Por J. Bracken Lee. (publicado el 16 de septiembre de 2009)
Traducido del inglés. El artículo original se encuentra
aquí: http://mises.org/story/3711
[Publicado como prólogo a The
Income Tax: Root of all Evil (1954), de Frank Chodorov].
Éste es sin duda “el hogar de
los libres y la tierra de los bravos”. Los estadounidenses fueron libres
simplemente porque el gobierno era demasiado débil como para intervenir en los
asuntos privados de la gente (no tenía el dinero para hacerlo) y eran bravos
porque la gente libre siempre es aventurera. El compromiso de la libertad es un
deseo de mantenerse por sí mismo.
Los primeros americanos lo
querían así. Recelaban del gobierno, especialmente del que estaba fuera de su
alcance. Se libraron de establecer una política lejana y autosuficiente y no
iban a consentir algo así en el país recién fundado. Reconocían la necesidad de
algún tipo de gobierno, para mantener el orden, para que les protegiera en el
ejercicio de sus derechos y para que velara por sus intereses en el extranjero.
Pero querían que se entendiera que los poderes de ese gobierno estarían claramente
definidos y limitados y no irían más allá de determinados límites. Fue en
reconocimiento de este temor a un poder centralizado que los Padres Fundadores
pusieron en la Constitución (que nunca hubiera sido ratificada sin ellas)
restricciones muy concretas al gobierno federal.
En otros asuntos, los primeros
americanos pusieron su confianza en el gobierno local, en un gobierno de
vecinos, en un gobierno que pudieran ver y en el que pudieran participar. Por
esa razón los Estados Unidos se fundaron como una unión de comunidades
autónomas. Los estados podían probar cualquier experimento político que
quisieran (incluso el socialismo, por ejemplo), pero el gobierno federal no
tenía esa flexibilidad. Después de todo había otros estados vecinos y si a un
ciudadano no le gustaba la forma en que un gobierno estatal gestionaba sus
asuntos podía trasladarse a otro: esa amenaza de competencia evitó que los
estados fueran demasiado lejos en hacer cambios o intervenir en la vida de los
ciudadanos.
Por tanto, la Constitución
mantuvo el gobierno federal débil y fuera de balance. Y un gobierno débil es el
corolario de un pueblo fuerte.
La Decimosexta Enmienda cambió
todo esto. En primer lugar, al permitir al gobierno federal meter mano en los
bolsillos y entregar subsidios a la gente debilitaron la lealtad a los
gobiernos locales. Les hizo ciudadanos de los Estados Unidos en lugar de sus
respectivos estados La lealtad robada siguió al dinero robado, que ahora no
tomaban los representantes locales sobre los que habían tenido cierto control,
sino los representantes de los otros cuarenta y siete estados. Se vieron
sometidos al deseo del gobierno central y su estado de sometimiento aumentaba
en cada aumento de las cuotas del impuesto sobre la renta.
Igualmente los gobiernos estatales
fueron perdiendo poco a poco su autonomía. No sólo se secaba su fuente de
financiación por la prioridad federal, que hacía que cada vez tuvieran menos
para los servicios sociales que un gobierno debe proveer, sino que fueron
obligados al extremo de solicitar ayuda a las autoridades centrales. Al hacerlo
estaban necesariamente renunciando a parte de su independencia. Era difícil
resistirse a la institución a la que tenían que pedir concesiones de ayudas.
Además, el gobierno federal estaba en posición de demandar sumisión de los
gobiernos estatales como condición para las subvenciones. Se había convertido
en políticamente conveniente para gobernadores, legisladores y congresistas
“jugar” con el gobierno central: se habían visto reducidos a ser funcionarios
representantes de los ciudadanos que les eligieron. El poder económico que
garantizó la Decimosexta Enmienda al gobierno federal le permitió sobornar a
los gobiernos estatales, así como someter a los ciudadanos a su placer.
De esta forma se liquidaron todo
el espíritu de la Unión y su Constitución. El impuesto sobre la renta ha hecho
de los Estados Unidos una nación tan centralizada como cualquier otra anterior,
el tipo de estado que los Padres Fundadores aborrecían se ha producido por este
simple cambio en las leyes fiscales. Ya no es el “hogar de los libres” y la
bravura que persiste es fácil de encontrar en una tradición que se va perdiendo
rápidamente.
Para quienes aún creemos que lo
mejor es la libertad, el camino está claro: debemos concentrarnos en corregir
el error de 1913. La Decimosexta Enmienda debe derogarse. Nada más lo
conseguirá. Pues es a causa de estos enormes ingresos que el gobierno federal
es capaz de instituir procedimientos que violan los derechos individuales de
las personas y a la propiedad, las agencias sancionadoras deben pagarse. Con la
derogación de la enmienda, las medidas socialistas que nos han sido impuestas
estos últimos treinta años desaparecerán.
La compra de elecciones con
dinero federal no sería ya posible. Y se restauraría el poder y la dignidad de
los gobiernos locales.
Esta medida debería ser apoyada
por gobernadores y legisladores de los estados. Cada estado de la Unión
contribuye ahora en impuestos sobre la renta más de lo que recibe en
concesiones de ayudas: es inevitable, pues el coste de mantener la enorme
maquinaria federal debe sufragarse con impuestos antes de que los ciudadanos
obtengan algo. Con la abolición de la fiscalidad sobre la renta los estados
serán más capaces de servir a sus ciudadanos y como los gobiernos estatales
están más cerca y responden mejor a los deseos del pueblo, hay una mayor
posibilidad de que el ciudadano obtenga en servicios lo que realmente valen sus
dólares.
Sin embargo, el principal
argumento para la derogación de la Decimosexta Enmienda es que sólo así puede
restaurarse para el pueblo americano la libertad ante un gobierno
intervencionista.
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Bracken Lee (1899–1996) fue gobernador de Utah (1949–1957) y
uno de los principales oponentes al impuesto sobre la renta. Murray Rothbard le
calificó como “lo más parecido a un libertario en la vida política”.