En el ensayo original y controvertido de Hans Hermann Hoppe «El caso por el libre comercio y la inmigración restringida», esbozó una defensa de la acción estatal para la restricción de la inmigración de acuerdo con ciertas calificaciones específicas. De particular interés es la condición de su invitación, en la que argumenta que, mientras exista un Estado, es responsable de proteger la persona y la propiedad de sus ciudadanos, y restringir la inmigración solo a aquellos migrantes que tengan una invitación, muy probablemente en la forma de un acuerdo contractual de empleo o alquiler de propiedad.
La posición de Hoppe es, en su forma más simple, que no existe un derecho de migración per se. En cambio, el derecho que se puede derivar de los principios de la propiedad privada «es la libertad de los propietarios privados independientes de admitir o excluir a otros de su propia propiedad de acuerdo con sus propios títulos de propiedad restringidos o no restringidos» (énfasis mío). El papel del Estado, si no se logra la solución correctiva preferible de la privatización de las tierras públicas y la descentralización del gobierno, es hacer cumplir esta prerrogativa de los propietarios privados. Hoppe llama a esto «solución preventiva» a la inmigración.
A medida que el debate sobre el derecho a restringir la inmigración ha estallado en la comunidad libertaria, el enfoque de todos los lados ha estado casi exclusivamente en la cuestión de prevenir a los migrantes potenciales. Pero esto significa pasar por alto el corolario del argumento de Hoppe, que es el derecho de los propietarios a admitir migrantes, contratándolos o alquilándoles una casa o mediante algún otro ejercicio válido de sus propios derechos de propiedad privada.
Con esto en mente, es interesante notar que muchas de las políticas de inmigración de los Estados Unidos han violado la cláusula de la invitación de Hoppe al evitar la migración legítima de extranjeros que pudieron celebrar voluntariamente contratos laborales con empresas americanas.
La primera ley de inmigración de gran alcance en los Estados Unidos fue la Ley de Exclusión de Chinos de 1882. Esta ley fue una reacción al creciente sentimiento antichino que estaba surgiendo en todo el país, particularmente en Occidente. El movimiento antichino y antiinmigración siguió la evolución predecible de las trabajadoras del hogar cada vez más descontentas por tener que competir con los extranjeros por puestos de trabajo.
Pero aunque muchos de los primeros colonos chinos podrían haber violado la condición de la invitación (aunque el principio de colonización, que ha sido constantemente violado por reclamos territoriales del gobierno, habría justificado a muchos de los primeros colonos de California de todos modos) a miles de trabajadores chinos que los americanos estaban contratando para cumplir con los requisitos de Hoppe.
Cuando el Ferrocarril del Pacífico Central tenía problemas para mantener su fuerza laboral, contrató a regañadientes a cincuenta trabajadores chinos de California. Después de demostrar que son trabajadores productivos, y porque los trabajadores chinos estaban dispuestos a aceptar salarios más bajos que los blancos, el Pacífico Central comenzó a contratar trabajadores directamente de China. Para hacer esto, ofreció contratos a los hombres chinos antes de su migración a los Estados Unidos, y las disposiciones del contrato a menudo asumían la responsabilidad por el costo del transporte, generalmente en forma de préstamos que responsabilizaban a los chinos durante un cierto período de tiempo.
A pesar de la ira que esto despertó entre los ciudadanos naturalizados, estos contratos laborales cumplieron inequívocamente con los esquemas estándar de Hoppe con su condición de invitación. El resultado fue la migración de más de 10.000 chinos a través de acuerdos laborales voluntarios.
Estos contratos tampoco se ofrecieron exclusivamente a los chinos. Otras empresas suelen anunciarse como mano de obra subcontratada, especialmente en los países de Europa del Este. A menudo, estos contratos fueron facilitados por agencias intermediarias que viajaron a Europa o Asia, negociaron contratos entre el trabajador potencial y la empresa americana y luego facilitaron el paso al país.
Los sindicatos encabezaron el movimiento contra estos acuerdos voluntarios porque, junto con los típicos sentimientos racistas que prevalecieron en el siglo XIX, se consideraba que los trabajadores extranjeros eran menos propensos a aceptar pagar las cuotas sindicales. Por lo tanto, las restricciones a la inmigración comenzaron a ganar fuerza en la década de 1880 y después.
Si bien hubo una mezcla de inmigrantes que llegaron antes de tener una «invitación» hoppeana y aquellos que cumplieron con este requisito, es innegable que las leyes de inmigración aprobadas por los EEUU, según los argumentos de inmigración de Hoppe, violaron los derechos de propiedad privada de muchos propietarios de empresas a los que, por tanto, se les prohibió celebrar voluntariamente contratos laborales con trabajadores extranjeros.
Las leyes de inmigración han continuado violando el derecho de los ciudadanos privados a admitir inmigrantes de acuerdo con la condición de invitación hasta el día de hoy. Durante la crisis de refugiados sirios, Tho Bishop notó casos similares de leyes de inmigración que interfieren con los derechos de los ciudadanos privados de patrocinar financieramente a inmigrantes sirios proporcionándoles alojamiento y gastos de manutención hasta por un año. Esto, por supuesto, es igualmente consistente con la condición de invitación de Hoppe, pero fue ilegal por ley.
Las teorías de la inmigración de Hoppe continúan siendo un tema de controversia entre los teóricos libertarios. Pero independientemente de si uno se suscribe o no a las ideas de Hoppe, es importante poner sus teorías en el contexto adecuado. Esto significa que es necesario reconocer los casos en los que el gobierno, según Hoppe, estaría justificado para restringir a ciertos inmigrantes en nombre de los propietarios, pero no hay que olvidar que los propietarios privados conservan el derecho último a admitir migrantes en un lugar determinado de forma voluntaria como una extensión de sus derechos legítimos de propiedad.
