The Free Market 25, no. 9 (Octubre 2007)
El Estado es la institución más destructiva que los seres humanos hayan inventado jamás, un fuego que, en el mejor de los casos, sólo puede ser controlado durante un corto período de tiempo antes de que sobrepase sus improvisados confines y extienda sus llamas por todas partes.
Cualquier cosa que promueva el crecimiento del Estado también debilita la capacidad de los individuos de la sociedad civil para defenderse de las depredaciones del Estado y, por lo tanto, aumenta la victimización multifacética del público a manos de los funcionarios del Estado. Nada promueve tanto el crecimiento del Estado como la guerra de emergencia nacional y otras crisis comparables a la guerra en la gravedad de las amenazas que plantean.
Los Estados, por su propia naturaleza, están siempre en guerra, no siempre contra enemigos extranjeros, por supuesto, sino siempre contra sus propios súbditos. El propósito fundamental del Estado, la actividad sin la cual ni siquiera puede existir, es el robo. El Estado obtiene su sustento del robo, que embellece ideológicamente dándole un nombre diferente (impuestos) y esforzándose por santificar su crimen intrínseco como permisible y socialmente necesario. La propaganda del Estado, las ideologías estatistas y la rutina establecida desde hace mucho tiempo se combinan para convencer a muchas personas de que tienen una obligación legítima, incluso el deber moral de pagar impuestos al Estado que rige su sociedad.
Caen en un razonamiento moral tan erróneo porque se les dice incesantemente que el tributo que pagan es en realidad una especie de precio pagado por los servicios esenciales recibidos, y que en el caso de ciertos servicios, como la protección de los agresores extranjeros y nacionales contra sus derechos a la vida, la libertad y la propiedad, sólo el Estado puede prestar el servicio de manera eficaz. Sin embargo, no se les permite poner a prueba esta afirmación recurriendo a proveedores competidores de la ley, el orden y la seguridad, porque el Estado impone un monopolio sobre la producción y distribución de sus supuestos «servicios» y ejerce violencia contra los posibles competidores. Al hacerlo, revela el fraude en el centro de sus descaradas afirmaciones y da pruebas suficientes de que no se trata de un auténtico protector, sino de una mera estafa de protección.
Todos los Estados son, como deben ser, oligarquías: sólo un número relativamente pequeño de personas tiene una discreción efectiva para tomar decisiones críticas sobre cómo se ejercerá el poder del Estado. Más allá de la propia oligarquía y de las fuerzas policiales y militares que componen su Guardia Pretoriana, grupos algo más grandes constituyen una coalición de apoyo. Estos grupos proporcionan un importante apoyo financiero y de otro tipo a los oligarcas y esperan que compensen las recompensas: privilegios legales, subsidios, empleos, franquicias y licencias exclusivas, transferencias de ingresos financieros y riqueza, bienes y servicios en especie, y otros bienes y servicios canalizados hacia ellos a expensas de la masa de la población. Así, la clase política en general —es decir, los oligarcas, la Guardia Pretoriana y la coalición de apoyo— utiliza el poder del gobierno (lo que significa, en última instancia, la policía y las fuerzas armadas) para explotar a todos los que no pertenecen a esta clase, blandiendo o amenazando con blandear con violencia a todos los que no paguen el tributo que los oligarcas exigen u obedezcan las reglas que dictan.
Las formas y rituales políticos democráticos, como las elecciones y los procedimientos administrativos formales, disfrazan esta explotación de clase y engañan a las masas con la falsa creencia de que la operación del Estado les rinde beneficios netos. En la forma más extrema de malentendido, la gente en general se convence de que, debido a la democracia, ellos mismos «son el gobierno».
Sin embargo, los pasajes individuales de un lado a otro de la frontera entre la clase política y la clase explotada no atestiguan más que la flexibilidad y la apertura astutamente ideadas por el sistema. Aunque el sistema es inherentemente explotador y no puede existir en ninguna otra forma, permite cierto margen de maniobra en los márgenes para determinar qué individuos específicos serán los huecos y cuáles los pozos. En la cima, un modesto grado de «circulación de élites» dentro de la oligarquía también sirve para enmascarar el carácter esencial del sistema político.
