Por Gregory Bresiger. (Publicado el 7 de diciembre de 1999)
Traducido del inglés. El artículo
original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/344.
No hay duda de que el verdadero
destructor de las libertades de cualquier pueblo es el que distribuye en él
botines, donaciones y largueza. – Plutarco.
Nada puede ser más obsoleto que
intentar liberar a la humanidad de la pobreza por medios políticos: nada puede
ser más inútil y peligroso – Hannah Arendt.
Desde su inicio a mediados de la
década de 1930, la Seguridad Social, el programa fundamental del estado de
bienestar estadounidense, ha sido en sí mismo un sistema político. Las
prestaciones y aportaciones se han determinado por los intereses especiales. El
programa ha estado dominado por las necesidades de los políticos de ganar
elecciones. Los superávits de la Seguridad Social han sido saqueados,
desviados a otros fines, una forma de robo político predicho por el Senador Arthur
Vandenberg ya en la década de 1930 cuando el programa estaba en su infancia.
Desde las enmiendas de la Seguridad
Social de 1939 que acabaron con la simulación de la Seguridad Social como
seguro (una
simulación que había sido necesaria para impedir que los tribunales la echaran
abajo) a la
decisión de añadir el seguro de incapacidad justo a tiempo para las elecciones
de 1956, se han desarrollado las políticas sin consideración por las
generaciones futuras. Los contribuyentes del futuro, que no tenían nadie que
les representara, pagarían las mayores tasas fiscales requeridas para mantener
las promesas políticas de entonces.
Pero no es necesario citar las
obras de los críticos del sistema para documentar esta prestidigitación
política. FDR la reconocía. Hablando con un amigo acerca de las contribuciones
a la Seguridad Social, FDR decía: “esas contribuciones nunca han sido un
problema de economía. Son algo completamente político”.
Presumía de que las contribuciones crearían electores políticos que asegurarían
que la Seguridad Social continuaría eternamente y que “ningún maldito político”
podría nunca hacer mella en el sistema.
Pese a la presunción de FDR, hubo
políticos en los primeros 35 años aproximadamente de la existencia de la
Seguridad Social que pensaron que el sistema era defectuoso y debería
reformarse o cambiar radicalmente. Estos críticos incluían al gobernador Alf
Landon en 1936, el representante Carl Curtis en las décadas de 1950 y 1960, así
como el senador Barry Goldwater, que en un breve lapso de la campaña
presidencial de 1964 sugirió que la Seguridad Social debería ser voluntaria.
Pero al principio de la década de 1970, cualquier discusión en el Congreso
acerca de alternativas a la Seguridad Social quedaría fuera de juego por un
acuerdo bipartidista pensado para reelegir políticos de ambos partidos.
Cruzando el Rubicón en 1972
Después de casi 40 años de política
de Seguridad Social, se llegó a una decisión que marcó un hito a principios de
la década de 1970, la decisión de aumentar automáticamente las prestación de la
Seguridad Social cuando aumenten los índices de inflación. Es algo que se
produciría muchas veces en la siguiente década al crear estragos en la economía
estadounidense las grandes políticas monetarias laxas. La crítica decisión de
ayuda social del gobierno federal desataría una cadena de acontecimientos que
asegurarían que los mayores pagos de la Seguridad Social dañarían tanto a
contribuyentes como a beneficiarios. Ambos se verían sobrepasados por la
inflación en dobles dígitos.
La decisión de 1972 sobre Seguridad
Social fue poco examinada por economistas y comentaristas del momento por sus
consecuencias a largo plazo. Pero unos pocos años después, sus consecuencias no
podían ignorarse. Fue cuando el sistema se convirtió repentinamente en tan caro
que amenazaba con implosionar.
