Mises Daily en español

Por Christopher Mayer (Publicado el 27 de julio de 2000)

Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/475.

Noticia: La elección para vicepresidente por parte del Partido Republicano es Richard Cheney (…) de jefe de personal de la Casa Blanca con el Presidente Gerald R. Ford con 34 años, pasando por cinco legislaturas en el Congreso a secretario de defensa a su puesto actual como presidente y consejero delegado de Halliburton Co. que está “trabajando directamente con empresas petroleras nacionalizadas en todo el mundo para desarrollar sus recursos” (AP, 26 de julio de 2000).

Los defensores del libre mercado son vistos a  menudo como defensores de las grandes empresas. La regulación de los negocios se ve como necesaria para el bienestar público para impedir la explotación de los egoístas hombres de negocios. Esa opinión sería difícil que coincidiera con la realidad, tanto en la historia reciente como en la distante.

En realidad, las empresas a menudo agradecen la regulación y cabildean abiertamente por ella. Las empresas a menudo no quieren un mercado libre para sus bienes y servicios y preferirían tener un gobierno puedan usar. Comparado con la dureza del mercado libre, la regulación pública resulta confortable. Comparado con la inquietud de las siempre cambiantes demandas de los compradores, la estabilidad y monopolio ofrecidos por la regulación pública son un jefe mucho más indulgente.

Como apuntaba Murray Rothbard al condenar las relaciones empresas-gobierno, “A menudo no nos damos cuenta de que el Gran Gobierno es precisamente establecer esas ‘relaciones’ en beneficio tanto del gobierno como de las empresas, o más bien de ciertas empresas y grupos de negocios que resultan tener el favor político”. Lo mismo puede decirse habitualmente de la regulación pública de los negocios.

El caso de los servicios públicos

Un ejemplo importante se produce en el sector de los servicios públicos de la nación. Los servicios públicos de la nación se están desregulando lentamente, un proceso que se está produciendo ahora mismo en 24 estados. Los precios no estarán totalmente regulados y empresas energéticas independientes podrán competir con las empresas de servicios públicos.

La inminente desregulación ya ha estimulado la inversión y la innovación en el sector. Por supuesto, algunos miembros del sector están mejor situados que otros. Los analistas bursátiles repentinamente tienen que observar más atentamente la capacidad de mantener su dividendo de una compañía de servicio público antes aburrida.

Un observador del mercado dijo que podías dividir las empresas de servicios públicos en dos campos: las que tienen que recortar el dividendo y la que van a recortar el dividendo. Mercados competitivos significarán que las inversiones en servicios públicos tendrán que afrontar el rigor de la futura competencia.

El Secretario de Energía, Bill Rcihardson, admitía que aunque Estados Unidos sea una superpotencia, “tiene una red propia de una nación del Tercer Mundo”. La competencia significará asimismo la posibilidad muy real de pérdidas y en definitiva de una quiebra.

Indudablemente, incluso en este estado, el mercado difícilmente será lo que los misesianos llamarían libre. En algunos estados seguirá habiendo precios máximos y/o subvenciones, así como varias regulaciones federales y estatales que continurán distorsionando los patrones de producción respecto de lo que produciría un mercado verdaderamente libre. Además, las empresas están entregando el control sobre su extensa red multiestatal de líneas de alta tensión. Estará será propiedad de operadores sin ánimo de lucro que cargarán con la responsabilidad de asegurar un acceso justo a la red (definitivamente no es cosa de los mercados libres).

Aún así, muchos en el sector de los servicios públicos están tremendamente asustados por la desregulación, un proceso ahora solo en su infancia y que los defensores del libre mercado solo pueden esperar que continúe. Los esfuerzos de las compañías de servicios públicos por detener la regulación se expusieron recientemente en un artículo del Washington Post de John Mintz titulado “Utilities Secretly Lobbied Congress”.

