[Adaptado del capítulo 5 de Nuestro enemigo, el Estado]
La revolución de 1776-1781 convirtió a trece provincias, prácticamente tal como estaban, en trece unidades políticas autónomas, completamente independientes, y así continuaron hasta 1789, formalmente unidas como una especie de liga, por los Artículos de la Confederación. Para nuestros propósitos, lo que hay que señalar de este período de ocho años, 1781-1789, es que la administración de los medios políticos no estaba centralizada en la federación, sino en las diversas unidades que la componían. La asamblea federal, o congreso, era apenas un cuerpo deliberativo de delegados designados por las unidades autónomas. No tenía ningún poder tributario, ni poder coercitivo. No podía disponer de fondos para ninguna empresa común a la federación, ni siquiera para la guerra; lo único que podía hacer era repartir la suma necesaria, con la esperanza de que cada unidad cumpliera su cuota. No había ninguna autoridad federal coercitiva sobre estos asuntos, ni sobre ningún otro asunto; la soberanía de cada una de las trece unidades federadas estaba completa...
Cabe repetir que si bien el poder del Estado estaba bien centralizado en la federación, no lo estaba en la federación, sino en la unidad federada. Por diversas razones, algunas de ellas plausibles, muchos ciudadanos destacados, especialmente en las unidades más septentrionales, consideraban insatisfactoria esta distribución del poder; y un considerable grupo compacto de intereses económicos que se beneficiaba de una redistribución aprovechaba naturalmente estas razones. Es cierto que el descontento con el sistema existente no era general, ya que cuando la redistribución tuvo lugar en 1789, se realizó con gran dificultad y sólo mediante un golpe de Estado, organizado por métodos que si se empleaban en cualquier otro campo que no fuera el de la política, serían inmediatamente tachados de no sólo atrevidos, sino también de inescrupulosos y deshonrosos.
La situación, en una palabra, era que los intereses económicos americanos habían caído en dos grandes divisiones, los intereses especiales en cada una de ellas habían hecho causa común con el fin de capturar el control de los medios políticos. Una división comprendía los intereses especulativos, industriales-comerciales y acreedores, con sus aliados naturales de la barra y el banco, el púlpito y la prensa. La otra comprendía principalmente a los agricultores y artesanos y a la clase deudora en general. Desde la primera, estas dos grandes divisiones chocaban aquí y allá en las distintas unidades, siendo la colisión más grave la que se produjo en los términos de la constitución de Massachusetts de 1780. El Estado en cada una de las trece unidades era un Estado-clase, como lo han sido todos los Estados conocidos por la historia; y el trabajo de manejarlo en su función de permitir la explotación económica de una clase por otra continuaba sin cesar.
Las condiciones generales de los Artículos de la Confederación eran bastante buenas. El pueblo se había recuperado de manera encomiable de los trastornos y disturbios debidos a la revolución, y había una perspectiva muy decente de que la idea del Sr. Jefferson de una organización política, que debía ser nacional en los asuntos exteriores y no nacional en los asuntos internos, se encontrara continuamente practicable. Parecía necesario hacer algunos retoques a los artículos —de hecho, era de esperar— pero nada que transformara o perjudicara seriamente el esquema general. El principal problema era la debilidad de la federación ante la posibilidad de una guerra y las deudas contraídas con acreedores extranjeros. Los artículos, sin embargo, contenían disposiciones para su propia enmienda, y por lo que se puede ver, tal enmienda como el esquema general hizo necesario era bastante factible. De hecho, cuando surgieron sugerencias de revisión, como lo hicieron casi inmediatamente, no parece haberse contemplado nada más.
Pero el esquema general en sí mismo era en su conjunto objetable a los intereses agrupados en la primera gran división. Los motivos de su insatisfacción son bastante obvios. Cuando se tiene en cuenta la vasta perspectiva del continente, hay que usar poca imaginación para percibir que el esquema nacional era, con mucho, más favorable a esos intereses, porque permitía una centralización cada vez más estrecha del control sobre los medios políticos. Por ejemplo, dejando de lado la ventaja de tener un solo organismo central de elaboración de aranceles con el que picar, en lugar de doce, cualquier industrial podía ver la gran ventaja primordial de poder extender sus operaciones de explotación sobre una zona de libre comercio nacional amurallada por un arancel general; cuanto más cerca de la centralización, mayor era la zona explotable. Cualquier especulador en valores de alquiler vería rápidamente la ventaja de poner esta forma de oportunidad bajo un control unificado. Cualquier especulador en valores públicos depreciados estaría fuertemente a favor de un sistema que le ofreciera el uso de los medios políticos para devolverles su valor facial. Cualquier armador o comerciante extranjero se daría cuenta rápidamente de que su pan está untado con mantequilla por un Estado nacional que, si se le acerca adecuadamente, podría prestarle el uso de los medios políticos mediante un subsidio, o podría respaldar alguna empresa rentable pero dudosa de libre comercio con «representaciones diplomáticas» o con represalias.