Hoy uno de los participantes en la
crítica decisión de 1972 reconoce que “fue el peor error político” de la
administración Nixon, lo
que es mucho decir, ya que muchos economistas echan la culpa a las “nixonomics”
de las desastrosas políticas que llevaron a la estanflación. Por cierto, que la
estanflación era algo que los keynesianos y quienes creían en la Curva de
Phillips habían dicho que no podía producirse. La inflación no podía producirse
al mismo tiempo que bajos tipos de crecimiento, decían.
Pete Peterson, entonces Secretario
de Comercio en la administración del presidente Richard Nixon, es ahora muy
crítico con el acuerdo bipartidista entre un presidente republicano y un
Congreso demócrata que aumentó las prestaciones de la Seguridad Social en un
20% en un año de elecciones (una práctica común), pero esta vez el Congreso y
el presidente añadieron una cláusula de coste de vida, algo que no había
ocurrido nunca en la historia del sistema. Aunque Nixon originalmente había
propuesto un aumento en las prestaciones del 5%, adoptó las contrapropuestas de
los demócratas que añadían un 15% a su plan. Aún así, cuando se ofreció
originalmente, la alta cifra fue rechazada por el asesor de Nixon, John
Ehrlichman. Dijo que la cifra del 20% era “una estratagema política y no puede
considerarse seriamente”.
Pero el aumento del 20% era serio:
muy serio especialmente para jóvenes y clases medias asalariados en las décadas
de 1970, 1980 y 1990 que se encontrarían con que las contribuciones salariales
se comerían más parte de su nómina que el odiado impuesto federal de la renta.
Las contribuciones salariales saltarían del 9,60% (dividido entre empresario y
empleado) a finales de la década de 1970 al 15,30% actual, un aumento de casi
el 60%. Y como veremos más tarde, las altas contribuciones salariales, que
dificultan la creación de empleo, podrían aumentar otro 60% en las próximas
tres décadas. Estados Unidos podría copiar a muchos de los estados del
bienestar de Europa Occidental en los que son comunes las contribuciones
salariales a la Seguridad Social en torno al 30%. Junto con estas mayores
contribuciones salariales, la mayoría de las economías de Europa Occidental
tienen menores tasas de crecimiento y mayores tasas de desempleo que Estados
Unidos.
El compromiso con el ajuste al
coste de la vida y superar a sus oponentes en expandir la Seguridad Social fue
parte de la transformación keynesiana de Nixon. El vicepresidente Hubert
Humphrey, haciendo campaña contra Nixon en la campaña presidencial de 1968,
había prometido respaldar los ajustes al coste de la vida. Así que Nixon, en
pleno concurso, también dijo que los defendía. Nixon decía que los ajustes
“despolitizarían, hasta cierto punto, el sistema de Seguridad Social y darían
mayor estabilidad a lo que se ha convertido en la piedra angular de nuestro
sistema de seguridad social de la sociedad”. A
Nixon le gustó tanto el aumento de la Seguridad Social que trató de poner el
logotipo del Partido Republicano en los cheques que contenían el anuncio de los
ajustes.
El bipartidismo de la Seguridad
Social (un método para silenciar a los pocos críticos del sistema) tuvo un
impulso por el acuerdo de 1972, algo sin precedentes. Esta búsqueda política de
votos iba a ser un desastre para los contribuyentes. Pocos años después del
acuerdo de 1972, el sistema de Seguridad Social, que había tenido superávit en
la década de 1960, empezó a tener números rojos. Las contribuciones tuvieron
que aumentarse una y otra vez. Los presidentes Carter y Reagan, aprobando
distintos acuerdos “bipartidistas” de aumentos en las contribuciones salariales
a finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, anunciaron ambos que
la Seguridad Social se había salvado.
La historia ha demostrado que
ambos, Carter y Reagan, supuestos enemigos ideológicos, se equivocaron. Los
aumentos automáticos en las ayudas sociales (aprobados alegremente tanto por
republicanos como por demócratas en 1972) significaron que los aumentos en las
contribuciones no pudieran cumplir con lo prometido. Después de muchos aumentos
en las contribuciones, de produjeron superávits en el sistema. Pero los
superávits no crecieron ni remotamente al ritmo que se necesitará para pagar a
los baby boomers, que empezarán a jubilarse alrededor de 2012 y esperan que el
gobierno pagua su jubilación. Y mucho baby boomers han ahorrado poco para la
jubilación, sin dudad en parte a causa de las altas contribuciones salariales
que tuvieron a aumentarse muchas veces para pagar el acuerdo de 1972.
