Los aprovechados se han utilizado durante mucho tiempo como argumento para justificar la necesidad del Estado en lo que respecta a los llamados bienes públicos. Pero tal vez los aprovechados deberían considerarse más bien como válvulas de seguridad contra la extralimitación del Estado.
El aprovechado y el Estado
Según la economía neoclásica, los bienes públicos (colectivos), como la defensa, el poder judicial y la infraestructura, no pueden ser producidos de manera óptima por el libre mercado. Dado que estos bienes están disponibles para todos y nadie puede ser excluido de disfrutarlos, los individuos racionales tendrán un incentivo para aprovecharse del sistema —es decir, usarlos sin pagar—. Actuarán como aprovechados y dejarán que otros paguen la cuenta. La consecuencia es un «fallo de mercado», lo que significa que los bienes públicos se producen en cantidades insuficientes o no se producen en absoluto.
Históricamente, la solución ha sido a menudo el monopolio estatal del uso de la fuerza física. A través de los impuestos obligatorios, todos se ven obligados a contribuir. El faro es un ejemplo que se utiliza con frecuencia en la literatura socioeconómica. Una vez construido un faro, todos los barcos pueden beneficiarse de él, pero ¿quién pagará su construcción y funcionamiento? El argumento es que esto no ocurre de manera voluntaria y, por lo tanto, se necesita un Estado. Lo mismo se aplica a la defensa. Pocos contribuirían lo suficiente a una fuerza de defensa de manera voluntaria, pero se benefician de ella una vez que existe. Esta es la razón por la que se pagan impuestos para la defensa.
La solución del Estado ante los que se aprovechan del sistema es una contradicción
Si las premisas que subyacen al problema del «parásito» fueran absolutas, el Estado en sí mismo sería una imposibilidad. La teoría del Estado parte de la base de que los seres humanos, en un estado de naturaleza, son demasiado egoístas y miopes como para cooperar voluntariamente en la búsqueda de soluciones colectivas. Pero un Estado no surge de la nada. También es construido, integrado y gobernado por personas. Si la naturaleza humana es fundamentalmente cínica y egoísta, ¿por qué deberíamos creer que los individuos que ocupan los puestos de poder del Estado actuarán en beneficio del interés público? Por el contrario, la historia demuestra que los políticos y los burócratas tienen un fuerte interés propio en ampliar sus propios presupuestos, mandatos y control sobre la población.
El hecho de que, a lo largo de la historia, los seres humanos se hayan organizado en movimientos de resistencia y hayan arriesgado sus vidas en rebeliones contra Estados tiránicos es un testimonio en contra de la teoría de que los seres humanos son, por naturaleza, aprovechados cuando se trata de bienes públicos. Una rebelión es un bien colectivo que implica un inmenso riesgo personal para el individuo, en el que la recompensa potencial (la libertad) beneficia a todos, incluso a quienes se mantuvieron al margen. Sin embargo, la gente sigue rebelándose.
La falsa premisa del ser humano racional
El mayor defecto de la teoría del Estado es que se basa en una visión cínica del ser humano como una entidad aislada, egoísta y racional (Homo economicus) a la que hay que obligar a cooperar en pro de los bienes públicos. La biología evolutiva y la antropología modernas demuestran, por el contrario, que los seres humanos son una especie ultrasocial. Durante cientos de miles de años, la supervivencia de nuestros antepasados dependió de una capacidad innata para la cooperación voluntaria, la resolución colectiva de problemas y el intercambio tanto con conocidos como con desconocidos, mucho antes de que existiera el primer Estado. A través de una a y extensa investigación empírica, la ganadora del Premio Nobel Elinor Ostrom documentó que las comunidades locales de todo el mundo son plenamente capaces de gestionar recursos de uso común y resolver desafíos colectivos sin una regulación estatal generalizada. Demostró que los seres humanos desarrollan de manera natural sistemas complejos de confianza, reciprocidad y sanciones sociales contra quienes se aprovechan sin contribuir.
La persistencia de esta visión cínica de la naturaleza humana durante tanto tiempo en las ciencias políticas y la economía se debe principalmente a una debilidad metodológica. Para realizar simulaciones económicas, construir modelos de datos y resolver ecuaciones diferenciales, los economistas se basan en simplificar la realidad. El concepto de «Homo economicus» no se creó porque describa a personas reales, sino porque un robot puramente calculador y racional es el único actor lo suficientemente predecible como para encajar en un modelo matemático de datos.
Cuando se utilizan modelos de simulación que han eliminado la capacidad humana para la cooperación voluntaria y el sentido de la justicia, el resultado matemático es siempre el mismo: la sociedad se hunde en problemas de «parásitos» a menos que intervenga un poder externo. Al confundir estos modelos de datos con el mundo real, los tecnócratas y los políticos han creado una falsa simplificación excesiva. Han diseñado una sociedad basada en la coacción, legitimada por modelos matemáticos que han descartado la bondad humana y el voluntariado. No existen constantes en la acción humana, lo cual socava los modelos matemáticos de interacción humana, tal como lo demostró Ludwig von Mises.