Sin embargo, es una norma interpretativa sólida que todo lo que no puede lograrse, salvo con la ayuda de amenazas o el ejercicio efectivo de la violencia contra personas no ofensivas, no puede ser beneficioso para todos y cada uno de nosotros. La creencia de las masas en la beneficencia general de la democracia representa una especie de síndrome de Estocolmo en gran escala. Sin embargo, por mucho que se extienda este síndrome, no puede alterar el hecho básico de que, debido al funcionamiento del gobierno tal como lo conocemos —es decir, un gobierno sin un consentimiento genuino, expreso e individual—, una minoría vive en equilibrio a expensas del resto, y por lo tanto el resto pierde en equilibrio en el proceso, mientras que los oligarcas (electos o no, apenas importa) presiden la enorme red de organizaciones criminales que conocemos como el Estado.
A pesar del encanto ideológico con el que los sumos sacerdotes oficiales y los intelectuales estatistas han seducido a la clase saqueada, muchos miembros de esta clase conservan la capacidad de reconocer al menos algunas de sus pérdidas y, por lo tanto, a veces se resisten a nuevas incursiones en sus derechos expresando públicamente sus quejas, apoyando a los contrincantes políticos que prometen aligerar sus cargas, huyendo del país y, lo que es más importante, evadiendo o eludiendo los impuestos y violando las prohibiciones legales y las restricciones reguladoras de sus acciones, como en la llamada economía clandestina, o el «mercado negro».
Estas diversas formas de resistencia juntas constituyen una fuerza que se opone a la presión constante del gobierno para expandir su dominio. Estas dos fuerzas, una contra la otra, establecen un lugar de «equilibrio», una frontera entre el conjunto de derechos que el gobierno ha anulado o confiscado y el conjunto de derechos que la clase saqueada de alguna manera ha logrado retener, ya sea por restricciones constitucionales formales o por la evasión fiscal diaria, las transacciones en el mercado negro y otras violaciones defensivas de las reglas opresivas del Estado.
La política en el sentido más amplio puede ser vista como la lucha para empujar esta frontera de una manera u otra. Para los miembros de la clase política, la pregunta crucial es siempre: ¿cómo podemos empujar la frontera, cómo podemos aumentar el dominio y el saqueo del gobierno, con un beneficio neto para nosotros mismos, los explotadores que viven no de la producción honesta y el intercambio voluntario, sino desplumando a aquellos que lo hacen?
La emergencia nacional —una guerra o una crisis similarmente amenazante— responde la pregunta crucial de la clase política de manera más efectiva que cualquier otra cosa, porque tal crisis tiene una capacidad única y efectiva para disipar las fuerzas que de otra manera obstruirían o se opondrían a la expansión del Estado.
Prácticamente cualquier guerra servirá, al menos por un tiempo, porque en los estados-nación modernos el estallido de la guerra invariablemente lleva a las masas a «unirse en torno a la bandera», independientemente de su postura ideológica anterior en relación con el Estado.
En la búsqueda de la causa de esta tremenda e injustificada «concentración alrededor de la bandera», no nos queda mucho camino por recorrer. Tales reacciones públicas siempre son impulsadas por una combinación de miedo, ignorancia e incertidumbre en un contexto de intenso nacionalismo jingoísta, una cultura popular predispuesta a la violencia y una incapacidad general para distinguir entre el Estado y el pueblo en general.
Debido a que el Estado canta incesantemente el canto de sirena, propagando implacablemente al público para que lo considere como su protector —esa supuesta protección es la principal excusa para que rutinariamente les robe y viole sus derechos naturales— y debido a que los medios de comunicación masiva magnifican y difunden incesantemente la propaganda del gobierno, no podemos sorprendernos si esa propaganda resulta haber penetrado profundamente en el pensamiento de muchas personas, especialmente cuando se encuentran en un estado de casi pánico. Incapaz de pensar con claridad y de manera informada, la mayoría de las personas recurren a un estilo infantil de entender la amenaza percibida y lo que se debe hacer al respecto.