Incluso Nixon, años más tarde,
reconocería que el acuerdo de 1972 había sido un error. “Lamentó ligar
prestaciones al coste de la vida”. Sin
embargo, en aquel entonces, no se oyó ni un comentario del muy popular Nixon. O
de Peterson. O de la prensa, que en general aplaudió la propuesta. O de
republicanos o demócratas, la mayoría de los cuales aprobaron el paquete (La
Cámara los aprobó por 302-35 y el senado con 82-4 votos). Los
pocos que votaron contra mayores prestaciones de la Seguridad Social en año de
elecciones se arriesgaban a un suicidio político.
No más política en la Seguridad Social
Los aumentos automáticos en los
pagos de la Seguridad Social significaban que el debate sobre las ayudas
sociales se había acabado. La Seguridad Social se convirtió en una religión secular
que estaba más allá del debate. El acuerdo de 1972 significaba que no habría
más votaciones desagradables sobre aumentos en tarifas. No más tener que
aguantar a un grupo de disidentes del Congreso que quisieran conocer cómo se
pagaría todo esto, que cuestionaran la ética de los aumentos en años
electorales o que quisieran examinar de cerca en qué se estaba convirtiendo la
Seguridad Social (la mayor ayuda social) y cómo sería para nuestros nietos.
Pocos estaban mirando de cerca lo que era la Seguridad Social.
Incluso el título genérico para la
Seguridad Social y otros programas públicos del bienestar (“entitlements”
[derechos]) era equívoco, como veremos luego. Nadie tenía “derecho” a nada. No
hay garantías.
Pero en 1972 cualquier posible
debate sobre la Seguridad Social había terminado para una generación. Las
Sociedad Social, como muchos parlamentarios de ambos partidos han dicho
posteriormente durante los debates presupuestarios, “no estaba sobre la mesa”.
Gracias principalmente a las ambiciones presidenciales de lo políticos clave
(Richard Nixon, buscando tener muchísimos votos en la reelección, Wilbur Mills,
el demócrata más importante en el Congreso, que iba a iniciar una campaña
frustrada a la nominación presidencial demócrata, y barones congresistas como
el presidente del Comité de Finanzas del Congreso, Russell Long), la Seguridad
Social no solo tendría una expansión sin precedentes, sino que sus principios
quedarían fuera del debate.
Añadir el 100% de los aumentos en
el coste de la vida fue una gran política. Tanto el Congreso demócrata como el
presidente republicano fueron fácilmente reelegidos. Nixon, que quería que los
contribuyentes supieran que él había aprobado los aumentos, explotó su valor
político al máximo. El senador George McGovern, un desvalido candidato
presidencial perdedor que se enfrentó a Nixon y que posteriormente tendría que
explicar el fracaso político por un anuncio nada ingenuo del Consejero de
Seguridad Nacional Henry Kissinger unos pocos días antes de las elecciones de
que “la paz estaba al alcance de la mano” en Vietnam (no lo estaba), se quejó
de que Nixon estaba jugando la baza política de la Seguridad Social llevándose
el mérito del aumento.
El correo que notificaba a los
beneficiarios de la Seguridad Social que los pagos eran más altos “implica que
la gente mayor debe a Richard Nixon el aumento del 20% (…) Se parece mucho a Scrooge tratando de
recibir el mérito por el espíritu de la Navidad”, se quejaba McGovern.
El correo se envió solo cuatro
semanas antes de la aplastante reelección de Nixon. (Nixon ganó en 49 estados.
El desventurado McGovern solo ganó en Massachusetts y el Distrito de Columbia).