El «aprovechado» como control de calidad
Cuando hay que encontrar soluciones colectivas a través del voluntarismo, la dinámica cambia radicalmente. Sin un monopolio de la violencia que los respalde, los planificadores no pueden enviar a la policía a confiscar tu dinero. Los proyectos deben financiarse mediante la argumentación, la persuasión y las evaluaciones de utilidad.
En una sociedad así, la amenaza de que las personas retiren su apoyo al optar por convertirse en aprovechados funciona como una forma continua de control de calidad. Si quienes lideran el proyecto colectivo se vuelven corruptos, derrochadores o se salen de su mandato original, los contribuyentes dejarán de aportar. Esta dinámica exige transparencia, eficiencia y humildad. También exige aceptar la disidencia. Si un proyecto es tan deficiente o polémico que la mayoría de la gente no lo apoyaría voluntariamente, tal vez no debería llevarse a cabo en absoluto.
Cuando el Estado toma el control y monopoliza las soluciones colectivas, estos mecanismos de control descentralizados y voluntarios quedan inhabilitados. Dado que el Estado recauda sus fondos mediante la coacción (impuestos), el financiamiento queda desvinculado de la calidad del servicio. La opción de protestar mediante la retención de recursos se criminaliza como evasión fiscal.
En consecuencia, desaparece el freno natural que impide que el Estado vaya demasiado lejos. La historia demuestra claramente que los controles y contrapesos institucionales en torno al Estado —como la separación de poderes, las constituciones y las elecciones periódicas— en el mejor de los casos solo frenan temporalmente el crecimiento del Estado. A menudo, en cambio, funcionan como herramientas que legitiman una aceleración gradual de la coacción estatal. A través de la vigilancia tecnológica masiva, la regulación minuciosa de la vida cotidiana y lo que el politólogo Robert Higgs denomina el «efecto trinquete» —en el que el Estado amplía sus poderes durante las crisis y nunca los cede por completo—, las democracias modernas ejercen hoy un nivel de control sobre el individuo con el que los tiranos históricos solo podían soñar.
Un nuevo enfoque para los problemas colectivos
El temor al «aprovechado» nos ha impedido ver un peligro mucho mayor. Al eliminar la opción de no participar, hemos desmantelado la barrera más eficaz contra la corrupción y la tiranía.
Sin el monopolio estatal de la violencia, los problemas y las oportunidades colectivas deben resolverse mediante estructuras innovadoras y voluntarias. Esto puede lograrse a través de la privatización y derechos de propiedad claros (lo cual resuelve la tragedia de los bienes comunes), mediante normas sociales y la reputación en redes descentralizadas, o mediante tecnología moderna como los contratos inteligentes y condicionales, en los que los fondos solo se liberan si una mayoría crítica contribuye voluntariamente.
La vulnerabilidad del voluntarismo ante los que se aprovechan del sistema no es una debilidad fatal que deba erradicarse mediante el aparato de fuerza del Estado. Es el precio que pagamos por la libertad, y es el mecanismo más vital para mantener el poder bajo control. Cuando el Estado monopoliza estas tareas a través de su monopolio de la violencia, desencadena lo que los economistas y psicólogos llaman un efecto de desplazamiento. La presión externa y la coacción estatal socavan y reemplazan la motivación moral intrínseca del individuo para contribuir voluntariamente. Al delegar la responsabilidad en una burocracia impersonal, se adormece el instinto moral de las personas. Dejamos de sentir una responsabilidad personal hacia nuestros semejantes porque, de todos modos, el Estado se hace cargo de los gastos a través de los impuestos. El Estado institucionaliza el problema del «parásito» al destruir los mecanismos sociales que mantienen unidas a las comunidades reales. Paradójicamente, la solución del Estado al problema del «parásito» nos ha hecho más parecidos al Homo economicus, creando así un círculo vicioso que fomenta un mayor activismo estatal.
Conclusión
No necesitamos un Estado para resolver los problemas de los bienes públicos. Los seres humanos tienen el potencial de cooperar voluntariamente a la hora de resolver problemas colectivos. No somos ese «pueblo» irreal que postulan los modelos de datos de los economistas. Sin embargo, son precisamente estos modelos los que se utilizan para justificar por qué el problema del «parásito» en relación con los bienes públicos debe ser resuelto por el Estado. Esta es quizás la razón principal del crecimiento masivo del Estado en la era moderna. Por el contrario, dada nuestra naturaleza innata, los parásitos sirven como un mecanismo de control de calidad para la gestión de los bienes públicos.
El ejemplo teórico que se utiliza con frecuencia del faro como víctima del problema del «parásito» resulta ser incorrecto. Las investigaciones históricas revelan que los faros surgieron inicialmente a través de la cooperación voluntaria, sin participación del Estado. Los barcos pagaban una cuota por el uso del faro al atracar en el puerto. A quienes no pagaban no se les permitía atracar.
