Por encima de todo, nuestros líderes parecen caracterizarse por su arrogancia en materia de política exterior. El pasado viernes, el presidente Trump añadió a Venezuela a la larga lista de regímenes autocráticos que cuentan con el respaldo americano, al anunciar en Truth Social un acuerdo que, según él, «reduciría sustancialmente los precios de la gasolina para todos los americanos a largo plazo». Como parte del acuerdo, el Pentágono adquirirá una participación del 35 % en North American Blue Energy Partners (NABEP), dirigida por un empresario cercano a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Aunque los americanos se enfrentan a dificultades en las gasolineras, provocadas por el cierre del estrecho de Ormuz, es poco probable que el acuerdo del presidente Trump alivie de forma significativa estos problemas en la cadena de suministro, tanto a corto como a largo plazo. Sin embargo, sus políticas sí tienen el efecto adverso garantizado de reforzar una dictadura y frenar las reformas tan necesarias en Venezuela.
Para empezar, ¿por qué Washington está confiscando el petróleo? En un primer momento, el Gobierno intentó convencer a socios del sector privado para que revitalizaran la infraestructura petrolera venezolana. Exxon y ConocoPhillips se negaron. En la práctica, la capacidad petrolera venezolana se ve mermada por el envejecimiento de las infraestructuras, lo que requiere más de una década de modernización y una inversión de 100 000 millones de dólares. Si alguna empresa decide asumir ese riesgo, se enfrenta a la difícil tarea de colaborar con el Gobierno venezolano. Tras haber confiscado los activos de empresas americanas en dos ocasiones, estas se muestran reacias a arriesgarse a una tercera incursión.
Aparte de las expropiaciones directas, la normativa venezolana también asfixia a la empresa privada. Bajo el mandato de Nicolás Maduro, la legislación laboral y los controles de precios siguieron aumentando el coste de hacer negocios en el país. A pesar de las reformas a la ley de inversión en hidrocarburos, las empresas privadas tienen prohibido ofrecer precios más bajos que las estatales y deben cumplir con cuotas estrictas. No es de extrañar que el director ejecutivo de Exxon calificara al país de «no apto para la inversión» durante una reunión con la Casa Blanca este año. Pero, en lugar de permitir que el gobierno venezolano, ávido de capital, apruebe las reformas necesarias para la inversión privada, la solución de la Casa Blanca consiste en que los contribuyentes de EEUU subvencionen el riesgo. Por ejemplo, el acuerdo del Pentágono podría implicar que Washington conceda préstamos de riesgo en caso de que NABEP se vea en dificultades financieras.
Incluso en lo que respecta a las inversiones petroleras, ¿por qué deberían los ciudadanos financiar precisamente una en Venezuela? Como menciona un editorial del Wall Street Journal, las nuevas inversiones en el esquisto argentino y en los pozos de Guyana son mucho más prometedoras. En cambio, los contribuyentes de EEUU asumirán la tarea de modernizar la infraestructura obsoleta de Venezuela y desarrollar la capacidad necesaria para refinar el crudo pesado venezolano, lo cual resulta más costoso tanto que el fracking como que refinar crudo ligero del tipo que se encuentra en Guyana. Es más probable que la administración quiera que los votantes, a la hora de valorar si prorrogan el mandato legislativo del Partido Republicano otros dos años, consideren su aventurerismo exterior como un éxito estratégico antes de las elecciones de mitad de legislatura.
Pero esto no beneficia a nadie. Al invertir en Venezuela, donde el sector privado se niega a hacerlo, los EEUU está dando a Caracas carta blanca para mantener su entorno empresarial hostil. Mientras el régimen cuente con empresas productivas a las que gravar, las autoridades podrán seguir atacando a las empresas privadas, socavando el Estado de ley y desviando fondos públicos para la corrupción y el clientelismo. El colapso total de la actividad económica, junto con el gran terremoto de junio, podría haber sido el catalizador de la liberalización económica que Venezuela necesita desesperadamente. En cambio, el dinero de EEUU actuará ahora como un salvavidas que permitirá al Estado seguir socavando las libertades fundamentales de sus ciudadanos.
Todo esto tiene consecuencias políticas también para los EEUU. Cuando actuamos de forma irresponsable en el extranjero, corremos el riesgo de sufrir un efecto boomerang por parte del pueblo venezolano. La Sra. Rodríguez —una autócrata no elegida— puede que haya accedido a las exigencias americanas, pero tanto la izquierda como la derecha del espectro político venezolano consideran ilegal el acuerdo que firmó. A menos que Washington esté dispuesto a respaldar a la Sra. Rodríguez de forma indefinida, es probable que el próximo gobierno venezolano intente renegociarlo. (De hecho, probablemente por eso el acuerdo de la Casa Blanca garantiza un arrendamiento de cien años sobre el petróleo del país). Financiar la autocracia venezolana hará que los Estados Unidos caiga en desgracia ante los futuros políticos del país, así como ante su pueblo. Solo tenemos que fijarnos en Irán, donde décadas de apoyo al Sha dieron lugar a la República Islámica, para ver qué sucederá a continuación. Como nos recuerda el Dr. Ron Paul en su famosa frase:
Cuando entramos en Irán en 1953 e instalamos al sha, sí, hubo repercusiones. Una reacción a ello fue la toma de nuestros rehenes, y eso persiste. Y si lo ignoramos, lo hacemos por nuestra cuenta y riesgo. Si pensamos que podemos hacer lo que queramos por todo el mundo sin incitar al odio, entonces tenemos un problema. No vienen aquí a atacarnos porque seamos ricos y libres. Vienen y nos atacan porque estamos allí. Quiero decir, ¿qué pensaríamos si fuéramos nosotros —si otros países extranjeros nos hicieran eso a nosotros?
Financiar una dictadura para garantizar recursos estratégicos para los EEUU ha tenido consecuencias desastrosas en Oriente Medio. Los responsables de la política exterior americana hacen lo mismo en nuestro propio patio trasero. Hoy en día, los venezolanos culpan, con razón, al socialismo de los problemas económicos de su país. En el futuro, si seguimos cometiendo el mismo error, el siguiente al que culparán será al Tío Sam.