Sin embargo, McGovern tampoco dejó
de jugar la baza de la política de la Seguridad Social. En el Senado, ofreció
una propuesta que contenía el aumento del 20% y los ajustes automáticos. Nixon
supero a McGovern. El Partido Republicano podía jugar a la política de la
Seguridad Social tan bien como los demócratas.
De hecho, no había ningún
desacuerdo filosófico en expandir el programa, solo un desacuerdo sobre quién
iba a conseguir el mérito político. El acuerdo de 1972 significó que los dos
grandes partidos políticos estadounidenses fueran el partido del Gran Gobierno
y el partido del Mayor Gobierno.
Unas pocas Casandras
Aún así, unos pocos en el Congreso
pensaron que algo iba mal cuando los expertos de la administración dijeron que
el dinero y los ajustes eran actuarialmente sólidos. Los expertos basaban sus
proyecciones en la expectativa de que los salarios tendrían el sano crecimiento
dinámico en la siguiente década que habían tenido en la anterior. Estas
proyecciones se hicieron justo cuando los salarios reales se estancaban.
“No insistiré en la cuestión de si
los expertos (…) merecen nuestra confianza”, decía el representante Barber
Conable. “Solo digo que en el congreso no nos merecemos la confianza del pueblo
estadounidense si nos permitimos salir en estampida a votar esto”.
El representante John Byrnes se
quejaba de que un aumento del 20% significaría inevitablemente más
contribuciones. Dijo que no se había tomado ningún testimonio en el Congreso de
Medios de Mills sobre cómo se financiaría. “Hay quien puede llamar a lo que
estamos haciendo aquí como política de listos. Yo lo llamo irresponsabilidad”.
El acuerdo fue una decisión que
costó innecesariamente a contribuyentes miles de millones de dólares porque la
fórmula de las prestaciones sobrepasaba la inflación mediante un sistema de
doble indexación. Eso significaba que el sistema estaba pagando demasiado y los
fondos de garantía empezaron a agotarse a un ritmo alarmante.
Desde 1975, cuando los aumentos en
los ajustes tuvieron efecto, hasta 1981, el fondo de garantía, que incluía
fondos de Medicare, cayó de 55.000 millones de dólares a 40.000 millones, una
disminución del 27%. Al
fondo de garantía, en la primavera de 1977,solo le quedaba para pagar ocho
meses. William Simon, que fue Secretario del Tesoro a mediados de la década de
1970, escribía: “al ritmo de agotamiento, los fondos de garantía se acabarían a
principio de la década de 1980. Las obligaciones no financiadas de la Seguridad
Social suman más de 4 billones de dólares”.
Pero no se permitiría caer al
sistema. Se obligaría a los trabajadores a “salvarlo”. Se aumentaron las
contribuciones salariales, pero no era suficiente. Había otro acuerdo
bipartidista a la vista en 1983, que de nuevo “salvaría” el sistema aumentando
algo más las tarifas.
La metamorfosis de Mills
Wilbur Mills originalmente se había
opuesto a la adición de los ajustes en la década de 1960. Pensaba inicialmente
que los ajustes (así como otros programas de gasto automático) quitarían poder
al Congreso. Preguntaba: “¿Va el Congreso a tener algún crédito en los futuros
ajustes de prestaciones o vamos a (…) dejar que el Secretario de Salud,
Educación y Bienestar se lo lleve todo?”
Mills acabó cambiando de idea
porque el tema de los ajustes era la política. Y, después de duros esfuerzos de
la AARP, una organización fue y sigue siendo decisiva para las esperanzas
presidenciales de muchos candidatos, Mills se echó atrás.
Algunos han sugerido que la AARP no
fue el elemento clave en el cambio de opinión de Mills. Más bien podrían haber
usado la expresión de FDR “son algo completamente político” para explicar el
cambio. El compañero demócrata Russell Long, presidente de Comité de Finanzas
del Senado dijo que Mills y otros colega demócratas apoyaron los ajustes porque
no iban a ser desbordados por una administración republicana.