La llamada guerra contra el terrorismo ha dado lugar a una enorme industria que ha surgido casi de la nada en los últimos años. Según un informe de Forbes de 2006, el Departamento de Seguridad Nacional y sus agencias predecesoras pagaron a contratistas privados por lo menos 130.000 millones de dólares después del 11 de septiembre, y otras agencias federales han gastado una cantidad similar. Así, además del complejo militar-industrial-congresional, ahora tenemos un complejo paralelo de seguridad-industrial-congresional.
Entre 1999 y 2006, el número de contratistas federales de seguridad nacional aumentó de nueve compañías a 33.890, y ha surgido una industria multimillonaria que vende bienes y servicios relacionados con la seguridad, con boletines especializados, revistas, sitios web, consultores, ferias comerciales, servicios de colocación de empleo y un verdadero ejército de cabilderos que trabajan sin descanso para ampliar el río de dinero que fluye hacia estos oportunistas. Como escribió Paul Harris,»América está en manos de un negocio basado en el miedo». Lo último que estos buitres quieren, por supuesto, es una disminución de la amenaza terrorista percibida, y podemos contar con ellos para promocionar cualquier signo de un aumento de tales amenazas y, por supuesto, para llenar el comedero, sorbiendo felizmente el dinero de los contribuyentes.
¿Qué posibilidades tiene la paz cuando millones de oportunistas acaudalados y políticamente conectados de todo tipo dependen de la continuación de un estado de guerra para su éxito financiero personal? Para los miembros del Congreso, el Departamento de Seguridad Nacional se ha convertido rápidamente en el dispensador de carne de cerdo y patrocinio más magnífico que ha surgido en décadas. Todo el mundo es feliz aquí, excepto los asediados ciudadanos de a pie, cuyos bolsillos están siendo robados y cuyas libertades están siendo pisoteadas por políticos y depredadores del sector privado con total desprecio por la inteligencia y los derechos de la gente. Sin embargo, mientras la gente siga siendo consumida por el miedo y caiga en la vieja estafa que el gobierno sólo busca protegerla, estos abusos nunca terminarán.
Un Estado de paz es imposible. Incluso un Estado que se abstiene de luchar contra los extranjeros sigue luchando continuamente contra sus propios súbditos, para mantenerlos bajo su control y para reprimir a los competidores que puedan intentar entrar en el dominio de su chanchullo de protección. La gente grita por seguridad, pero no se responsabilizan de su propia protección y, al igual que los marineros de la mitología griega, saltan por la borda inmediatamente en respuesta al canto de sirena del Estado.
Cuando los israelitas huyeron de su cautiverio en Egipto, se contentaron durante siglos sólo con jueces, pero no estaban satisfechos, y finalmente exigieron a gritos a un rey:
«Tendremos un rey sobre nosotros, para que seamos como todas las naciones, y para que nuestro rey nos juzgue, y salga delante de nosotros, y pelee nuestras batallas». (1 Samuel 8:19-20)
Bueno, tienen un rey, así como los estadounidenses hemos abrazado a uno de los nuestros, aunque llamamos al nuestro un presidente. Sin embargo, los israelitas, como el profeta Samuel había advertido, no estaban en mejor situación para tener un rey: El rey Saúl sólo los llevó de una matanza a otra (1 Samuel 14: 47-48).
De la misma manera, nuestros gobernantes nos han llevado de una matanza innecesaria a la siguiente; y, para empeorar las cosas, han aprovechado cada vez más esta ocasión para apretarnos más las cadenas a nuestro alrededor. Al igual que los antiguos israelitas, los estadounidenses nunca tendremos una paz real y duradera mientras le demos nuestra lealtad a un rey, es decir, en nuestro caso, a todo el conglomerado de explotadores y asesinos institucionalizados que conocemos como el estado.