Los granjeros y la clase deudora en general, por otro lado, no estaban interesados en estas consideraciones, pero estaban firmemente a favor de dejar las cosas como estaban. La preponderancia en las legislaturas locales les daba un control satisfactorio de los medios políticos, que podían utilizar y utilizaban en perjuicio de la clase acreedora, y no les importaba ser molestados en su preponderancia. Se mostraron de acuerdo con la modificación de los artículos que debería resultar de ello, pero no con la creación de una réplica nacional del Estado mercantil británico, que percibían como lo que deseaban precisamente las clases agrupadas en la gran división opuesta. Estas clases tenían como objetivo introducir el sistema británico de economía, política y control judicial, a escala nacional; y los intereses agrupados en la segunda división vieron que lo que realmente se conseguiría era un cambio en la incidencia de la explotación económica sobre ellos mismos. Tuvieron una impresionante lección objetiva en el cambio inmediato que tuvo lugar en Massachusetts después de la adopción de la constitución local de John Adams de 1780. Naturalmente no les importaba ver este tipo de cosas en funcionamiento a escala nacional, y por lo tanto miraban con extremo desaprobación cualquier cebo que se pusiera para enmendar los Artículos fuera de existencia. Cuando Hamilton, en 1780, se opuso a los artículos en la forma en que fueron propuestos para su adopción, y propuso la convocatoria de una convención constitucional en su lugar, dieron la espalda; como lo hicieron de nuevo a la carta de Washington a los gobernadores locales tres años más tarde, en la que anunciaba la necesidad de una fuerte autoridad central coercitiva.
Finalmente, sin embargo, se reunió una convención constitucional, en el claro entendimiento de que no debía hacer más que revisar los artículos de tal manera, como Hamilton lo expresó hábilmente, que los hiciera «adecuados a las exigencias de la nación», y en el entendimiento, además, de que las trece unidades debían dar su asentimiento a las enmiendas antes de que entraran en vigor; en resumen, que debía seguirse el método de enmienda previsto en los propios artículos. Ninguno de los dos entendimientos se cumplió. La convención estaba compuesta en su totalidad por hombres que representaban los intereses económicos de la primera división. La gran mayoría de ellos, posiblemente hasta cuatro quintos, eran acreedores públicos; un tercio eran especuladores de tierras; algunos eran prestamistas; un quinto eran industriales, comerciantes, transportistas; y muchos de ellos eran abogados. Planearon y ejecutaron un golpe de Estado, tirando simplemente los Artículos de la Confederación al cesto de la basura, y redactando una constitución de novo, con la audaz disposición de que entrara en vigor cuando fuera ratificada por nueve unidades en lugar de por las trece. Además, con la misma audacia, dispusieron que el documento no se presentara ni al Congreso ni a las legislaturas locales, ¡sino que fuera directamente sometido a votación popular!
No es necesario insistir aquí en los métodos inescrupulosos empleados para conseguir la ratificación. En efecto, no nos preocupa la calidad moral de ninguno de los procedimientos mediante los cuales se elaboró la constitución, sino únicamente mostrar su utilidad para fomentar una idea general definida del Estado y sus funciones, y una consiguiente actitud general hacia el Estado. Por lo tanto, observamos que para asegurar la ratificación incluso de las nueve unidades necesarias, el documento tenía que ajustarse a ciertos requisitos muy exigentes y difíciles. La estructura política que contemplaba debía ser de forma republicana, pero capaz de resistir a lo que Gerry llamaba untuosamente «el exceso de democracia», y que Randolph denominaba «turbulencia y locura». La tarea de los delegados era precisamente análoga a la de los primeros arquitectos que habían diseñado la estructura del Estado mercantil británico, con su sistema de economía, política y control judicial; tenían que idear algo que pudiera pasar por alto como mostrar una buena apariencia de soberanía popular, sin la realidad. Madison definió su tarea explícitamente diciendo que el propósito de la convención era «asegurar el bien público y los derechos privados contra el peligro de tal facción [es decir, una facción democrática], y al mismo tiempo preservar el espíritu y la forma del gobierno popular».