Long decía “una razón por la que el
presidente Mills dio un paso al frente y defendió esto es que el Presidente
probablemente iba a defenderlo cualquier día”. “Si va a haber un desfile, creo
que yo preferiría estar al frente que al final de la cola”, dijo Long.
Resulta interesante que el Secretario de Salud, Educación y Bienestar, Elliot
Richardson, reconoció que Nixon y el Congreso estaban en una guerra de ofrecer
más prestaciones de la Seguridad Social.
El éxito del acuerdo de ayuda
social de Nixon-Mills establece un peligroso precedente. Ambos grandes
candidatos presidenciales, a pesar de sus supuestas diferencias filosóficas,
estaban básicamente de acuerdo acerca de la expansión del estado de bienestar.
Los principales partidos ya no discutirían acerca de expandir automáticamente
las prestaciones de la Seguridad Social. Y ambos partidos (cuando empezaron a
descubrir déficits que amenazarían con hacer naufragar el sistema en tinta
roja) se unirían y acordarían conjuntamente autorizar más aumentos en las
contribuciones desde una “base no partidista”.
La política de la Seguridad Social
se acabó en el Potomac. En cuanto ambos partidos aceptaron la política exterior
de la guerra fría, también aceptaron los presupuestos básicos del estado del
bienestar, que no era objeto de debate. En la década de 1980, Ronald Reagan, el
supuesto enemigo del gran gobierno, diría de la Seguridad Social que “ha
probado ser uno de los programas (federales) con más éxito y popularidad”.
El acuerdo de la Seguridad Social de 1972 en la historia
Lo notable del episodio de 1972 es
que pocos políticos y otras élites pensaran que estaba ocurriendo entonces algo
notable. El paquete de los ajustes se veía como una expansión “incremental” de
la Seguridad Social. Pero, como pocos comentaristas han dichos posteriormente,
fue una expansión masiva disfrazada de incrementalismo.
“Hasta donde yo sé”, escribe
Peterson. “nuestro personal económico nacional nunca analizó seriamente el
coste de los futuros ajustes al alza”. Por
cierto, Nixon no pensaba que el acuerdo fuera tan importante como para
mencionarlo. En las 1.100 páginas de sus memorias, no hay ninguna mención a la
Seguridad Social. Dada la importancia histórica de este acuerdo, es notable que
Nixon no viera ninguna necesidad de explicar su acuerdo en el año electoral.
Pero la importancia del acuerdo
bipartidista de la Seguridad Social de 1972 no puede ignorarse, rebajarse o
exagerarse.
“Pocvos ciudadanos o políticos
saben el daño que se hizo a la Seguridad Social en 1972”, escribía la antiguo
miembro del Comité de Finanzas del Senado y comentarista de la Seguridad
Social, Carolyn Weaver. “De un solo golpe, las nuevas provisiones de indexación
convirtieron un sistema caracterizado por un crecimiento apropiado en uno de
crecimiento automático y descontrolado”.
Significaba que, debido a lo
excesivo de la promesa, los que recibieron prestaciones en la década de 1970
recibirían más que los de la siguiente generación. Cada generación sucesiva de
receptores empeoraría. Cada generación futura recibiría menos y cada generación
de contribuyentes tendría mayores contribuciones salariales. Era, es y sigue
siendo un esquema piramidal. Estas conclusiones se reconocieron tácitamente
unos veinte años después por una comisión del gobierno que investigaba los
costes disparados de las prestaciones.
“Nuestro sistema actual de
prestaciones se basa en una enorme injusticia generacional. De media, hoy los
jubilados estadounidenses recibirán enormes ganancias que exceden con mucho sus
anteriores contribuciones. De media, los baby boomers tendrán suerte si quedan
a la par, e incluso eso solo será posible condenando a generaciones aún más
jóvenes a impensables aumentos contributivos”, según la comisión.
