autores libertarios han argumentado en ocasiones que un gobernante hereditario con un horizonte temporal a largo plazo podría tener más «interés personal» que los políticos que controlan temporalmente los recursos del Estado. Independientemente de lo que se piense de ese argumento, este pierde gran parte de su fuerza cuando el monarca ni es dueño del Estado ni lo gobierna de manera significativa, y sin embargo los contribuyentes siguen estando obligados a apoyar a la institución.
Los defensores de la monarquía noruega pueden esgrimir argumentos más sólidos que el turismo o la tradición. Un monarca políticamente neutral puede aportar continuidad y representar al país sin hacer campaña, sin recaudar fondos políticos ni sin ganarse la antipatía de la mitad del electorado. El rey Harald desempeñó ese papel tan bien que muchos noruegos llegaron a considerar a la corona como una fuente de cohesión social más que de dominación política.
Pero si la neutralidad es la ventaja, la herencia no es lógicamente necesaria para lograrla. Alemania e Irlanda cuentan con jefes de Estado ceremoniales sin que se le otorgue a una sola estirpe acceso permanente a el cargo. Un libertario debería mostrarse especialmente escéptico ante la afirmación de que, por lo tanto, una función pública útil deba ser monopolizada por una familia con privilegios legales.
La monarquía moderna también depende en gran medida de la legitimidad moral, ya que cuenta con muy poco poder real de gobierno. Una vez que los reyes dejan de gobernar, su única justificación pasa a ser simbólica: la dignidad, la moderación, el servicio, la continuidad y una conducta supuestamente ejemplar. Por eso los escándalos que rodean a una casa real tienen importancia institucional, incluso cuando no modifican ni un solo tipo impositivo ni una sola regulación.
El punto no es hacer que los familiares sean legalmente responsables unos de otros. La responsabilidad individual es un principio liberal fundamental, y los delitos de un miembro adulto de la familia son responsabilidad de esa persona. Pero una institución que exige fondos públicos porque supuestamente simboliza a la nación no puede insistir de manera coherente en que el juicio público es irrelevante cada vez que el símbolo pierde atractivo.
Tampoco los resultados económicos pueden justificar los privilegios hereditarios. Una investigación comparativa reciente que analizó 37 países desde 1870 hasta 2018 encuentra poca evidencia de que la monarquía constitucional en sí misma genere un crecimiento superior a largo plazo. La interpretación más plausible es la supervivencia: los países ricos, estables e institucionalmente maduros están en mejores condiciones de preservar las monarquías que los estados más débiles acaban por abandonar.
Esto es importante porque los defensores de la monarquía suelen citar a Noruega, Dinamarca, Suecia o Países Bajos como prueba de que la monarquía es compatible con la prosperidad. La compatibilidad no implica causalidad. Si las sociedades liberales y prósperas pueden asumir el costo institucional de la monarquía sin sufrir grandes perjuicios, eso podría demostrar la fortaleza de esas sociedades más que la utilidad de un cargo hereditario.
Por lo tanto, una postura libertaria coherente no tiene por qué afirmar que una república sea automáticamente más libre que una monarquía. Los gobiernos elegidos democráticamente pueden cobrar impuestos, regular, censurar, provocar inflación y declarar guerras a una escala que sorprendería a muchos reyes de la historia. La pregunta relevante no es si las papeletas electorales santifican al Estado, sino si alguna institución reduce la coacción, protege la propiedad, descentraliza el poder y amplía la libertad de elección.
Si se mide con ese criterio, resulta difícil defender a la monarquía moderna de Noruega como una institución libertaria. No limita de manera significativa al Estado tributario, no descentraliza el poder soberano y no depende de financiamiento voluntario. Por el contrario, agrega una capa hereditaria de privilegios financiados por los contribuyentes a un Estado moderno que ya es de por sí expansivo.
Hay una forma sencilla de poner a prueba la verdadera popularidad de la institución: hacer que su financiamiento sea voluntario. Que los ciudadanos que valoran la monarquía contribuyan directamente a sus funciones ceremoniales, residencias, viajes y pompa, mientras que aquellos que no la valoran se queden con su dinero. Una monarquía sostenida de manera voluntaria tendría un argumento libertario mucho más sólido para su legitimidad que una sostenida mediante impuestos obligatorios.
Quizás los noruegos contribuirían con entusiasmo, y quizás la corona prosperaría. De ser así, los monárquicos habrían demostrado que existe una demanda genuina, en lugar de una mera aprobación parlamentaria, para gastar el dinero de otros. Si las contribuciones se desplomaran, el resultado revelaría algo igualmente importante sobre la diferencia entre el afecto por la realeza y la disposición a pagar por ella de manera voluntaria.
Por lo tanto, la principal objeción libertaria a la monarquía moderna no es la envidia, el simbolismo republicano ni siquiera la existencia de un rey. Es la fusión del estatus legal heredado con un e financiamiento público obligatorio. El Estado no debería crear privilegios para una sola familia y luego hacerles pagar la cuenta a todos los demás.
El rey Haakon podría convertirse en un monarca decente y moderado, al igual que Harald, quien era ampliamente respetado. Eso lo convertiría en un buen titular del cargo, pero no transformaría el privilegio hereditario en una asociación voluntaria. La libertad exige juzgar a las instituciones por la forma en que obtienen recursos y ejercen el poder, no por lo atractivas que parezcan sus ceremonias.
