Por Joel Poindexter. (Publicado el 4 de noviembre de
2011)
Traducido
del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/5785.
A los
conservadores les encanta defender el libre mercado. A menudo se apresuran a
defender a las empresas frente al aumento en la regulación y los impuestos y
generalmente se oponen a la intervención en el mercado. Sin embargo, en el caso
de trabajadores indocumentados, estos librecambistas se convierten de repente
en fervientes defensores de la planificación económica centralizada.
En este
caso condenan a quienes contratan “ilegales”, reclaman que se cierren sus
empresas, se les impongan fuertes multas y otras medidas draconianas. Esta discusión en un
reciente debate en el Partido Republicano demuestra que actitud que prevalece
entre la derecha respecto del asunto.
La
primera explicación es que los inmigrantes ilegales están violando la ley.
Argumentan que no podemos tener gente eludiendo el sistema porque socava el
estado de derecho. Pero las leyes son legítimas solo cuando protegen los
derechos naturales de otros. Todo lo demás es sencillamente malum prohibitum [“malo porque está
prohibido”], un artimaña del estado que se basa solo en ejercer control sobre
un comportamiento no violento. En una sociedad libre, los dueños individuales de
la propiedad decidirían a quién se le deja entrar y a quién no.
El
segundo argumento que presentan los conservadores contra los llamados
inmigrantes ilegales se refiere al desempleo. La protesta perenne es que si no “nos
quitaran los empleos”, entonces los laboriosos estadounidenses podrían volver a
trabajar. Esto es falso por dos razones. La primera y más importante es que los
trabajos no pueden robarse. El empresario es dueño del puesto y solo él o ella
puede decir quien lo ocupará. El segundo problema con esta visión es que no
explica el desempleo de los trabajadores cualificados: la mayoría de los
inmigrantes “ilegales” realizan trabajos no cualificados.
El único
impacto significativo que tienen los inmigrantes en el mercado laboral es aumentar
la oferta de mano de obra, que tiende a presionar a la baja los salarios. En
igualdad de condiciones, la única forma de que un inmigrante sea contratado
prefiriéndolo a un trabajador nacional es que esté dispuesto a aceptar un
salario inferior. Para maximizar los beneficios, los dueños de empresas buscan
pagar el salario más bajo posible sin que les afecte la productividad marginal.
Si un inmigrante está dispuesto a trabajar por menos y es suficientemente
productivo, solo tienen sentido elegir la mano de obra de menor coste- Miles de
millones de personas en el mundo toman esta misma decisión diariamente al
comprar bienes y servicios: se llama búsqueda de gangas.
Cuando
propietario y empleado llegan a un acuerdo, simplemente realizan un intercambio
voluntario. Así es como funcionaría el mercado en ausencia de coacción. Son
simplemente humanos actuando sobre dos de los deseos más básicos: supervivencia
económica y mejora de la propia condición. Ninguno ha violado los derechos
naturales de ninguna otra persona, así que no se ha cometido ningún delito real
y no han causado desempleo.
La
intervención del gobierno en el mercado laboral lleva al desempleo y esto
incluye las restricciones a quienes podría permitírsele trabajar en Estados
Unidos. “Ser duros” con la inmigración ilegal sin duda nos perjudica a todos.
La tasa de desempleo aumentaría, los salarios reales disminuirían debido a una
baja en la productividad y se produciría una rebaja general de los patrones de
vida. Ya somos testigos de los efectos de la legislación que se dirige contra
los inmigrantes ilegales. Se ha informado
recientemente que, gracias a una ley aprobada en abril, los granjeros de
Georgia han tenido que dejar que cosechas por valor de 75 millones de dólares
se pudran en sus campos debido a la escasez de mano de obra. Las empresas que
despidieron a trabajadores indocumentados por miedo a perder sus negocios
podían contratar a trabajadores con documentos pero probablemente no fueron
capaces de reemplazar a ninguno. De otra forma, resulta razonable que lo
hubieran hecho desde el principio y se habrían mantenido dentro de la
legalidad.
No está
claro cuál sería el porcentaje, pero suponiendo que en algunos sectores se
puede contratar a tres inmigrantes ilegales en el lugar de dos ciudadanos
legales, cuando se despide a los primeros para acomodar a los segundos, vemos
que previamente había dos trabajadores en paro pero ahora hay tres. Si la firma
tuvo alguna vez la capacidad productiva de tres trabajadores, ahora tiene la de
dos. Obligar a las empresas a despedir empleados debido a sus estatus
inmigratorio difícilmente parece un medio efectivo para rebajar las tasas de
desempleo y aumentar la riqueza real.
Tal vez
la única protesta razonable que hacen los conservadores es que han estado
pagando al sistema toda su vida y es injusto que los inmigrantes vengan aquí
ilegalmente y reciban prestaciones. Pero ése no es un tema de política de
inmigración: es un problema de políticas públicas sociales. En una sociedad libre, los individuos pagarían directamente
por las cosas que necesitaran y el problema del
polizón desaparecería.
Un efecto
de echar a los trabajadores inmigrantes ya en el país es que probablemente se
produzca un aumento en los delitos reales, como explica
Stefano R. Mugnaini. Estos individuos probablemente no sean repatriados
inmediatamente, dados los costes. Muchos probablemente se dediquen al mercado
negro, recurriendo al crimen real para poder sobrevivir. De nuevo vemos que una
mayor intervención probablemente solo cause más problemas.
Muchos
han dirigido su ira erróneamente hacia los inmigrantes ilegales o las empresas
que los contratan. En su lugar, esta ira debería dirigirse a donde corresponde
realmente: al estado. En lugar de insistir en más intervenciones como una tarjeta de identidad o el E-Verify, los conservadores deberían
reclamar una reducción del papel del
gobierno. Alexis de Tocqueville hizo una aguda observación cuando dijo “los
estadounidenses están tan enamorados de la igualdad que preferirían ser iguales
en la esclavitud a ser desiguales en la libertad”. Es hora de que los
estadounidenses se den cuenta de que más de lo mismo (es decir, más esclavitud)
no puede producir más prosperidad.
Está
claro que los problemas actuales pueden atribuirse directamente a la
interferencia del estado en el mercado. Si se dejara a empresario y empleado
negociar contratos sin intervención del gobierno, todos tendrían de verdad una
oportunidad igual ante las empresas y sin duda se conseguiría la mejor calidad
al mejor precio. Esta libertad económica está en el centro de una sociedad
libre y solo cuando el mercado se separe del estado se alcanzará su máximo
potencial.
Joel Poindexter es estudiante de economía en el Johnson
County Community College. Vive cerca de Kansas City con su mujer e hija.