Otro estudio distinto del Servicio
de Investigación del Congreso encontraba más “injusticia generacional”: El
periodo de pago para el trabajador medio en 1960 era de 1,1 años. En 1980, era
de 2,8 años. Y para quienes se jubilen en los próximos 30 años, estará ¡entre 12,9
y 18,3 años!
El mismo estudio demostraba que los
guardianes de la Seguridad Social eran y son malos gestores del dinero. El
estudio demostraría que lo retornos reales para los contribuyentes a la
Seguridad Social se desplomarían a alrededor del 1,5% durante las próximas dos
décadas. Los retornos reales de la
bolsa en los últimos 75 años (en buenos y malos tiempos) han sido de alrededor
de un 10% anual, aunque los mejores
gestores de dinero normalmente consiguen mejorar eso.
¿Quién necesita al Congreso?
Mills había tenido razón al
principio al oponerse a los ajustes. Éstos quitaban poder al Congreso y
permitían a las agencias administrativas, como la Seguridad Social (se haría
tan grande que en la década de 1990 mercería su propio departamento a nivel de
gabinete), tomar decisiones vitales sobre el gasto. Las decisiones y legislación
de la Seguridad Social son a menudo tan complejas que pocos miembros del
Congreso pueden entender lo que está pasando.
Gracias al acuerdo de Mills/Nixon
se gastaría cada vez más parte del presupuesto federal sin ninguna decisión del
Congreso. La comisión de prestaciones Kerrey-Danforth lo advirtió.
En 1973, justo cuando se empezaban
a aplicar los ajustes, el gasto obligatorio se llevaba el 45% del presupuesto
federal, según la comisión. La mayoría (el 38%) era en prestaciones. Diez años
después, el gasto obligatorio era el 56,3% del presupuesto federal y las
prestaciones eran el 45,2%. En 1993, las cifras eran del 61,4% y 47,3%,
respectivamente. Y para el año 2003, el gasto obligatorio se proyecta que se
lleve el 72% del presupuesto federal, con un 58,2% yendo a prestaciones. A
este ritmo, el papel del Congreso en el gasto social puede hacerse tan
irrelevante como si los presidentes modernos van a la guerra o no.
El acuerdo Mills/Dixon se sigue
pagando mucho después de que los políticos hayan sido elegidos y los
principales participantes hayan ido a la tumba. ¿Sabe hoy la gente joven que
está pagando altas contribuciones salariales quién fue Wilbur Mills? ¿O Russell
Long? ¿O en qué controversias se encontró Richard Nixon aparte del Watergate?
Uno podría parafrasear a John Maynard Keynes y decir que todos somos
prisioneros de políticos muertos hace mucho cuyo nombres olvidamos hace mucho.
Las prestaciones crecerían a un
ritmo acelerado e independientemente de si se elige o no un Congreso anti-gran
gobierno. Durante décadas después del acuerdo Mills/Dixon quien se atreviera a
dudar de la Seguridad Social era “candidato a una lobotomía frontal”, según el
republicano Jack Kemp.
El futuro de la Seguridad Social
Es importante estudiar la historia
de este sistema cuando los estadounidenses debaten cómo “salvarlo”, un sistema
que muchos estadounidenses ignorantes de la historia parecen olvidar que ha
sido “salvado” tantas veces como alguno de los personajes en la atemporal
novela del evangelismo de Sinclair Lewis, Elmer
Gantry.
Hoy en día, el mismo Pete Peterson
que admite que el acuerdo de 1972 fue un espantoso acuerdo político, pide la
continuación del sistema de Seguridad Social de una forma modificada,
permitiendo a los contribuyentes controlar algunas de sus “contribuciones”.
Escribe admirativamente acerca del sistema de Seguridad Social de Singapur en
el que se obliga a los ciudadanos a pagar en una cuenta centralizada.
