Los dos últimos estados en legalizar el cannabis recreativo son Nueva York y Nueva Jersey. Sin embargo, si uno cree que los gobernadores y legisladores de esos estados han adoptado por fin una visión más libertaria del tema, se llevará una gran decepción. La legalización del cannabis recreativo en ambos estados está impulsada por la necesidad de ingresos fiscales —ingresos fiscales para tapar los agujeros en los presupuestos estatales para programas sociales, agujeros en el presupuesto estatal que fueron exasperados por las fallidas políticas covid en ambos estados. Los políticos, muy astutos a la hora de ocultar sus verdaderas intenciones para los cambios en las políticas públicas, quieren hacer creer al público que la legalización tiene como objetivo principal acabar con las prácticas racistas de aplicación de la ley sobre el cannabis durante décadas, señalando las disparidades en la aplicación de la ley sobre las drogas. Sin embargo, uno se dará cuenta rápidamente de que esto es sólo una cortina de humo para ocultar la verdadera razón.
Un buen punto de partida es Colorado. En 2002, los votantes de Colorado aprobaron la Enmienda 64 y legalizaron el cannabis recreativo. En los últimos seis años, Colorado ha recaudado más de 1.600 millones de dólares en impuestos y tasas sobre el cannabis solo a nivel estatal. En 2014, Colorado recaudó algo menos de 70 millones de dólares en ingresos por impuestos sobre el cannabis, y en 2020 recaudó cerca de 390 millones de dólares. El estado de Washington, probablemente el ejemplo más cercano para utilizar en la estimación del tamaño de los ingresos potenciales de los impuestos sobre el cannabis para Nueva Jersey y Nueva York, dependiendo de cómo cada estado estructura los impuestos y tasas impuestas, recaudó en 2015 cerca de 65 millones de dólares en impuestos sobre el cannabis. Para 2020, la cifra había aumentado a 470 millones de dólares, un incremento de 400 millones en cinco años. Mientras que Colorado impone un impuesto especial del 15% y un impuesto sobre las ventas del 15% sobre el cannabis, el estado de Washington impone un impuesto del 37% sobre el cannabis al por menor (para más detalles, véase la Tax Foundation). Incluso en Oklahoma, que creó posiblemente la industria del cannabis más libre del país, sin límites en cuanto a la cantidad de licencias comerciales que se pueden emitir, después de que los votantes aprobaran la Pregunta Estatal de Oklahoma 788 en 2018, los legisladores son muy francos al decir que están motivados por el signo del dólar en tiempos en que los estados enfrentan una crisis presupuestaria. De junio de 2020 a 2021, Oklahoma recaudó casi 140 millones de dólares en ingresos por impuestos especiales y licencias.
Los estados de Colorado y Washington han demostrado a los gobernadores del noreste y el Atlántico medio la cantidad de ingresos potenciales que se han escapado de la legalización del cannabis recreativo. Nueva Jersey y Nueva York, ambos con déficits presupuestarios previstos, están ansiosos por aprovechar la nueva fuente potencial de ingresos. El primer estado en actuar fue Nueva Jersey. En marzo de 2021, el gobernador de Nueva Jersey, Philip D. Murphy, firmó tres proyectos de ley que permiten y regulan de forma efectiva el uso del cannabis recreativo. En ese momento, Nueva Jersey era el estado más poblado del noreste, por delante de Massachusetts, en legalizar completamente el cannabis. Mientras el gobernador Murphy y los legisladores del estado hablan de acabar con las disparidades en la aplicación de la ley antidroga y el problema de las subsiguientes prisiones superpobladas, entre bastidores los legisladores ya cuentan con una nueva fuente de ingresos para continuar con sus programas de gasto. Se espera que la nueva industria del cannabis legal en Nueva Jersey genere unos 126 millones de dólares al año en ingresos para el estado. Para no ser superados por su vecino más pequeño, los legisladores del estado de Nueva York, preocupados por perder importantes ingresos fiscales en favor de Nueva Jersey, aprobaron en julio de 2021 un proyecto de ley para legalizar el cannabis recreativo. Al enfrentarse a un déficit presupuestario de más de 60.000 millones de dólares en los próximos cuatro años, se calcula que la legalización del cannabis en Nueva York generará entre 300 y 400 millones de dólares anuales en ingresos fiscales cuando el mercado legal esté plenamente establecido. Nueva York, el estado más poblado del noreste con diferencia, puede servir de catalizador para la industria del cannabis en la región. Según la Asociación de la Industria del Cannabis Medicinal de Nueva York, se estima que el mercado del cannabis en Nueva York tiene un valor de entre 4.200 y 4.600 millones de dólares y se prevé que crezca hasta alcanzar los 5.800 millones de dólares en 2027. Pensilvania, que tiene la frontera más larga con Nueva York, podría verse obligada a legalizar el consumo de cannabis recreativo para no perder ingresos fiscales. Ya se ha presentado en Pensilvania un proyecto de ley bipartidista que legaliza el cannabis recreativo. Cada vez son más los estados que se dan cuenta de que la legalización del cannabis recreativo es la nueva fuente de ingresos públicos más fácil. En abril, Virginia se convirtió en el primer estado del sur en legalizar el cannabis recreativo.
Lo que es más revelador sobre la motivación de Nueva York para cambiar su actitud hacia la legalización es la larga lucha entre la oficina del gobernador y la legislatura sobre cómo distribuir la enorme cantidad de ingresos fiscales potenciales que generará la legalización del cannabis. El gobernador Cuomo y los demócratas de la legislatura estatal intentaron varias veces legalizar el cannabis, pero cada esfuerzo se desbarató por los desacuerdos sobre cómo regular la industria. Pero más revelador es el desacuerdo sobre cómo distribuir el dinero de los impuestos de las licencias de venta y distribución de cannabis.
Tanto en Nueva Jersey como en Nueva York faltan algunos años para la venta legal de cannabis. En Massachusetts, pasaron dos años desde que los votantes aprobaron el cannabis no medicinal hasta la apertura de los primeros dispensarios del estado. Los políticos y los legisladores ya están inyectando en el esfuerzo de legalización medidas que tienen poco que ver con la creación de un entorno normativo propicio para una industria en crecimiento. Por ejemplo, los legisladores están hablando de reservar una parte considerable de las licencias comerciales para los propietarios de negocios minoritarios, los veteranos discapacitados y los agricultores en apuros. Si el Programa de Protección de Cheques y el Fondo de Revitalización de Restaurantes son una indicación del éxito de dicha iniciativa, se desperdiciará más dinero en programas de ingeniería social que no tienen nada que ver con el apoyo a las pequeñas empresas. Está muy claro que la legalización del cannabis recreativo y medicinal por parte de los estados está motivada por la necesidad de aprovechar una nueva gran fuente de ingresos para equilibrar los presupuestos, además de acabar con la racista aplicación de la ley de cannabis.