Según este artículo, algunas de las mayores empresas del país gastaron aproximadamente 17 millones de dólares en los últimos tres años y medio mediante dos organizaciones pantalla con el propósito expreso de detener la desregulación de su sector por el Congreso. Mintz informa de que la desregulación de la energía “es una lucha en la que se juega muchísimo el sector energético de 300.000 millones de dólares anuales”. Los defensores de la continuación de la regulación incluyen a los servicios públicos antiguos propiedad del inversor. En el otro bando del debate, a favor de la desregulación, están los grandes productores que buscan fuentes de energía más baratas y empresas energéticas independientes como Enron que quieren tener la oportunidad de competir con las empresas de servicio público.

¿Por qué querrían una regulación las empresas de servicio público? El hecho de que estas compañías decidieran cabildear en el Congreso mediante dos organizaciones pantalla es una evidencia de que les gustaría esconder el hecho de que la regulación les proporciona un privilegio de monopolio. Están protegidas de la amenaza de nuevos competidores. La vida regulada también proporciona una constante dieta de aumentos de tarifas a lo largo del tiempo.

Como informaba recientemente Rebecca Smith en un Wall Street Journal  reciente (“Gloom and Doom: New Rules, Demands Put Dangerous Strain on Electricity Supply”): “Los servicios públicos en los estados que no han desregulado obtienen sus ingresos basándose en la cantidad de equipos que han puesto en servicio. El chiste solía ser que el sector del servicio público era el único en que podías aumentar tus beneficios comprando nuevos muebles para tu oficina”.

Los defensores de la regulación normalmente apuntan a la caída en los precios reales de la energía con el tiempo. El problema es que no tenemos libre mercado del sector de los servicios públicos para hacer una comparación y por tanto ese punto no tiene ningún sentido. En el mundo regulado de los servicios públicos, no hay mercado para las tarifas y las empresas son inmunes a las demandas de los consumidores.

El sector de los servicios públicos representa por tanto un ejemplo que tendría que pinchar la ridícula afirmación de que a los defensores del libre mercado les gustan las grandes empresas. La gente cree que el gobierno les protege de los aumentos de precios, pero todo este tiempo, los servicios públicos de la nación se han dado un festín a costa del público.

Acosados por impuestos a pagar reguladores y agencias de aplicación, los consumidores se ven más explotados mediante altas facturas en los servicios generadas por privilegios monopolísticos  otorgados por el Estado. Mientras tanto el pobre consumidor se sienta ociosamente creyendo que está protegido por el gobierno de pagar una tarifa demasiado alta. Difícilmente puede imaginarse una persona más engañada.

La era progresista

El ejemplo reciente de los servicios públicos no debería sorprender. La historia está llena de ejemplos de una relación a menudo íntima entre gobierno y ciertas empresas. Como remarcaba Gabriel Kolko: “El hecho dominante de la vida política estadounidense al principio de este siglo fue que la gran empresas lideró la lucha por la regulación federal de la economía”.

La llamada “era progresista” está repleta de incidentes de cárteles producidos por la regulación pública. La Ley de Comercio Interestatal de 1887 creó el cártel del ferrocarril que las ferroviarias no pudieron conseguir en el libre mercado. El gobierno ayudó a crear los imperios ferroviarios mediante concesiones de terrenos y subvenciones.

Pero el mayor, quizá el más devastador cártel creado por el gobierno sigue vivo en el sector bancario con la existencia del Sistema de Reserva Federal y su correspondiente séquito inflacionista de bancos comerciales. Los bancos comerciales querían un Banco Central que les permitiera inflar juntos sin la sanción a dichas prácticas que produciría un mercado libre. Como apuntaba Rothbard, el Banco Central era “su baluarte y escudo contra los vientos de la competencia”.