El presidente Clinton dice que la
Seguridad Social puede salvarse sencillamente dando más autoridad al gobierno
sobre los activos del sistema, lo que ha sido exactamente el problema a lo
largo de su historia: El gobierno (o más bien los políticos al servicio de
intereses especiales) jugó con los activos. A veces los presidentes usan estos
fondos de garantía para pagar deudas políticas o engañar a la gente respecto de
la condición económica de la nación.
Dos comentaristas dicen: “La
Seguridad Social no es un fondo de garantía. El Congreso usa las reservas de la
Seguridad Social para ocultar el tamaño real del déficit presupuestario federal”.
Aún así, el presidente pensó (durante
un tiempo) que la solución al problema del sistema era solo dejar que el gobierno
invierta parte de los ingresos del sistema en bolsa y se salvará el sistema,
una idea que Vandenberg, hace 62 años, decía que “equivaldría al socialismo”.
Los defensores del plan Clinton
parecen pensar que el mismo gobierno que derrochó miles de millones de dólares
durante años, el mismo gobierno que aumentó las contribuciones a la Seguridad
Social 24 veces en los pasados 62 años (tanto bajo republicanos como demócratas,
quienes jugaron, juegan y continuarán encontrando nuevas formas de jugar a la
política de la Seguridad Social) será un excelente gestor del dinero.
Pero si os digo que el mismo asesor
que había robado o perdido vuestro dinero durante casi 65 años tiene ahora un
nuevo plan, ¿cuál sería vuestra reacción? La mayoría de la gente, creo que
querría despedir al asesor y tal vez incluso demandarle. Querría conocer por
qué nadie ha iniciado una investigación. Alguien podría pedir que se pregunte a
un defensor de los consumidores como Ralph Nader para que se ocupe de este
embrollo si fuera una empresa privada la que hubiera causado el problema.
El problema de 1972 es el problema
de 1956, el problema de 1935 y el mismo problema de hoy. El control político de
los activos de jubilación de millones de estadounidenses significa que su
dinero puede ser robado o perdido en la próxima elección o el próximo acuerdo
bipartidista. Hay todas las trazas de que, cualquiera que sea la solución
política que se imponga, se hará con completo olvido a las generaciones
futuras. Los fetos no votan.
“No voy a gastar un montón de
capital político resolviendo el problema de otro tipo en el año 2010”, dijo
un cándido cargo en la administración Reagan al que se le preguntó acerca de
los problemas futuros de la Seguridad Social y otras prestaciones. El problema es básico y no puede arreglarse con otra
comisión de reforma: La Ley de Seguridad Social es de duración indefinida,
dando al gobierno autoridad ilimitada sobre el sistema, sus activos y compromisos. Nada
está garantizado. Y los tribunales han sostenido que el Congreso y la administración
están en su derecho de eliminar cualquier cosa contenida en la Ley de Seguridad
Social.
Los problemas de la Seguridad
Social significan que la historia se repite una y otra vez como tragedia o
farsa. Mirando al pasado, uno puede ver qué pasará en el futuro si continúa
este sistema: O las contribuciones deben volver a subir o las prestaciones deben
volver a recortarse. O
probablemente ambos, al continuar el sistema con su inevitable mala gestión y
decadencia.
Ningún ajuste puede cambiar la
naturaleza humana: la naturaleza de gente sin escrúpulos de todas las ramas
políticas que quiere ganar elecciones y no es muy extraño que abuse de su poder
de fijar impuestos. James Madison, en el número 10 de El Federalista, escribía del poder de fijar impuestos que “tal vez
no hay acto legislativo en el que se haya dado más oportunidades y tentaciones
a un partido predominante para pisotear las reglas de la justicia”.
En 1972, Nixon, Mills y la mayoría
del Congreso, sirviendo a los intereses de un “partido predominante” y
representando las demandas de quienes esperaban mayores prestaciones, “pisotearon”
los derechos de quienes tenían que pagarlas. La factura de este error continúa
creciendo y será evaluada por las generaciones futuras mientras sobreviva la
Seguridad Social.
Gregory Bresiger es editor económico y vive en Kew Gardens,
Queens.