En esas circunstancias, se trataba de un orden tremendamente amplio; y la constitución surgió, como era de esperar, como un documento de compromiso, o como el Sr. [Charles] Beard lo expresa muy precisamente, «un mosaico de segundas opciones», que no satisfacía realmente ninguno de los dos conjuntos de intereses opuestos. No era lo suficientemente fuerte y definido en ninguna de las dos direcciones como para complacer a nadie. En particular, los intereses que componían la primera división, liderados por Alexander Hamilton, vieron que no era suficiente por sí mismo para fijarlos en algo así como una posición permanente e inexpugnable para explotar continuamente los grupos que componían la segunda división. Para ello —para establecer el grado de centralización necesario para sus fines— es preciso establecer ciertas líneas de gestión administrativa que, una vez establecidas, serán permanentes. Por lo tanto, la tarea ulterior, en palabras de Madison, era «administrar» la constitución en modos tan absolutistas que aseguraran la supremacía económica, mediante el uso libre de los medios políticos, a los grupos que componían la primera división.
Esto se hizo en consecuencia. Durante los primeros diez años de su existencia la constitución permaneció en manos de sus creadores para ser administrada en las direcciones más favorables a sus intereses. Para una comprensión exacta de las tendencias económicas del recién creado sistema, no se puede insistir demasiado en el hecho de que durante estos diez años críticos «la maquinaria del poder económico y político fue dirigida principalmente por los hombres que la habían concebido y establecido». Washington, que había sido presidente de la convención, fue elegido Presidente. Casi la mitad del Senado estaba compuesto por hombres que habían sido delegados, y la Cámara de Representantes estaba compuesta en gran parte por hombres que tenían que ver con la redacción o ratificación de la constitución. Hamilton, Randolph y Knox, que fueron activos en la promoción del documento, ocuparon tres de los cuatro puestos del Gabinete; y todas las judicaturas federales, sin una sola excepción, fueron ocupadas por hombres que tuvieron que ver con la redacción, o la ratificación, o ambas. De todas las medidas legislativas promulgadas para aplicar la nueva constitución, la que mejor se calculó para asegurar un progreso rápido y constante en la centralización del poder político fue la Ley del poder judicial de 1789. Con esta medida se creó un tribunal supremo federal de seis miembros (ampliado posteriormente a nueve) y un tribunal federal de distrito en cada estado, con su propio personal completo y un aparato completo para hacer cumplir sus decretos. La Ley estableció la supervisión federal de la legislación estatal mediante el conocido dispositivo de «interpretación», por el que el Tribunal Supremo podía anular las medidas legislativas o judiciales estatales que, por cualquier motivo, considerase inconstitucionales. Un rasgo de la Ley que a nuestros efectos es más digno de mención es que hizo que el mandato de todos estos magistrados federales fuera nominativo, no electivo, y de por vida; marcando así casi la más lejana desviación concebible de la doctrina de la soberanía popular.
El primer presidente del Tribunal Supremo fue John Jay, «el sabio y gentil Jay», como lo llama Beveridge en su excelente biografía de Marshall. Un hombre de soberbia integridad, estaba muy por encima de hacer cualquier cosa en nombre del principio aceptado de que est boni judicis ampliare jurisdictionem. Ellsworth, que lo siguió, tampoco hizo nada. Sin embargo, la sucesión, después de que Jay declinara un nuevo nombramiento, recayó entonces en John Marshall, quien, además del control establecido por la Ley del poder judicial sobre la autoridad legislativa y judicial del Estado, extendió arbitrariamente el control judicial sobre los poderes legislativo y ejecutivo de la autoridad federal, efectuando así una centralización del poder tan completa y conveniente como los diversos intereses interesados en la elaboración de la constitución podían razonablemente haber contemplado. De este repaso necesariamente breve, que cualquiera puede ampliar y particularizar a su gusto, podemos ver ahora cuáles fueron las circunstancias que enraizaron en la conciencia general una cierta idea definida del Estado. Esa idea era precisamente la misma en el período constitucional que la que hemos visto prevalecer en los dos períodos ya examinados: el período colonial y el período de ocho años posterior a la revolución. En ninguna parte de la historia del período constitucional encontramos la más mínima sugerencia de la doctrina de la Declaración sobre los derechos naturales; y encontramos que su doctrina de la soberanía popular no sólo continúa en suspenso, sino que constitucionalmente está impedida de volver a aparecer. En ningún lugar encontramos rastro de la teoría de gobierno de la Declaración; al contrario, la encontramos expresamente repudiada. El nuevo mecanismo político era una réplica fiel del viejo y desestabilizado modelo británico, pero hasta ahora mejorado y fortalecido como para ser incomparablemente más estrecho y eficiente, y por lo tanto presentando posibilidades incomparablemente más atractivas de captura y control. Por consiguiente, encontramos más firmemente implantada que nunca la misma idea general del Estado que hemos observado que prevalecía hasta ahora: la idea de una organización de los medios políticos, un organismo irresponsable y todopoderoso que está siempre dispuesto a ponerse al servicio de un conjunto de intereses económicos frente a otro.