La Fed refuerza la confianza en el sistema bancario, evitando así la importante disciplina del mercado que proporcionaban las corridas bancarias, o la amenaza de éstas. Crea un prestamista de último recurso, una red de seguridad. Tal vez lo más importante sea que es el “cartelizador” el que permite la expansión masiva del crédito. Aunque los banqueros puedan quejarse a veces acerca de las acciones de la Fed, ningún banquero cuestiona su misma existencia. Para la mayoría de los banqueros, es difícil imaginar un mundo sin la Fed. Después de todo, la Ley de la Reserva Federal de 1913 se aprobó con la bendición de los mayores bancos de la nación.

Igual que la regulación, estos cárteles (siendo los bancos y ferrocarriles solo dos de los ejemplos más prominentes) se crean a menudo bajo la disculpa de hacer lo que interesa más al público. Pero como preguntaba sucintamente Rothbard: “Si estas políticas están pensadas para domesticar y someter a las grandes empresas, ¿por qué los grandes empresarios, tantos socios de los Morgan y los Rcokefeller y los Harriman han sido tan destacados en promover estos programas?” Estas políticas benefician de hecho a las mismas empresas que pretenden regular.

La política corrompe los negocios

Decir que los empresarios quieren que sus industrias estén reguladas es indudablemente una generalización amplia e injusta para todos los empresarios que trabajan o han trabajado para hacer de nuestro mundo un lugar mejor sin recurrir a la ayuda del gobierno (y los que luchan activamente contra ello).

El empresario es un elemento crítico en la economía de mercado, tan importante como la propiedad privada y la moneda fuerte. El empresario hace que funcione todo. La función empresarial concreta, tal y como la definió Rothbard era “el crucial elemento directivo que guía el proceso de producción hacia los deseos de los consumidores”.

La influencia corruptora deriva de la existencia del gobierno, el aparato de compulsión y coacción y la tienda de golosinas que representa para quienes pueden controlarlo. Como preguntaba Isabel Paterson en su libro clásico The God of the Machine, “¿Es el elemento de la corrupción propio de los negocios o de la política?” Su respuesta:

¿Es incorrecto producir algo o procesar o intercambiar el producto? No. Entonces no puede corromper a nada más. ¿Es incorrecto restringir, obstruir o apoderarse de los bienes de otro? Sí. Es siempre incorrecto si se hace iniciando una acción (en lugar de responder a otra). Por tanto el potencial de corrupción reside en la política y no en los negocios.

Además, hay buenas razones teóricas por las que las regulaciones tienden a favorecer las industrias reguladas. Están claramente resumidas en el libro de Randall Holcombe, Public Policy and the Quality of Life. En dos palabras hay un incentivo y una diferencia de conocimientos. La mayoría de la gente tiene pocos incentivos para entender la legislación de los servicios públicos. Sin embargo, las empresas afectadas tienen  un fuerte incentivo para informarse e implicarse para influir en las políticas y asegurarse de que serán favorables para la industria.

También mucha de la información que reciben los reguladores provendrá del sector regulado. Como dice Holcombe, “A las comisiones de servicios públicos que regulan las tarifas eléctricas, las compañías telefónicas, etc. se les atribuye regular en interés del público, pero mucha información procede de las industrias reguladas, lo que lleva a decisiones que favorecen a éstas”.

En un mercado libre, completamente ausente de interferencias públicas, sería imposible formar cárteles de los tipos antes brevemente mencionados. Estos cárteles deben su existencia a la influencia coactiva del gobierno. Sería imposible, por ejemplo, impedir legalmente que entraran nuevas empresas en el mercado y aplicar precios por la fuerza sin el respaldo de la fuerza pública.

Por tanto, es el defensor del libre mercado el que representa los mejores intereses de las masas. Solo defensor del libre mercado acabaría con todas las formas de privilegio y monopolio otorgadas por el gobierno. Irónicamente, es el defensor de la acción del gobierno el que promueve el bienestar de grupos favorecidos seleccionados a costa de la masa de la gente.